Alegato fiscalía V: acoso a la militancia

Abr 10, 2016 La Quinta Pata Mendoza Comentarios desactivados en Alegato fiscalía V: acoso a la militancia

En una nueva jornada de Alegatos, la Fiscal Patricia Santoni hizo un especial énfasis en la persecución y ensañamiento sufrido por Francisco Robledo, un militante de larga trayectoria. El exdetenido reconoció, entre sus carceleros, a Pablo Gutiérrez y Diego Morales, procesados en esta causa. Luego, la Fiscal brindó una introducción del Alegato por las 19 víctimas contenidas en la causa “Roque Luna y otros”, varias de ellas desaparecidas

Francisco Robledo tuvo una larga trayectoria en el peronismo de izquierda, fue detenido durante la dictadura de Lanusse y posteriormente liberado por la amnistía del 26 de Mayo de 1973, conseguida tan pronto como asumió la Presidencia Héctor J. Campora.
Tal como sucedió con todos los liberados del ‘73, después de dictado el Estado de sitio, en 1975, fue asediado por las fuerzas de seguridad. La persecución se hizo sentir con más intensidad cuando, en manos del D2, vivió en carne propia la mayor saña por el tesón en sus convicciones políticas.
La fiscal Santoni destacó que Robledo ha declarado no menos de cinco veces y que su testimonio es sólido y detallado, no solo en relación a las circunstancias de su detención en la dictadura del ‘76 sino a su situación previa. Robledo era militante del Peronismo de Base y fue perseguido desde 1971. Pertenecía a la Unión Nacional de Trabajadores Auténticamente Peronistas.
Vivió en relativa tranquilidad entre sus dos detenciones trabajando en el hospital Paroissien. La policía lo buscó allí y sus compañeros lo cubrieron evitando que lo detuvieran. Para encontrarlo también fue allanada su casa dos veces. En uno de esos operativos le robaron todas sus pertenencias. El 22 de noviembre de 1975 secuestraron y mataron a Pringles, un compañero de militancia. Esta persecución hizo que decidiera repartir a sus cuatro hijos entre vecinos y pasara a la clandestinidad.
La noche antes de carnaval, en febrero de 1976, un grupo de personas se llevó a Robledo Flores. Lo golpearon, torturaron y al día siguiente lo dejaron libre. Intentó hacer la denuncia mostrando los daños físicos que le habían provocado. A pesar de que un examen médico describió múltiples quemaduras circulares en todo su cuerpo, la policía no quiso tomar su pedido.
Tiempo después, el 20 de abril de 1976, fue detenido en la oficina policial de Álvarez Condarco cuando iba de regreso a su lugar clandestino en Cacheuta. A los amigos que iban con él en el auto los liberaron. Robledo fue llevado al Comando de la 8va Brigada donde, a cara descubierta, fue interrogado bajo tortura. Producto de esto actualmente sufre problemas en sus oídos.
De allí fue remitido al D2 e integró el trasladado masivo a la Unidad 9 de La Plata en septiembre del 76. Desde La Plata escribió múltiples cartas a su defensor explicando su situación. En diciembre de 1977 volvió al Penal Provincial. Santoni recordó que a su regreso reconoció a penitenciarios que seguían cumpliendo funciones allí: Bianchi, Bonafede, Aguilar.
Producto de la violencia desgarradora que sufrió, particularmente en el D2, le quedaron afectados la vista y el oído, así como trastornos psíquicos y físicos. En noviembre de 1981 le concedieron libertad vigilada y el 31 de mayo del 82 obtuvo la libertad completa. Robledo Flores reconoció a distintas personas que prestaban sus servicios en el D2. Entre ellas, a Diego Fernando Morales Pastrán y a Pablo José Gutiérrez Araya.
La fiscal Santoni mencionó un descargo material que realizaron Morales Pastrán y Gutiérrez Araya por separado donde afirman haber realizado tareas administrativas. Según dicen, Sánchez Camargo les había otorgado la función de atender a los detenidos. Les llevaban comida y ropa que traían sus familiares.
Sabemos, sin embargo, que no cualquier policía cumplía funciones en el D2. Era personal seleccionado. Patricia Santoni recordó que estos dos oficiales prestaron sus servicios y permanecieron durante la etapa de más cruda represión en ese centro clandestino de detención. Todos fueron felicitados por el Jefe de Policía por su actuación en la lucha antisubversiva.

Autoría directa y codominio del hecho

En la cadena de mando represiva hay quienes son autores mediatos y quienes son autores directos. Estos últimos materializan la represión violenta. Este es el caso de Pablo José Gutiérrez Araya y Diego Fernando Morales Pastrán. “Los ejecutores no actuaron coaccionados ni por error sino con plena libertad”, alegó la fiscal.
Santoni explicó que la responsabilidad de estos acusados es en grado de autoría y no de simples encubridores. La fiscal utilizó el concepto jurídico de coautoría funcional, es decir, una división del trabajo en la que el aporte de cada rol es una parte indispensable en el plan represivo. Por esto la Fiscalía sostiene que los ejecutores directos deben responder penalmente de forma individual, como autores del hecho. Para ser coautor se debe tener codominio del hecho, como tenía el personal del D2. No todos cometían todos los delitos pero sí eran parte del engranaje y su función era imprescindible para habilitar el funcionamiento de todo el sistema violento.
Así es como se responsabiliza de autores mediatos a los oficiales Smaha y Fernández, mientras que la acusación contra Pablo José Gutiérrez Araya y Diego Fernando Morales Pastrán es como autores directos de:

Privación abusiva de la libertad agravada por haber mediado violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, en los casos de Robledo Flores y de Scafati.
Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, en perjuicio de los dos nombrados.

La causa Luna

Comprende las detenciones ilegales de mayo y junio del ’76, entre las que están Roque Argentino Luna, Rosa Gómez, David Blanco, Héctor García, Elbio Belardinelli, Alicia Morales de Galamba, María Luisa Sánchez Sarmiento, Antonio Sabone, Leopoldo López Muñoz y otros. También incluye personas prófugas, supuestamente, buscadas por infracción a la ley 20840 por personal del D2.
Al respecto la fiscal aclaró que la mayoría de las personas que integraban la lista de prófugas están desaparecidas. Se trata de José Antonio Rossi, Ricardo Luis Sánchez, Carlos Assales, Jorge Vargas, Cora Raboy, Edesio Villegas y Aníbal Torres. Las excepciones fueron Emilio Vernet y Rosa Navarro que sobrevivieron.
En esta causa estaba implicado Juan Agustín Oyarzabal, quien falleció un par de meses atrás, razón por la cual cayó su procesamiento. En cambio se mantiene la acusación contra Eduardo Smaha, cuya función era el de enlace entre el D2 y la autoridad militar. Pedro Sánchez Camargo, su jefe, confirmó que “todas las personas detenidas desde el 1 de junio están en el D2”.
Smaha y Oyarzabal ya fueron condenados a perpetua desde el primer juicio por los casos de Luis Sánchez, Edesio Villegas y Aníbal Torres.
Santoni introdujo una parte de los alegatos de esta causa y aclaró que sólo se remitiría a los hechos que involucran a Rosa Gómez, David Blanco, Elbio Belardinelli, Alicia Morales y María Luisa Sánchez, que serán tratadas en profundidad la semana que viene. En esta lectura se enfatizó en los hechos de detención y/o desaparición de las personas que integraban la lista de “prófugas”.

El juez Piña, presidente del TOF 1, pidió cuarto intermedio hasta el 12 de abril a las 9.30 hs.

Fuente: www.juiciosmendoza.wordpress.com