Panorama y perspectivas de la comunidad boliviana en Argentina

Sep 16, 2018 La Quinta Pata Latinoamérica Comentarios desactivados en Panorama y perspectivas de la comunidad boliviana en Argentina

Políticas racistas, cambios en la ley de migración y dificultades económicas son algunos de los retrocesos que atraviesan cientos de miles de migrantes bolivianos y de otros países latinoamericanos. La participación política y la organización social resultan claves para desafiar la crisis. A fin de aproximar los vasos comunicantes entre los pueblos, compartimos esta entrevista en profundidad realizada por el Semanario Prensa Rural a Alberto Calani, integrante de la Coordinadora Migrante de La Plata.

Por Sebastián Moro.

Alberto Calani Choque vive en La Plata, Buenos Aires, se especializó en el tema migrante y formó ÁRBOL (Asociación de Residentes Bolivianos). Actualmente integra la Coordinadora Migrante, cuyo mayor objetivo es lograr la derogación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impuesto en 2017 por Mauricio Macri que modificó una ley de migración ejemplar. Contra esta ley xenófoba, persecutoria y estigmatizante, la comunidad boliviana y de otros países sudamericanos, con respaldo internacional, ha realizado importantes actividades como los “paros migrantes”.

Calani es albañil y colabora en una ponencia sobre “Descolonización en Bolivia” para la Universidad Nacional de La Plata. Así resumió su vida a Prensa Rural: “Soy natural de Huayllamarca, Oruro. Me tocó migrar a Chapare en la década del ‘80, ahí produje arroz, yuca y pequeñas producciones de hoja de coca, pero los ‘90 me empujaron afuera porque el país estaba subastado y entregado a los grandes grupos económicos. Vine con la intención de ganar tres mil dólares y volverme a mi país. No pude. Me quedé a trabajar, hice familia y vi la necesidad de construir una organización para incidir en la comunidad y en el debate político”.

Convivir con la crisis

La crisis económica y social que vive Argentina afecta también a la comunidad boliviana, la segunda en importancia del país. Los datos oficiales existentes se remiten a 2010 cuando se realizó el último censo nacional e indican que había más de 345 mil ciudadanos bolivianos radicados principalmente en Buenos Aires, Mendoza y Jujuy, representando el 19,1 por ciento del total de extranjeros. La cifra se engrosa de medio millón a un millón de descendientes más. Sin embargo, estimaciones de agrupaciones y comunidades hablan de números muy superiores que oscilan entre dos y tres millones. Lo que sí puede establecerse con claridad es que las migraciones boliviana y paraguaya ya están entre los cuatro aluviones más importantes de la historia argentina.

Pero, según refirió recientemente el cónsul en Jujuy, Nelson Guarachi Mamani, “por la complicada situación mucha gente que vino hace un par de años está decidiendo volver”, y apuntó una disminución migrante por la merma en las actividades agrícolas, textiles y comerciales. Ya en 2017 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria calculaba que el 80% de la producción de verduras, frutas y hortalizas de Buenos Aires estaba en manos bolivianas. Hoy el combo de recesión e inflación se traduce en que una familia necesita más de 20 mil pesos mensuales para sobrevivir, lo que equivale a dos salarios básicos.

Calani se refirió a estos retrocesos: “Con Macri como presidente la comunidad anda muy mal. Se han cerrado muchas fuentes de trabajo, la crisis golpea día a día, hay muchos compatriotas que viven de changas, muchos son cuentapropistas y otros que se han insertado en un mercado más formal han sido despedidos. Además, el sector frutihortícola ha sufrido una gran pérdida de poder adquisitivo porque no pueden afrontar los gastos que demanda producir la tierra, principalmente los alquileres, que se han disparado de manera exorbitante al igual que los insumos. Durante el kirchnerismo había políticas que ayudaban con subsidios a pequeños y medianos productores, pero todo eso se ha relegado y la comunidad ha quedado muy al amparo de dios”.

