Cualquier pibe de una villa sabe que el dedo le apunta a él. Los tienen abonados. En Salta como aquí. Son los que sufren los peores abusos. ¿Quién le enseñó esto a los policías?

Control político de la policía, fuerte control porque no se puede dar un arma en nombre del estado a alguien que no esté sometido a un fortísimo control, protocolos estrictos de actuación, respeto de los derechos de cada habitante, desarme de la población civil, recuperación de los espacios públicos, inserción social y productiva, en un contexto como el propuesto en el “Acuerdo para la seguridad democrática” constituirían, de aplicarse, políticas inequívocas en el sentido opuesto a las que llevan a tener policías torturadores, y, muy probablemente, con resultados muy superiores en cuanto a reducción de indicadores de delito.

Sin embargo hay que destacar dos aspectos centrales.
1. Después de casi treinta años de gobiernos electivos y vigencia del estado de derecho es inadmisible continuar con policías que actúan como guardianes de los ricos y poderosos de nuestra sociedad. Con toda la carga de prejuicios, discriminación y abusos que policías con esta impronta cometen en contra de la población. No son los policías los únicos responsables, la autoridad política que fija líneas, prioridades, pautas de acción, tiene la primera responsabilidad en cuanto al marco de valores que se difunde.
2. Derechos humanos como una premisa fundante del accionar de las fuerzas de seguridad. El modo en que suelen presentarse los derechos humanos, como opuestos a la seguridad individual, es una falacia lamentable. Es precisamente lo contrario. El respeto a los derechos humanos es nuestro pacto de convivencia y debe ser garantizados a todos los habitantes. El policía es un actor fundamental para efectivizar este pacto de convivencia. Tenemos que revisar toda la carga de prejuicios de los policías con respecto a distintos grupos de personas que luego son víctimas de abuso. Pobres, jóvenes, prostitutas, travestis, homosexuales, adictos y muchos otros colectivos o identidades conocen bien la saña y el desprecio con que un oficial puede tratar a un ciudadano.

Un estado que se asume popular, que decide construirse como casa de todos, no puede aceptar que los agentes que operan en su nombre descuiden, maltraten o vulneren derechos de ninguno de sus miembros. La dirigencia política no puede seguir mirando a otro lado o recurriendo a mentiras y engaños flagrantes de tipo “mano dura”. Pero los policías, los agentes, los de la esquina o el patrullero, harían bien en pensarse como actores activos de esta transformación, que supone antes que nada, saberse parte de pueblo, actuando para todos y cada uno, más allá de qué tanto les guste a ellos ese cada uno, y mirarse a sí mismos como servidores públicos. No de los ricos, no de los poderosos, sino de todos y por qué no, más de los más desamparados. Por qué no, un promotor, constructor, efectivizador de los derechos.

*Presidente EDE Mendoza en Nuevo Encuentro c.almenara@hotmail.com

La Quinta Pata, 22 – 07 – 12