La historia de nuestra justicia es trágica

May 03, 2015 Ramón Ábalo La Pata Semanal Comentarios desactivados en La historia de nuestra justicia es trágica

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Este es el título de una declaración periodística del destacado jurista y constitucionalista EDUARDO BARCESAT. Tiene también destacada actividad en el marco de los derechos humanos desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y que viene de los años de plomo en nuestro país. Para Barcesat, los primeros pasos para modificar la matriz antipopular que presenta la Justicia «fueron tumbados por la Corte Suprema y por distintos jueces federales, en función de esa preservación del poder aristocrático y contra mayoritario”. El origen de nuestro Poder Judicial, sigue diciendo Barcesat, tomado de la Constitución de EE.UU se expresa cuando dice que es menester un poder aristocrático contra mayoritario para evitar posibles desbordes populistas o demagógicos de los poderes políticos…lo que ya es toda una definición ideológica. Luego en la historia institucional argentina el Poder Judicial siempre fue cómplice  durante los períodos de excepcionalidad institucional, ya sea avalando el golpe de Estado como ocurrió en la llamada asonada de Uriburu en 1930, cuando falseó la doctrina de funcionario de facto, para no calificar correctamente aquello que debió ser normado como usurpación del poder político. Lo que tuvo continuidad con el golpismo posterior de 1955, 1986 y el del genocidio de 1976.

Cabe recordar que cuando se recuperó la democracia en 1983, en Mendoza los organismos de derechos humanos solicitaron y exigieron al Ejecutivo que se pusiera en disponibilidad a la totalidad de la judicatura provincial, pues la casi mayoría,  afirmaban los organismos, habían jurado por las llamadas actas de la dictadura, con la excepción de un solo juez, Patricio Buteler, el que inmediatamente fue jubilado. En la jurisdicción de la justicia federal, la abogacía argentina había dictaminado que había que renovar la administración de Justicia. Pero en ninguna de las jurisdicciones ello ocurrió. Se buscaba, como afirma Barcesat «establecer una ruptura entre la excepcionalidad institucional y el futuro Estado de derecho». Así fue que prácticamente no hubo «limpieza», lo que posibilitó que se erigiera en una especie de bomba de tiempo contra las instituciones, que se refleja en la actualidad cuando desde la institucionalidad, especialmente la nacional, se motorizan políticas de transformación. Un ejemplo es lo de la ley de medios o de servicios audiovisuales, que esta administración de justicia frena su vigencia. Asimismo «existe el enjuiciamiento de las responsabilidades del terrorismo de Estado, que  violenta las normas y protocolos respecto a la violencia de género y el aborto no punible, entre otras cosas, es una rémora de aquella administración de justicia servil a la usurpación del poder político, que jamás tuvo una palabra en defensa de las instituciones ni de los derechos humanos».

Datos para la reforma

De acuerdo a Barcesat, hay cosas que no pueden dejar de tenerse en cuenta a la hora de pensar una reforma. Una de ellas es el necesario control popular por medio del voto en el Consejo de la Magistratura. Además, afirma: «tendría que utilizarse la periodicidad de los mandatos de los jueces, renovables por concurso de antecedentes y oposición, digamos cada ocho años para no hacerlo tan frecuente, y que tengan que acreditar un buen desempeño durante el periodo de su mandato y compitan con aquellos que desde el ejercicio de la abogacía o de la función académica, aspiren a ocupar un cargo o funciones en la magistratura».

Vale señalar que aquí en Mendoza, hace ya algo más de medio siglo, en los 50, el abogado y miembro de nuestra Liga Argentina por los Derechos del Hombre, FUAD TOUM, propugnaba el voto popular para ser elegido y convertirse en juez. Fue un adelantado, y aunque frustrado, ya tenía una visión correcta de la esencia retrógrada del sistema administrativo de la Justicia. Es una necesaria medida que también debería procurarse para la actualización y democratización de la administración de justicia provincial. Pero tanto para la jurisdicción federal como para la local es un camino que ya tiene algunos hitos en acción en ese sentido.

Barcesat, finalmente afirma que «hay que marchar hacia la oralidad de los procedimientos y establecer, en materia penal y para determinados delitos, los juicios por jurados».

(Fuente: periódico Propuesta del PC).

La democracia argentina amenazada por el poder real

En el Diario Página 12 del día viernes último, apareció un texto con el título arriba transcripto debido a la autoría de JOSE MASSONI, ex juez. Transcribimos algunos conceptos:

• Merced al capitalismo transnacional y con socios nacionales… los argentinos son «habitantes» de su país. La Argentina está globalizada y pertenece en sus resortes básicos a las grandes corporaciones internacionales y a sus socios nacionales del gran capital concentrado, entre otros la oligarquía agrícola-ganadera y grandes medios de difusión.
• Pero urge ahora ocuparse de un punto clave en la lucha de los sectores democráticos y la coalizada oposición conservadora: la administración de justicia y el control de facultad (que tiene ahora) el Poder Judicial.
• La República paradigmática es la constitucionalidad estadounidense. En ella el Poder Judicial es antimayoritario, supervisor de la constitucionalidad de los actos de (los otros) poderes elegidos por voluntad popular.
• Desde siempre su debilidad fue la carencia de origen democrático… Thomas Jefferson , fundador de ese sistema republicano nítido, señaló que aquella facultad (republicana) del P.J. resultaba una concentración de poder injusta.
• Los jueces no garantizarían el proceso democrático porque no siendo representantes del pueblo y siendo inamovibles en sus cargos, dudosamente resolverían a favor de sus intereses (los del pueblo).
• Mucho se ha debatido sobre la facultad de los tribunales para enfrentar las decisiones de los órganos democráticos. Carlos Nino sostiene que es plausible el control en un sentido restringido.
• Enjaezada por edificios monumentales, amplias salas de rico maderamen, jueces y fiscales de alcurnia personal y catedrática, formalidades procesales inescrutables para no iniciados y una jerga incomprensible para el vulgo, el P.J argentino creció por completo apartado de los intereses populares, más aún que su ejemplo estadounidense.
• Así se conformó una corporación aristocrática acompañante, sirviente y beneficiaria del poder real (económico, financiero, imperialista) ejerciendo el rol que le impusieron en origen, estructuras y normas procesales.
• Es P.J justificó todas las asonadas que pisotearon la Constitución (1930, 1943,.1966, y 1976) y les permitió (a los golpistas) exhibir una pátina de republicanismo.
• Desde 1983 los cambios se redujeron a la integración de la Corte. De excelente nivel la primera -1982-1989- la segunda fue resultado de una sesión ilegal de la cámara de Diputados, con quórum falso. El ardid permitió llevar a nueve a los miembros de la Corte y de inmediato Menem designó a seis, que formaron la llamada «la mayoría automática», que convalidó la política neoliberal del oficialismo.
• Las tropelías perpetradas por la Corte «socialista» y la decisión política del gobierno permitieron en el 2003, Constitución en mano, expulsar a la mayoría. Se redujeron los miembros a siete y después a cinco, y el presidente autolimitó su potestad de designación… Así surgió la actual Suprema Corte.

Sin reformas en el Poder Judicial del orden propiciado (por el neoliberalismo), o las que surjan de la discusión, el desarrollo democrático, en las condiciones del Siglo XXI, CORRE ALTO RIESGO DE ENCONTRAR  OBSTÁCULOS INSALVABLES.

happy wheels

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