García Linera indica que esa estrategia golpista, financiada por la Embajada de Estados Unidos, apostó a consolidar en una alternativa de poder nacional que se basaba en el terror y la violencia.
Envalentonados, los prefectos opositores llamaron a consultas ilegales por sus estatutos autonómicos, desconocieron al Congreso Nacional, pisotearon la ley y a la Constitución Política del Estado; y con ese fin utilizaron millones de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
El objetivo era claro: posicionarse regionalmente con unos estatutos ilegales como una Constitución paralela para luego enfrentarse contra el cambio y el presidente Evo Morales.
Creyeron que su camino estaba marcado por el éxito, pero el Gobierno aguantó las provocaciones, las agresiones y la prepotencia del bloque prefectural-cívico que creía que era una alternativa de poder nacional a futuro.
En ese marco es que vino el referendo revocatorio, pero «ese pueblo que había aguantado humillaciones, persecuciones, amenazas y torturas se pronunció, se levantó y dijo: basta a los prepotentes, a los agresores, a los racistas y a los fascistas y mediante el voto democrático le dio paliza a los conspiradores que estaba amenazando el país».

La derecha no esperaba esa derrota. Pensaba que humillándolo el pueblo iba a retroceder, pero el pueblo dio su veredicto. No solo fue el 54 por ciento del 18 de diciembre de 2005; no sólo el 67 por ciento del 10 de agosto, sino que 95 de las 112 provincias del país apoyaron militantemente el proceso de cambio.
«Le dijeron Presidente (Evo Morales) siga adelante con el proceso de cambio».
Según el segundo mandatario el proyecto nacional emergente de las clases populares y medias, campesinos, vecinos, trabajadores, indígenas y empresarios progresistas tiñó de esperanza al país, y con los resultados del referendo revocatorio, el cambio llegó a Santa Cruz, Pando, Tarija y Beni, «a sus casas y a sus provincias», regiones consideradas por los medios de comunicación afines a la «media luna» como opositoras al Gobierno del presidente Morales.
«El 10 de agosto se derrumbó el patronazgo de esa pandilla de cívicos que creía que (su región) era su hacienda», asegura García Linera.
«En Santa Cruz hay hombres libres. El 10 de agosto Bolivia entera, oriente y occidente, norte y sur, campo y ciudad se hermanó en un programa», agrega.

Como producto de los resultados de las urnas, cuando dos tercios de voto respaldaron al presidente Morales, la «media luna» se derrumbaba, se convertía en unas cuantas provincias, «desaparecía la ‘media luna’ y aparecía la Patria entera».
Esa realidad política la derecha no la quiso aceptar; esa derrota democrática no la quiso tolerar. Por eso, a pocos días de su fracaso electoral y después de reuniones secretas con el expulsado embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, comenzó la fase decisiva del golpe de estado en contra de la democracia.
Los cabecillas fueron prefectos y cívicos opositores con métodos de la conspiración. Quisieron el control territorial de algunos departamentos para que el Presidente no llegue a ellos; impidieron la provisión de alimentos, quisieron tomar la Policía Nacional, «pero los oficiales supieron aguantar con patriotismo. Ellos querían generar una reacción».

Siguiendo el libreto sedicioso, los subversivos tomaron el control de varios aeropuertos y saquearon oficinas públicas e intentaron sustituir a las autoridades. «No contentos con ello cerraron las llaves del gas para que no haya combustible. El objetivo era que la gente se levante contra el Gobierno ante la falta de GLP, gasolina, diesel».
Este proceso golpista, el asesinato planificado y organizado contra dirigentes campesinos e indígenas en Pando para escarmentar a los alzados contra el sistema excluyente que crearon, buscó generar miedo. Según el Gobierno, esos asesinatos se iban a extender a Beni, Santa Cruz y Tarija para atemorizar y disciplinar al pueblo, a sus dirigentes y a sus organizaciones.
«Esto fue lo terrible, derrotados en las urnas asumieron el camino golpista, de la masacre y el asesinato».
Frente a eso el Gobierno tomó las decisiones precisas con la movilización popular e indígena; y asumió la defensa de la democracia y del proceso de cambio.
El Vicepresidente, en ese sentido, asegura que se tomó la decisión de declarar el estado de sitio para proteger la vida en Pando, «porque esos criminales sueltos querían 50 o 100 muertos y el estado de sitio fielmente acatado y de manera profesional por las Fuerza Armadas permitió proteger la vida y frenó el golpe de estado».

García Linera destaca que la movilización es un derecho consagrado en la Constitución Política del Estado, pero «quemar instituciones, robar y prender fuego a los gasoductos es terrorismo. Esto lo tendrán que pagar con dinero y en la justicia».
No obstante, el golpe de estado no ha acabado. «Es un alacrán que le hemos cortado las patas, pero el aguijón venenoso sigue en pie».
Por ello es que el Gobierno boliviano convocó a las organizaciones sociales y al pueblo entero a no bajar la guardia, porque con la democracia los marginados conquistaron el derecho de participar en la construcción de su futuro y la aprobación de la nueva Carta Magna será coronar esa lucha.
«Los que no quieren la democracia son las fuerzas oscuras racistas y fascistas. Son los que andan quemando casas de los compañeros y rodean a una campesina en una plaza. Ellos no quieren democracia».
Las fuerzas democráticas abortaron ese golpe de estado y pese a las humillaciones y la destrucción de instituciones y al sabotaje, «pese a eso el Presidente y sus colaboradores con generosidad nos hemos sentado a dialogar con los sediciosos».
«Pero esta voluntad de diálogo que no se entienda como ingenuidad y que estamos dispuestos a soportar todo. Ellos han pasado una línea».

Tras la masacre de Pando, donde al menos 18 personas fueron muertas, entre ellos un niño de sólo dos años, por sicarios presuntamente contratados por el ex prefecto pandino, Leopoldo Fernández, y la solidaridad internacional con el Gobierno boliviano, se instalaron mesas de diálogo en Cochabamba, aunque hasta el momento no se firmó ningún acuerdo.
No obstante, el Ejecutivo espera que durante la semana que comienza se pueda lograr ese objetivo, aunque también rechaza con firmeza la pretensión de algunos prefectos de revisar en su integridad la nueva Constitución Política del Estado.
«Aquí hay voluntad para dialogar del IDH, autonomías y del pacto fiscal, estamos dispuestos a ello», señala García Linera.
En ese contexto es que las autonomía en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija se encuentran plenamente garantizadas, pero en el marco de la nueva Carta Magna que será sometido a un referendo dirimidor y ratificatorio.

Ante las posturas de revisar todo el texto magno, García Linera emplaza a la oposición a ganar en las urnas ese derecho con el respaldo del pueblo, porque, además, los prefectos que participan del diálogo no son constituyentes.
El desconocimiento de los opositores para incorporar temas que no fueron incluidos en las bases para la instalación de las mesas de diálogo (IDH y autonomías), es interpretada por el Gobierno como parte de una estrategia destinada a dar largas a las negociaciones mientras rearticulan sus fuerzas.
«Hemos dados cuatro veces la mejilla al adversario, pero la quinta no la daremos, a la quinta corresponde la fuerza de la ley y la fuerza de la movilización democrática», sentencia el Vicepresidente, y agrega que con la unidad del pueblo, militares y policías, el golpe cívico-prefectural no pasará.

ABI, 28 – 09 – 08