A su vez, nos parece muy preocupante que en nombre de un paradigma de progreso que busca maximizar las ganancias de un pequeño grupo de empresarios y políticos, se desestimen advertencias y preocupaciones de un amplio sector de la sociedad. Nos estigmatizan como antiproductivistas y ultrambientalistas, considerando que tanto nuestras dudas como nuestras exigencias son parte de un mito, cuando las experiencias en otros países –tal como en el caso de Estados Unidos- han dejado un saldo sumamente negativo a partir de este tipo de explotación. La “verdad tecnológica” a la que apelan es la misma que, en la extracción de hidrocarburos convencionales, no puede resolver los derrames de petróleo al Río Colorado desde Puesto Hernández cuando llueve y que ocasiona el desabastecimiento de agua potable a Catriel, 25 de Mayo y Valle Verde. Es esa “verdad” que nada dice sobre la cantidad y variedad de químicos que tiene el agua que se inyecta en la extracción de hidrocarburos no convencionales, ni qué químicos y metales posee el agua de retorno. Y, por sobre todo, es esa “verdad” que no contempla que en la zona de explotación también viven comunidades a las que se les niegan sus derechos. Por ello, si, tal como afirman en el proyecto de declaración, existen documentos científicos que afirman que “el fracking puede practicarse de manera de no incidir significativamente ni en la ecología de las zonas cercanas ni el medio ambiente humano y animal”, queremos verlos.

En materia de la colaboración y el apoyo del estado en el desarrollo de esta industria, hay varios puntos que nos preocupan, como las reformas en planos educativos para que se genere mano de obra calificada a bajo costo. De hecho, la creación de nuevas carreras, posgrados y orientaciones ya se está concretando en diferentes ámbitos académicos. Esta situación nos hace preguntarnos para qué y en qué conocimiento debe invertir el estado. ¿Debe invertir para alivianar los problemas de las empresas trasnacionales? ¿O debe invertir en buscar herramientas para solucionar los problemas de la sociedad y en investigar en el cambio de la matriz energética y productiva? En este sentido, también se debe destacar que el proyecto de declaración anticipa que desde el estado se otorgarán incentivos a las empresas que brinden servicios a esta industria, las cuales seguramente también estarán subsidiadas desde las arcas del estado.

En este marco de colaboración y planificación, los legisladores también proponen los encuentros “Cluster Shale” que, según aparece en el proyecto, tendrán como objetivo “la institucionalización y concreción del criterio de liderazgo estatal y colaboración privada en todas las actividades comunes, tales como relaciones laborales, seguridad, trasportes, redes de gasoductos y oleoductos, infraestructuras, tratamientos de efluentes, cuidado del medio ambiente y todo lo relacionado con la responsabilidad social”. Esta caracterización de estos espacios no incluye a la sociedad como uno de los actores participantes de los encuentros. Si además tenemos que cuenta que el costo de la entrada para poder ingresar al cluster shale 2013, varía entre 1.000 y 1.200 pesos y no existe una política estatal que busque garantizar la participación de la comunidad, podemos concluir en que los legisladores legitiman y garantizan que estos encuentros se hagan a espaldas de la sociedad.

En el proyecto de declaración también hablan de acervo cultural y protección de las comunidades, pero no reconocen ni las muertes ni las consecuencias en la salud provocadas por la contaminación hidrocarburífera en las zonas de Añelo, Vaca Muerta, Gelay Ko, entre otras. Tampoco tienen en cuenta las problemáticas sociales que la industria genera, tales como la trata de personas, la explotación sexual, el narcotráfico, la ludopatía, las brechas salariales, la escalada de precios inmobiliarios, el consumismo en desmedro de la educación, la salud, el deporte, la creatividad, etc.

Hablar de diversificación económica no es compatible con el desarrollo del actual paradigma de progreso que el gobierno viene imponiendo.

Por todo esto, las organizaciones rechazamos esta declaración y exigimos que se detenga el método de extracción de hidrocarburos a través de la fractura hidráulica hasta no tener las garantías necesarias y consensuadas con la sociedad en su conjunto. Exigimos también que se realicen las consultas pertinentes y que el gobierno, gobierne obedeciendo, escuchando las voces de quienes, con serios fundamentos y a lo largo y ancho del país y, en particular, de la Patagonia, nos venimos oponiendo a que la política de producción las marquen las empresas inescrupulosas que no tienen otro objetivo que profundizar este modelo capitalista de acumulación por desposesión.

Firmas: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) – Asamblea de Vecinxs Autoconvocados de Loncopue (AVAL)- Observatorio Petrolero Sur- Colectiva Feminista La Revuelta- Foro Permanente por el Medio Ambiente (FoPerMa)- Proyecto Sur- Trabajadores y trabajadoras de Áreas Naturales Protegidas ATE- Confederación Mapuche de Neuquén- Federación Universitaria del Comahue (FUC)- U.P y juventud de UP- EcoSur- COB La Brecha- Asociación Cristian González- Asociación Zainuco- Coop.8300- Grupo Moreno- Frente Popular Darío Santillán.

OPSur, 08 – 05 – 13