La institucionalidad, la democracia y los DDHH son vulnerados por la coalición Cambiemos, afirma Rodolfo Yanzón en esta nota. La desaparición forzada de Santiago Maldonado, la violación de los derechos elementales de Milagro Sala y la persecución política de la procuradora Alejandra Gils Carbó son los datos más visibles del deteriorio del Estado de Derecho.

Por Rodolfo Yanzón*

Santiago Maldonado está en Chile con el RIM, dijo Elisa Carrió, probablemente sabiendo que una parte de su electorado lo cree, quiere creerlo, para aventar la posibilidad de que Mauricio Macri haya decidido desaparecerlo (Macri no lo desapareció, está claro; pero su gobierno -sobre todo la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el Secretario de DDHH Claudio Avruj- ha hecho todo para ocultar información y obstaculizar la investigación). El pensamiento binario, una cosa o la otra. No pueden, no quieren ver más allá. Reavivan los ataques contra familiares y testigos -el último protagonizado por la misma Gendarmería, que decidió, con la venia oficial, presentar una querella por una supuesta lesión con piedras a un gendarme el 1° de agosto-. Lo que comenzó como un tema policial, terminó transformándose -por impericia, amateurismo y menosprecio a los DDHH- en un grave problema político de alcance internacional. Pero si se llega al 22 de octubre con un buen caudal de votos y la oposición dispersa, nada importa.  

Milagro Sala fue arrancada de su arresto domiciliario para ser enviada nuevamente a la cárcel, con la aviesa decisión de ocultarlo a su defensa y por cuestiones que sólo reflejan un marcado mal trato, agravando su situación de manera arbitraria y conculcando sus derechos más elementales. A días de las elecciones, no importa lo que opine o dictamine la Comisión Interamericana de DDHH. Mejor pensar en que parte del electorado jujeño -y de otras regiones- aplaude la maniobra.

Alejandra Gils Carbó fue procesada por el juez Julián Ercolini por una supuesta administración fraudulenta, por un hecho por el que no existió perjuicio para el Estado. Una decisión que se venía anunciando por el grupo Clarín y el diario La Nación. Por esas casualidades -que no son tan casuales- pude ver con mis propios ojos al Fiscal que pidió el procesamiento, Eduardo Taiano, y al Fiscal de Cámara, Germán Moldes, uno de los enemigos de Gils Carbó en Comodoro Py, saliendo del despacho del juez, durante los minutos en que Ercolini estaba concluyendo su pieza jurídica, de la que no tiene regreso, por la que rifa el prestigio académico que alguna vez tuvo, con el beneplácito del gobierno y de Clarín, que vivaron una maniobra cuyo único objetivo -reconocido públicamente y sin tapujos- es el de embestir nuevamente contra la Procuradora General de la Nación para lograr su desplazamiento. En esa senda y en claro mensaje al estilo mafioso, Clarín y Ricardo Roa publicaron los números telefónicos de la Procuradora y su hija. Sed de venganza por dictaminar contra el monopolio mediático, por acercar la Procuración a sectores sociales postergados, por comprometer a la institución en los juicios de lesa humanidad; pero también afán de disciplinar a la Procuración para ponerla al servicio de los intereses del gobierno y que se encolumne detrás de las ideas que surcaron el último encuentro de empresarios en Mar del Plata, en el que tanto aplaudieron al hijo de Franco, uno de los suyos. En ese marco, personajes como el Fiscal Ricardo Sanz -que dictaminó contra los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura y es uno de los fiscales con mejores vínculos con el oficialismo- se peina por si lo llaman a ocupar el cargo.

Al macrismo -y al radicalismo cómplice- no le importa la institucionalidad, ni la democracia, ni el Estado de Derecho; muchos menos los DDHH. Sus lazos internacionales mas estrechos los forjó con dirigentes como el español Mariano Rajoy -promotor de una reforma laboral contra los asalariados y una ley mordaza para silenciar opositores, además de pensar sólo en represión cuando de conflictos políticos se trata-, y el israelí Benjamín Netanyahu -a quien recibieron con los brazos abiertos para aclamar estar juntos en la “lucha contra el terrorismo” y de quien recibe colaboración para entrenar a fuerzas de seguridad y obtener armamento-, o el gobierno de Estados Unidos -que se excluyó de la UNESCO junto a Israel por entender que su política hacia Palestina significaba discriminar a Israel- y con quien el macrismo comparte su visión contra los migrantes-. Por otro lado, sus lazos a nivel interno los cultiva con exclusividad de la mano de los grandes grupos mediáticos y económicos y organizaciones que los representan como el colegio de abogados de la calle Montevideo -con el que, además, acordó en una demanda judicial que la Procuradora podía ser desplazada por simple decreto-. Como contrapartida, trabajadores, sindicatos, jueces y abogados laboralistas son puestos en el listado de mafiosos a los que hay que combatir, del mismo modo que al narcotráfico.

«Al macrismo -y al radicalismo cómplice- no le importa la institucionalidad, ni la democracia, ni el Estado de Derecho; muchos menos los DDHH… sus lazos a nivel interno los cultiva con exclusividad de la mano de los grandes grupos mediáticos y económicos y organizaciones que los representan como el colegio de abogados de la calle Montevideo… trabajadores, sindicatos, jueces y abogados laboralistas son puestos en el listado de mafiosos a los que hay que combatir…»

La complicidad de grandes grupos mediáticos no parece suficiente, ya que el oficialismo busca acallar a quienes lo denuncian, como sucede con Página 12 y el periodista Horacio Verbitsky, que reveló el blanqueo de capital que hiciera la familia presidencial. Para ello agregó a su lista de mafiosos al dirigente del sindicato SUTERH, Víctor Santa María, dueño del diario, a quien insistentemente denuncian a través de los medios afines. A ese accionar deben agregarse los juicios de funcionarios contra opositores políticos, como el de Germán Garavano al diputado Rodolfo Tailhade, y la inapropiada utilización del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) para iniciar acciones contra el Gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, por haber dicho que los pueblos se equivocaron al votar a Hitler tanto como a Macri. En un acto por demás digno de la DAIA y Netanyahu, Avruj anunció que el INADI actuaría de oficio por comparar a Hitler con Macri. Mas allá de que Bonfatti no hizo semejante comparación, la utilización de las instituciones para perseguir -e, incluso, reprimir- a opositores por lo que éstos dicen, es una actitud por demás autoritaria. En ésto, Avruj se parece a los sectores que insisten en calificar de antisemitas a todos los que denuncian los crímenes de Israel contra Palestina. La DAIA -organización a la que Avruj ha pertenecido y que ha puesto a varios de sus miembros en altos cargos de la Secretaría de DDHH de la Nación- ha requerido en varias oportunidades la utilizacón de la ley antidiscriminatoria para denunciar por antisemitismo a quienes se manifestaran contra los crímenes de Israel contra el pueblo palestino. La DAIA, cabe recordar, es una de las impulsoras de la denuncia penal por el acuerdo con Irán, resucitada a partir de los favores de algunos actores judiciales y, sobre todo, a través de su Vicepresidente, Waldo Wolff -diputado de Cambiemos-, para quien el kirchnerismo estuvo detrás de la muerte del fiscal Nisman. Todo vale con tal de silenciar y desprestigiar al oponente, mientras la verdad vale menos que el orín de los perros. 

*Abogado. DDHH

Buenos Aires, 17 de octubre de 2017
Fuente: La Tecl@ Eñe