Olivera Róvere será juzgado por la privación ilegal de la libertad y homicidios de Raúl Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario del Carmen Barredo de Schroeder y William Alen Whitelaw, todos dirigentes uruguayos.

Además se lo acusa de la privación ilegal de la libertad en 116 casos y una seguida de tormentos a Elpidio Eduardo Lardies.

Los delitos que se le imputan fueron cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaban en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y que incluye la mayoría de campos de detención de la provincia de Buenos Aires, Capital y parte de La Pampa.

En una segunda etapa, prevista para mayo o junio, el tribunal comenzará a juzgar al general de brigada Teófilo Saa, teniente coronel Felipe Alespeiti, los coroneles Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez y al general de división Rodolfo Whener por su responsabilidad como jefes de área en la zona Capital.

«Esta instancia permitirá que no se reiteren testigos que son comunes en las dos causas», explicó Carolina Varsky, abogada del Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS) al detallar que «al menos 24 casos» van a ser tratados al final para que coincida con el inicio de los casos de los jefes de área.

Varsky explicó que otra medida para acelerar el procedimiento fue la que tomó el Tribunal al convocar en 2008 a las partes y a los testigos de más de 80 años a declarar.

Se espera que Róvere, que se encuentra actualmente excarcelado y con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, asista al inicio del juicio, ya que hasta el momento la querella no fue notificada de ninguna circunstancia que se lo impida.

El CELS es uno de los querellantes en el juicio a Róvere y cinco militares y a su vez patrocina a las familias de los legisladores uruguayos asesinados Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de Graciela Mellibosvsky, desaparecida en setiembre de 1976.

«La causa Primer Cuerpo es compleja, por eso rescato del Tribunal que se haya tomado la precaución de unificar los casos comunes con otras causas que ya tiene el tribunal, para no someter a las víctimas a contar su cautiverio una y otra vez», señaló Varsky.

Aún así, las perspectivas para que en 2009 el Tribunal que entiende en las dos causas más voluminosas dicte sentencia en la causa ESMA son pocas. «Hasta que no termine esta causa, el resto está frenado», evaluó la abogada del CELS.

Aunque no se conoce aún la cantidad de testigos, el fiscal Félix Crous presentó al Tribunal una extensa lista con testimonios de familiares de las víctimas, compañeros de cautiverio, vecinos y personas que aportan información sobre los hechos.

El Tribunal es el mismo que juzgó a 25 años de prisión al represor Julio «Turco» Simón, los crímenes en Mansión Seré y Mar del Plata y que mantuvo la decisión de no permitir el ingreso de reporteros gráficos a la sala de audiencias, aún después de la acordada de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de «garantizar la publicidad de los juicios».

Télam, 01 – 02 – 09