Ese mismo año, su nombre trascendió nuevamente, cuando, mediante sus actuaciones, se intentó inhabilitar la apertura del casino del hotel Sheraton.

Olga Pura Arrabal tomó esa causa luego de una denuncia de empleados del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Para poder llegar a la justicia federal, los denunciantes dijeron que, tal vez, en una de esas, y sin ningún tipo de prueba, era probable que Enjoy (empresa operadora del casino del hotel cinco estrellas) hubiera evadido impuestos federales. A partir de allí, un embrollo judicial.

No había forma de sostener esa causa en la justicia federal. No había motivo alguno para defender su accionar. Aun así, Arrabal siguió adelante, tomó medidas y hasta impuso sanciones.

Naturalmente, meses más tarde, ni la Cámara de Apelaciones, integrada en ese momento por los personajes más polémicos y sospechados de la justicia federal, logró mantener la jurisdicción. Y todo pasó a la órbita provincial.

En una segunda lectura, cada firma de Arrabal benefició a la empresa Mendoza Central Entretenimiento, operadora de las máquinas tragamonedas en el Casino Central y principal damnificada frente a la amenaza de una nueva sala de juego que hiciera competencia. Si bien nunca se pudo confirmar con los documentos públicos que forman parte de su expediente de conformación societaria, Mendoza Central Entretenimiento está ligada al Grupo Vila-Manzano. Su principal representante, en este caso, es Alfredo Freddy Vila, quien, a manera de dato de color, es el padrino de uno de los hijos de Olga Pura Arrabal.

Por eso, la jueza fue denunciada en el Consejo de la Magistratura, y su caso cayó casualmente en manos de Daniel Ostropolsky, el mendocino representante de los abogados en el órgano que controla el accionar de los magistrados de la nación. Un tiempo antes, Ruth Ostropolsky, la hija de Daniel, había sido nombrada prosecretaria administrativa en el juzgado de Arrabal.

Daniel Ostropolsky ganó las elecciones para llegar al Consejo, en medio de una campaña en la que aseguró que contaba con el aval de los organismos de Derechos Humanos de Mendoza. No solo fue desmentido, sino que, además, quedó signado como el principal operador que tuvo Otilio Romano para evitar la destitución.

Conocida también por su alto nivel de vida en el barrio Dalvian y sus extensas vacaciones por Europa, las desventuras de la jueza continuaron en el 2009. Tras un recurso de amparo presentado por el diputado nacional Enrique Thomas, Arrabal suspendió la aplicación de la Ley 26.522 de Servicios Audiovisuales, más conocida como la «ley de medios». La medida la tomó un par de meses después de que Daniel Vila criticara y defenestrara efusivamente la nueva legislación y lo hiciera en la cara del por entonces gobernador, Celso Jaque.

La acción de Arrabal, que estaba en sintonía con los intereses del Grupo Uno, fue ratificada por la Cámara compuesta, en ese caso, por los siempre cuestionados Otilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra.

Ese fallo fue apelado por el gobierno nacional y llegó hasta la corte suprema de justicia. La respuesta del máximo tribunal del país no solo fue contundente, sino que también tuvo atisbos de ironía. La resolución hizo foco sobre todos los jueces actuantes y consideró que ninguno de ellos estaba a la altura del cargo que ocupaban; sobre todo, por un desconocimiento cabal del derecho. Dicho esto, el fallo de Arrabal y la posterior participación de la cámara quedaron sin efecto.

En la guerra de medios, Olga Pura Arrabal fue la jueza preferida por Daniel Vila y José Luis Manzano en su disputa contra el Grupo Clarín para intentar trabar desde Mendoza la fusión entre Multicanal y Cablevisión. Intentó quedarse con la causa a pesar de la existencia de motivos excluyentes para su inhibición: además de esa suerte de parentesco con Alfredo Vila, su hijo trabajaba para una de las empresas vinculadas con Supercanal, situación denunciada por los representantes legales de Cablevisión.

También fue denunciada en el Consejo de la magistratura por este caso. Sin embargo, ninguno de los dos pedidos de jury en su contra parecen haber prosperado. Los dos expedientes apenas se han movido y en ningún caso hubo dictámenes. Su nombre aparece ahora en la lista de candidatos para ocupar uno de los lugares vacantes en la cámara de apelaciones. Y cuando parecía que todo había cambiado con la salidas de Miret, Romano y Petra, se confirma que la disputa de intereses políticos y económicos en la Justicia federal es un cuento de nunca acabar.

El Sol, 31 – 05 – 12