Alberto Calani Choque

Estigmatización, DNU y resistencia

En el plano institucional la comunidad también sufre las consecuencias del cambio de gobierno. El año pasado a través de un decreto presidencial se modificó la Ley de Migraciones y la de nacionalidad, restringiendo el ingreso y facilitando la expulsión. El trasfondo demuestra que es una política de estigmatización hacia los migrantes latinoamericanos para situarlos como chivo expiatorio en medio de la crisis. Calani lo explica en detalle:

“Ha sido cercenada una ley que era ejemplar en cuanto a derechos humanos y una de las mejores a nivel mundial. En 2002 fue debatida en el Congreso, con asociaciones de migrantes y organizaciones sociales y respaldada por organismos internacionales. En 2004 fue reglamentada por Néstor Kirchner y zanjó a un Estado gendarme para ponernos en igualdad de condiciones. Estuvo vigente hasta 2017, cuando fue parcialmente derogada por un DNU que tocó profundamente su columna vertebral al anular la reunificación familiar, que significaba que, teniendo un hijo argentino y siendo indocumentado, podías acceder a documentarte”.

“Es una modificación regresiva hasta la dictadura de Videla porque acelera los trámites de expulsión de personas que supuestamente habrían cometido delitos, dando plazos cortísimos para defenderse en un plazo de 60 días. El problema es que muchas veces las notificaciones no llegan a los afectados, pero la justicia da por sentado que sí y pueden expulsarlos sin saber de qué los acusan. Se quebranta así la ley universal de los derechos humanos, porque el individuo acusado puede ser expulsado sin tener posibilidad de acceder a la justicia”.

“El gran problema es el del inmigrante no deseado, quién migra y quién no. No hacen lo mismo con los migrantes franceses o alemanes, pero sí con bolivianos y otros compatriotas de la Patria Grande. Entonces la cuestión es qué tipo de migrante quiere Argentina. En la comunidad migrante la mayoría somos trabajadores, gente pobre, y ése es el tema, porque a un capitalista, a supuestos inversionistas no los van a expulsar”.

“Es una discriminación brutal, terriblemente atentatoria. Esto ha generado movimientos muy importantes. Uno de ellos es la Coordinadora Migrante de La Plata, que ha tenido un rol protagónico a través de talleres de divulgación en los barrios porque el boliviano de a pie, que labura desde que sale hasta que se pone el sol, no tiene conocimiento pleno de lo que nos acontece. Y repudiamos esta ley por eurocéntrica, discriminatoria y racista, porque nos pone trabas a nosotros que somos coterráneos, porque estas tierras han sido transitadas por nuestros padres, por nuestros abuelos, con o sin documentos”.

Este marco profundamente discriminatorio se asienta en falacias del discurso gubernamental a fuerza de prejuicios para construir enemigos y atentar contra la diversidad. Uno de esos “fundamentos” es el combate al narcotráfico, cuya vocera principal es la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Sin embargo, según la ONU, sólo el 0,07 % de quienes se encuentran privados de libertad en la Argentina son extranjeros vinculados al narcotráfico. De allí que Calani destaque el rol de los movimientos migrantes, cuyo eje “es revertir esta ley”:

“Con el apoyo de jueces y organismos internacionales de derechos humanos tenemos todo a favor, pero el gobierno está muy envalentonado porque creen que así van a combatir la delincuencia y el narcotráfico y reducir el desempleo. Esto es mero capricho, mera xenofobia para con el migrante latinoamericano, no contra el que viene de otras latitudes con mucha plata. Es anti-obrero y anti-pobre”.

Lo mismo sucede con los aspectos sociales del discurso de derecha, según el cual los migrantes van “a robarles la salud y el trabajo”. Y se soslaya que realizan aportes claves en el desarrollo al insertarse en la construcción, en la educación escolar y universitaria, en los hospitales, en la ciencia y en la recuperación de vastas zonas de cultivos.

