Se trata de un grupo de militantes y delegados sindicales detenidos por la policía mendocina en febrero de 1976 y llevados al D2 de Mendoza donde – según relataron en el jury – fueron sometidos a violaciones reiteradas, torturas y otros delitos.

Miret debió, «ineludiblemente» como juez de instrucción, formar la correspondiente investigación y al no hacerlo mostró «una conducta incompatible con el ejercicio de la magistratura en un acto de mal desempeño y que podría eventualmente constituir la comisión de un delito», algo que es materia de investigación en la justicia federal de Mendoza.

El jury advirtió que si bien Miret era juez subrogante – su cargo efectivo era defensor oficial – tenía las mismas obligaciones que los magistrados designados en su cargo y tenía «que actuar de acuerdo a la normativa vigente y que establecía la obligación de investigar delitos de su competencia y denunciar aquellos de los que tomara conocimiento».

Miret «dejó librados a su suerte» a los detenidos imputados entonces por delitos de subversión «soslayando el drama del D2 y sin asumir mayores responsabilidades cuando era su deber ineludible hacerlo», consignó el veredicto del jury.

Los consejeros remarcaron que ya en democracia, cuando el Senado aprobó su pliego para camarista, se desconocía aún lo acontecido en febrero de 1976 con un grupo de detenidos en el departamento de policía de Mendoza, sometidos a torturas, vejaciones y condiciones inhumanas de cautiverio.

De hecho, se remarcó que pasaron varios gobiernos constitucionales y él «nunca intentó remediar esa grave falta denunciando los hechos que había conocido sin hacer nada al respecto».

El jury también consideró que esa deuda «no puede saldarse» con una «próspera carrera judicial posterior y una brillante actuación académica como dice tener Miret ni la correcta actuación en otros casos».

Por voto mayoritario y disidencia de dos consejeros, el senador Eric Calcagno y el diputado Jorge Landau, se descartaron los cargos que enfrentaba por cerrar una pesquisa relativa a una beba robada en la dictadura y que recuperó su identidad 30 años después y por lo ocurrido a Luz Faingold, detenida a los 17 años en febrero de 1976, violada y enviada luego a un instituto de menores por Miret.

El camarista había presentado la renuncia al cargo cuando estaba al borde del juicio político, pero nunca fue aceptada por el Poder Ejecutivo por lo cual no pudo evitar la destitución.

El jury estuvo presidido por el juez Carlos Bossi e integrado por su colega Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano, los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti.

Diario Registrado, 11 – 03 – 11