Cambio de calificación legal en el caso Urondo

Oct 02, 2011 La Quinta Pata Mendoza Comentarios desactivados en Cambio de calificación legal en el caso Urondo

Horacio Yacante

Lesa humanidad: la cita envenenada que acabó con Francisco “Paco” Urondo

Los abogados querellantes exigieron el cambio de la calificación legal de los imputados Celustiano Lucero, Juan Agustín Oyarzabal, Eduardo Smaha, Eduardo Fernández y Luis Alberto Rodríguez de modo que se abandone la carátula de homicidio simple a homicidio calificado en el juicio por el asesinato del poeta y periodista Francisco Paco Urondo, perpetrado en junio de 1976. Agregaron además que, de ahora en adelante, el D2 sea declarado y reconocido como una “organización criminal” que operó durante esos años oscuros.

Esta tarde (viernes 30) se llevó a cabo en los tribunales federales ubicados en España 480 de capital, la última instancia de los alegatos de los querellantes Pablo Gabriel Salinas y Alfredo Guevara por el asesinato de Paco Urondo. Esta causa está inscripta dentro de la serie de delitos de lesa humanidad, que se efectuaron durante la última dictadura en el centro de detenciones D2 dependiente –en ese entonces – de la policía de Mendoza, en una época marcada por la violencia y la impunidad.

Con la presencia de Ángela Urondo – tercera hija del célebre escritor – la audiencia se desarrolló con total normalidad durante alrededor de las dos horas y media que se prolongó, en la que tanto Salinas como Guevara dejaron bien en claro las circunstancias que rodearon el homicidio de Urondo, y la detención y desaparición de su mujer Alicia Raboy.

La cita envenenada
En un alegato que no dejó de lado ninguna precisión histórica, Pablo Salinas ilustró con detalles la figura de Urondo, que en la década de los setenta además de ser muy reconocido en las letras argentinas, había sido asignado por la agrupación Montoneros para hacerse cargo de la Regional Cuyo.

Paco había llegado a Mendoza en una época muy difícil para la militancia peronista, ya que los principales referentes de esa época habían sido aprehendidos o comenzaban a “desaparecer”.
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El grupo del D2, que según los alegatos de la querella revestía todas las condiciones de una organización criminal, tuvo acceso – mediante la detención y tortura de uno de los activistas – a una información que sería vital para poder descabezar nuevamente a los dispersos y temerosos integrantes locales de Montoneros.

El dato suministrado por Aníbal Torres consistía en las referencias de una “cita de control para reconstituir la presencia local de la organización”, que se llevaría a cabo el día 17 de junio de 1976 en una vivienda de la calle Guillermo Molina de la localidad de Dorrego en Guaymallén.

Sin embargo, la fatalidad ya había caído sobre el grupo compuesto por Paco Urondo, Alicia Raboy (conocido como Lucía dentro de la organización), Ángela Urondo (hija de la pareja), Reneé La Turca Ahualli (que había llegado hace poco de Tucumán) y Torres, que a modo de señuelo iba vestido con una camisa que serviría de identificación para los ocupantes de un Peugeot 504, ocupado por cuatro integrantes del D2.

De ahí en más, una sucesión de velocidad, espanto y muerte que terminó con el asesinato Urondo a través de un culatazo asestado por Oyarzabal, y detención de su esposa e hija, y el escape de La Turca, en la fatal esquina de Tucumán y Remedios de Escalada.

El poeta Juan Gelman, quien compartía con Urondo no solo el amor por la literatura sino también una causa, dijo que “en mayo de 1976 la Organización decide trasladar a Paco a Mendoza, lo que significó un error, ya que esta provincia desde 1975 era una sangría permanente; y el 17 de junio, en un contexto de derrota, Francisco cae como consecuencia de una cita envenenada.

Camino al desenlace
A continuación contamos con la palabra del abogado querellante Pablo Gabriel Salinas, que explica en qué estado se encuentra la causa y cuáles son las instancias que le siguen, hasta la formulación de la sentencia el jueves 6 de octubre y en la que se espera que se acepte el cambio de la calificación legal de homicidio simple a homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas con la finalidad de asegurar la impunidad: