Estos brutales aumentos han sido justificados sosteniendo que, en el marco de la crisis y el descenso de la recaudación fiscal, hay que reducir los subsidios a las empresas de servicios públicos privatizados, y, en compensación, ya no se pueden sostener las tarifas en los niveles anteriores.

Supongamos por un instante como cierto que efectivamente se reduzcan los subsidios: ¿es que ese «ahorro» será redistribuido en más hospitales, escuelas, u obras públicas para generar trabajo genuino? No es lo que desprende de la más elemental lectura del presupuesto nacional. Sí aparece, en cambio, una y mil declaraciones donde se asegura, que, como sea e independientemente de la crisis mundial, si hay algo que se honrará a rajatabla son los vencimientos de las obligaciones externas.

Pero vayamos al otro lado del argumento. ¿Es indefectible que una reducción de subsidios conlleve automáticamente un aumento de tarifas? ¿Es que las empresas no pueden absorber esa baja de subsidios? ¿Trabajaban acaso «al límite de su rentabilidad» y ahora, sin el incremento tarifario, pasarían a funcionar a pérdida?

La realidad es que estas firmas han estado, lo que es corroborable, simplemente echando una mínima ojeada a sus balances, entre las que más han ganado en los años posteriores a la devaluación de comienzos del 2002. A las superganancias que ya acumulaban desde la convertibilidad, con las tarifas dolarizadas, le han sumado en estos años los millonarios subsidios que recibieron año a año hasta transformar a esta partida en la más importante del presupuesto nacional junto con los pagos de deuda externa. Todo esto sin sumarle las inversiones no realizadas e ineficiencias en la prestación de servicios que hubieran debido generar en más de una ocasión la rescisión de contrato por incumplimiento o multas multimillonarias que nunca se efectivizaron.

Protestas justificadas
Varias localidades de la provincia de Buenos Aires se movilizaron contra el tarifazo en la energía eléctrica. 500 vecinos de Don Torcuato se reunieron en una plaza, juntaron firmas y se dirigieron al edificio municipal a exigirle al intendente que interceda para que no se apliquen los aumentos. Algo similar ocurrió en Escobar y Tigre. Muchos se concentraron frente a la quinta de Olivos. El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, presentó un recurso de amparo contra la suba de las tarifas.

Se trata de una exigencia mínima de calidad de vida: contar con servicios públicos básicos, como luz, agua o calefacción, seguros, garantizables y accesibles en sus tarifas. Es elemental pero debemos recordar que se trata de una función básica que es obligación de la autoridad estatal garantizarla. En los ’90, la ola privatizadora transformó esos servicios esenciales en mercancías a precios dolarizados. Y ni siquiera pudo garantizar el estándar de calidad mínimo del servicio que tan pomposamente se había prometido. Cuando ese modelo colapsó, a fines del 2001, comenzó a estar planteada la imperiosa necesidad de que esos servicios volvieran al Estado, con un estricto control por parte de los usuarios y la participación concreta en la gestión de esas empresas de sus propios trabajadores, que son los que conocen la realidad técnica de las mismas.

Pasaron los años. Y la mayoría de los servicios públicos sigue en manos de los que se beneficiaron del saqueo de la década pasada. A lo sumo alguno «cayó» en manos del Estado por escándalos manifiestos o «huida del viejo dueño», como fue el caso de Aerolíneas. Se trató de emparchar la situación con subsidios. Ahora llega la hora de la verdad: o pagan los trabajadores, con astronómicos aumentos de tarifas para «garantizar» la rentabilidad de las privatizadas, o avanzamos de una vez por todas en la recuperación estatal de los servicios que siempre debieron ser públicos, y nunca mercancía.

*Economista. Profesor de Economía Política y Sociología Política en la UBA. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).

Diario La Arena, 06 – 02 – 09