Los militares gobernantes en los ’60/70 dieron cumplimiento a la doctrina de seguridad nacional que señalaba la existencia de un enemigo interno, otros argentinos y argentinas “comunistas”, a quienes había que combatir y eliminar. Aún al amparo del gobierno de Isabel Perón, las fuerzas dominantes contaron con el aparato estado para exterminio de los movimientos de resistencia política y social. De suerte tal que solo es dable hablar de represión, en lugar de abonar la hipótesis de “guerra interna”, como pretende inferirse de la ley presentada como “ley de la justa memoria”.

Además, la norma va a contrapelo de la interpretación histórica, sustentada en las actuales políticas públicas, que condena al terrorismo de estado y promueve la revisión de aquella etapa.

Una ley peligrosa
El expediente fue preparado por Ricardo Buryaille de la UCR, en sociedad con Juan Carlos Díaz Roig del FPV, ambos de Formosa y tiene por objetivo indemnizar a los familiares de los que fallecieron tras la “Operación Primicia”. El proyecto generó un áspero debate dentro del FPV ya que reinstala el planteo de la “guerra interna”, sostenida por los represores y abona la teoría de los dos demonios. Como resultado de las diferencias 18 diputados votaron por la negativa y hubo 43 abstenciones de distintos bloques.

Ricardo Buryaille, radical surgido de CRA – Confederaciones rurales argentinas – tras el conflicto del campo por la 125, insistió, por segundo año, en resarcir a la totalidad de los caídos en defensa del regimiento: soldados, militares, policías y civiles. Consiguió que su proyecto llegara al recinto para ser tratado sobre tablas pero generó diferencias en el seno del FPV; ante la posibilidad que quedara trabado, esgrimió: «Este proyecto lo hemos trabajado, lo hemos acordado y hemos cumplido pactos políticos con algunos amigos del oficialismo. Se trata de dar solución a «soldaditos» que fallecieron en el año 75 en Formosa».

El dato relevante es que la reparación no es solo para “soldaditos” sino, también, para los militares. Cabe recordar que el mismo Regimiento 29 se convirtió en un Centro Clandestino de Detención –CCD – meses después del intento copamiento y tuvo como jefe de inteligencia el ex capitán Ángel Spada hoy imputado por los crímenes de lesa humanidad en la megacausa “Carrillo”, por haber ordenado fusilamientos de dirigentes, campesinos y militantes políticos durante la dictadura .

Por otro lado, si bien en la Operación Primicia fallecieron civiles y soldados conscriptos cuyos familiares deben ser reparados; no es menos cierto que las instituciones del estado provincial y nacional tiene resortes para pagar a las víctimas sin sancionar una ley que retrotrae el debate, fortalece las pretensiones de la corporación militar y es un peligroso gesto político.

El 28 de noviembre último la ley recibió media sanción de la cámara de diputados a pesar de la resistencia de un sector del oficialismo. Para lograr que se aprobara la kirchnerista Juliana Di Tulio consiguió que Buryaille retirara los fundamentos y eludiera hablar a favor de la ley. No obstante esto el FPV quedó partido; de los 97 legisladores presentes en la sesión, 51 optaron por el “afirmativo”, 30 se abstuvieron y 16 votaron en contra. Entre todos los bloques, la norma mereció el rechazo de 18 diputados y 43 abstenciones. En cuanto a los legisladores nacionales por Mendoza, el recuento permitió revelar que Roberto Pradines – PD – los radicales Mariana Juri, Enrique Vaquié y Jorge Albarracín así como los peronistas Enrique Thomas y Omar Félix respaldaron la ley. Guillermo Carmona se abstuvo, mientras que Anabel Fernández Sagasti y Dante González estuvieron ausentes en esa sesión. El proyecto pasó a senadores para ser tratada en el próximo período.

Por su parte, los organismos de derechos humanos rechazaron la norma argumentando que revive la teoría de los dos demonios y pone en riesgo lo avanzado durante el actual gobierno; además, coloca a las fuerzas armadas en condición de víctimas y sienta un antecedente de imprevisible alcance. Las y los ex-presos políticos expresaban: “Esta ley crearía un nefasto precedente del que se prenderían las huestes de “memoria completa”, siempre a la espera de que los militares delincuentes sean reivindicados”; mientras, la veterana Liga por los Derechos del Hombre proponía: “Exhortamos a los senadores de la nación a que actúen de acuerdo al mandato popular y no den lugar a retrocesos de este tipo. Llamamos a todos aquellos que se sientan comprometidos con el resguardo y la defensa de la memoria, la verdad y la justicia a manifestar su más enérgico repudio”.

Edición Cuyo, 14 – 12 – 12