Por eso, para Calani “han puesto la posibilidad de adquirir documentación en una congeladora. Es otra forma de discriminación y de persecución, porque te empuja a la informalidad y ése es otro de los dispositivos con los que cuenta el gobierno para controlar el mercado laboral y precarizarlo, porque el migrante indocumentado tiene que ofrecer sus servicios a la mitad de lo que lo hace el obrero formal. Así pretende el gobierno bajar su alta tasa de desempleo. Incluso en Jujuy han desarrollado una aplicación para detectar indocumentados. Esto es claramente racista y no ponen de manifiesto que el migrante, sobre todo el boliviano, hace sus aportes. Hay trabajos académicos que demuestran que el impacto en el PBI del aporte de los migrantes es enorme. Y que generamos trabajo para argentinos, como en el sector rural”.

“Además, con nuestra carga cultural enriquecemos al país, aportamos en el consumo y con eso se sostienen las escuelas y hospitales. El gobierno, en su alocado proyecto económico, culpabiliza al extranjero. La mayoría somos laburantes, no vas a encontrar a un boliviano mendigando en la calle, no, el boliviano agacha la cabeza y labura. Pero lo que se quiere es empujarlo a la informalidad y a la marginalidad, esa es la gran pretensión del gobierno”.

El sujeto colectivo pensante

En el plano político y social hay que contemplar dos aspectos que se retroalimentan: lo que hace a la participación en Argentina y el pensar a Bolivia en la distancia. Por eso ha sido importante la creación del IPSP (Instrumento por la Solidaridad de los Pueblos), que es el primer partido político integrado por bolivianos y representantes de pueblos originarios y tuvo su debut electoral en las legislativas de 2017. Sin embargo, aún no deja de considerarse desde las cúpulas de los partidos políticos al voto boliviano como “un tesoro de guerra”. Así lo explica Calani:

“En 2013 se sanciona la ley del voto extranjero que nos permite elegir desde gobernador a consejeros escolares y ser candidatos. Amparándose en esa ley, el boliviano ha construido su propia herramienta política acompañando a otras fuerzas, pero también ha aparecido la viveza criolla. La política argentina es astuta y han puesto a muchos bolivianos de candidatos pero al final de las listas. Es lo que llamo ‘la explotación del rostro cobrizo en la política argentina’”.

Además, “muchos compatriotas militan en espacios de organizaciones sociales, en cooperativas y copas de leche. Son organizaciones no identitarias, con limitaciones en los liderazgos porque no tocan el tema migratorio, no es agenda política ni tema de debate. Por ahí es por no querer meter miedo, porque permanentemente se está saliendo a cortar rutas y calles por la crisis, y el hablar de esta ley desmovilizaría a la gente. En cambio, con los que se organizan más identitariamente a través de asociaciones o de la Coordinadora, la problemática de la migración es central”.

En esa dirección, “el DNU ha sido un gran disparador. Ha habido una incipiente respuesta política con la creación del IPSP en Buenos Aires que, con la identidad del Estado plurinacional, ha logrado construir herramientas de defensa contra el DNU. Es destacable que la comunidad tenga la capacidad de pensar la política fuera de su país, porque el boliviano no es sólo un trabajador, también es un sujeto colectivo pensante, que estudia e incluso se inserta en líneas dirigenciales”.

Por último, en función de las presidenciales de 2019 en Bolivia hay que tener en cuenta que en las elecciones de 2014 se inscribieron para votar en Argentina 90 mil personas, la mitad de ellas en Buenos Aires. Significa un 53.19 % del padrón en el exterior y se espera que la cifra crezca para los próximos comicios. El análisis y la opinión de Alberto son concluyentes:

“Argentina es el bastión más fuerte de los votantes de Evo Morales, aunque algunos han levantando la consigna del 21F. No hay un proyecto superador ni de continuidad de parte de los opositores, lo que está es la otra cara de la medalla, volver a la década del ‘90, al modelo neoliberal que nos sacamos de encima. Creo que, hasta que surjan nuevos líderes, hay Evo para rato. Y esa es una limitación del masismo, el error de no promocionar nuevos líderes que puedan profundizar el proceso de cambio. Se debería trabajar en ese sentido, promover jóvenes revolucionarios y con una clara identidad aymara-quechua”.