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Preocupación por la elección del Procurador de personas privadas de libertad
Por Marta Remón
Desde el año 2014 Mendoza tiene a través de la ley 8284 la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, inhumanos o degradantes que es un organismo descentralizado, independiente y autónomo.
Esta Comisión está presidida por el Procurador de las Personas Privadas de Libertad, cuya duración en el cargo es de cinco años. El mecanismo para su elección es el siguiente: el gobierno llama a concurso para lo cual nombra a una comisión evaluadora. Los tres postulantes con mayor puntaje conforman una terna que la mesa evaluadora eleva al gobernador. Este elige a uno de los tres y eleva su pliego al senado para su aprobación.
El 15 de abril se realizó el concurso, y los postulantes con mayor puntaje fueron: el actual procurador Doctor Fabricio Imparado en primer término, la abogada Mercedes Duberti en segundo término y el titular de la Dirección de liberados, Lic. Luis Marcelo Romero, en tercer término.
El gobernador ha elegido a Luis Romero, lo que genera mucha preocupación en los organismos defensores de los derechos humanos, porque no tiene antecedentes en la defensa de los derechos humanos y porque es funcionario del ministerio de seguridad. Su falta de antecedentes y su compromiso con el gobierno son un obstáculo para que pueda cumplir con sus obligaciones como es la prevención de la tortura, monitorear las denuncias y sospechas de maltrato en las cárceles, comisarías, geriátricos, neuropsiquiátricos. No cumpliría el principal requisito de independencia e imparcialidad que exige el protocolo facultativo de prevención de la tortura.
En las redes sociales Romero se manifiesta a favor de la mano dura de la ministra Bullrich, del accionar de la gendarmería en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y con las políticas represivas del gobierno de Cornejo.
Los organismos defensores de los derechos humanos han elevado una carta al Gobernador Cornejo, donde le piden que se tenga en cuenta la independencia e imparcialidad como condiciones excluyentes para dicha función.
Adolfo Pérez Esquivel premio Nobel de la Paz también hizo llegar su voz a través de una carta dirigida a la vicegobernadora Laura Montero, en la que le pide que se respete la independencia e imparcialidad de esa función.
Tanto los organismos defensores de los derechos humanos como Adolfo Pérez Esquivel hacen explícito su apoyo al Dr. Fabricio Imparado, por su trabajo en defensa de las personas privadas de libertad.
Las personas privadas de libertad necesitan que se escuchen sus reclamos, que se cumpla con el artículo 18 de la constitución nacional , que en una parte dice “ Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice. “ y es el Procurador quien debe velar por el cumplimiento de la Constitución.
Tenemos derecho a sospechar que estamos ante una maniobra del Gobernador Cornejo para inutilizar el mecanismo de prevención de esa maldición que desde 1813 los argentinos tratamos de erradicar: la tortura.
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