Uruguay: una ley que choca con la justicia

Mar 01, 2009 La Quinta Pata Latinoamérica Comentarios desactivados en Uruguay: una ley que choca con la justicia

Fabián Kovacik,

La decisión de la Asamblea Legislativa de anular la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado –tal el pomposo nombre pergeñado por su mentor Julio María Sanguinetti durante su presidencia de 1985-1990– no tendrá en lo inmediato efectos jurídicos palpables. Sin embargo, es un espaldarazo contundente para los familiares de las víctimas de la dictadura que ya lograron recolectar 220 mil firmas de las 254 mil necesarias para reclamar al Estado un plebiscito vinculante que disponga el juicio penal para los militares, policías y civiles acusados de violar los derechos humanos entre 1973 y 1985. La bancada del Frente Amplio votó en bloque con sus 69 legisladores, mientras que los blancos y colorados optaron por retirarse de la sala tras fundamentar su voto negativo. La Ley de Caducidad fue promovida en 1986 por el entonces presidente colorado Julio María Sanguinetti quien apeló al terror de volver a un golpe militar si no se aprobaba la norma que dejaba libres de culpa y cargo a los genocidas.

El miércoles pasado, el Parlamento decidió convocar a la sesión y considerar nula la ley a pedido de la Corte Suprema de Justicia que recibió un pedido de apelación por el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, secuestrada y asesinada el 26 de junio de 1974 por las fuerzas de seguridad de la dictadura instalada un año antes en el país. El pedido a la Corte fue formulado por la fiscal Martha Guianze quien entiende en el caso y reclamó la inconstitucionalidad de la Ley 15.848 –más conocida como Ley de Caducidad– a la Corte Suprema. Como el pedido no especificaba contra quien se accionaba para resolver la cuestión el tribunal supremo habilitó la consulta con los otros dos poderes estatales. El presidente Tabaré Vázquez firmó el decreto de inconstitucionalidad de la ley para este caso puntual, el pasado martes 17 de febrero y ahora con el respaldo parlamentario será la Corte quien tenga la palabra definitiva para saber si irán a juicio los civiles y militares que participaron de este crímen. Si bien no existen plazos precisos se especula que los cinco miembros integrantes del tribunal se tomarán entre tres y cuatro meses para decidir y sentar un precedente legal a favor de un centenar de casos similares al de Sabalsagaray.

Firmas contra la ley
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