También la publicidad de los apellidos de tres jerárquicos investigados es un detalle novedoso y alentador. El propio jefe del penal, Leonardo Musolino, confirmó la separación de sus cargos de los tres jefes, el de seguridad interna, Leonardo Escobar; un jefe de turno de apellido Virlongo, y el de inspección, de apellido Valdez.

Eduardo Duhalde, secretario de DD.HH. de la Nación, ordenó a través de la Subsecretaría de Protección de los DD.HH., a cargo de Luis Alén, presentarse en la causa como parte querellante. La representación estará a cargo del abogado Fernando Peñaloza, que fuera representante del adolescente Ricardo Videla –condenado ilegalmente a perpetua y que apareció ahorcado en la cárcel de adultos en junio de 2005– cuyo caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene al Estado argentino en la columna del debe. Precisamente, las torturas filmadas ocurrieron mientras las cárceles de Mendoza se encontraban intervenidas por el Servicio Penitenciario Federal, hasta diciembre pasado.

“Es cierto que este gobierno (de Celso Jaque) mejoró en los últimos años la situación carcelaria –dijo Peñaloza a Página/12. Pero también es cierto que ninguno de los tantos hechos aberrantes ocurridos antes (durante la gestión de Cobos) fueron investigados por la Justicia ni alcanzado a condenar a penitenciarios. El mensaje de la Justicia es claro: mataron a más de veinte y no se investigó ninguno. Solamente un caso tuvo condenas de guardias, en la colonia Gustavo André, cuando varios presos amotinados murieron asfixiados y los penitenciarios no hicieron nada.”

Entre los investigadores hay coincidencia en los próximos pasos. Analizan, incluso, el rol de los médicos. Para la fecha del video de las torturas, no hay asentada en los libros médicos ninguna anormalidad, lo que da la pauta de que podría haber cobertura médica, se entiende, no de obra social.

Página 12, 04 – 01 – 11

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“Todos hemos pasado por la picana, los golpes y el submarino; yo estuve colgado”

Daniel Calivares

En el juicio por delitos durante la dictadura declararon dos testigos. A uno se lo llevaron por error y al otro por precaución.

Arturo Marcos Garcetti era secretario general del SUTE cuando ocurrió el golpe de Estado. Esa misma noche del 24 de marzo de 1976, alrededor de diez hombres ingresaron a su casa y se lo llevaron detenido. Luis María Vázquez era empleado estatal cuando dos soldados lo fueron a buscar. Aún faltaban algunos meses para el golpe de Estado: era el 1 de diciembre de 1975 y las Fuerzas Armadas ya se encontraban deteniendo gente.

Ambos ex presos políticos fueron testigos ayer en el juicio por delitos de lesa humanidad que se está llevando adelante en Mendoza y que tiene como acusados a Juan Agustín Oyarzábal, Mario Lépori, Dardo Migno, Paulino Furió, Eduardo Smaha, Luis Rodríguez, Celustiano Lucero y Tamer Yapur.

Antes del golpe
Vázquez salió del baño luego de que escuchó que unas personas le preguntaban a su jefe por él. En ese momento se encontraba trabajando en la oficina de Suministros de la Dirección General de Escuelas cuando vio que los dos sujetos que lo buscaban estaban uniformados. Afuera del edificio, mientras tanto, se había montado un gran operativo militar. Una vez en la calle, el hombre fue subido primero a un camión y luego a una camioneta, en donde le colocaron una capucha y le ataron las manos con alambres.

“Iba muy asustado, anduvimos un tiempo largo hasta que llegamos a un lugar y me hacen bajar, era un lugar fresco, ahí hicieron una parodia de fusilamiento”, relató. El lugar al que se refiere Vázquez no era otro que la Compañía de Comunicaciones y el simulacro no sería el único, ya que hubo dos más durante las semanas en que el testigo estuvo detenido en ese lugar. Vázquez, quien no se quiso explayar sobre los tormentos físicos que sufrió durante su detención, explicó: “Todos hemos pasado por la picana, los golpes, el submarino; yo estuve colgado un tiempo”.

Tras estar en Comunicaciones, Vázquez fue trasladado a la Penitenciaría provincial y en setiembre de 1976 fue uno de los tantos pasajeros trasladados a bordo de un avión Hércules a La Plata, en donde lo alojaron en la Unidad 9 del penal de esa ciudad para, finalmente, llevarlo a Caseros, de donde fue liberado en 1980. “Los cinco años fueron para destruirnos moral e ideológicamente, muchos no lo soportaron y destrozaron sus cabezas contra la pared, otros rompieron los vidrios y se cortaron las venas”, contó entre lágrimas Vázquez, quien señaló que, años después, un familiar militar le contó que a él se lo habían llevado “por si las moscas” debido a que años antes había sido fundador de un sindicato estatal.

Durante el golpe
El otro testigo, Marcos Garcetti, fue llevado de su casa el 24 de marzo de 1976 luego de que, por lo menos, diez personas vestidas de civil lo fueron a buscar. Su primer destino, por unas horas, fue la Policía Federal, después el Liceo Militar General Espejo, la Compañía de Comunicaciones y La Plata fueron sus “hogares” durante la detención, que duró un año y medio.

Garcetti, en ese momento, estaba al frente del sindicato de docentes mendocinos y el único interrogatorio que tuvo fue con preguntas referidas a su actividad sindical. “Era insistente la pregunta de por qué hacíamos paro, por qué siempre en marzo, qué buscábamos con eso. Notaba una especie de resentimiento”, señaló el docente ya jubilado. Según explicó Garcetti, en una oportunidad, tras una cena, desapareció un cuchillo y ahí entró en escena el acusado Dardo Migno, quien levantó a todos los detenidos de la cama y les gritó: “Acá no va a ser como en Trelew, no va a quedar ninguno vivo si no aparece el cuchillo”.

Finalmente, el cuchillo no apareció y todos quedaron vivos. Garcetti, igual que Vázquez, fue pasajero del Hércules y en julio de 1977 fue liberado tras una charla con Furió en la Penitenciaría mendocina. Allí, Furió le señaló que su detención había sido un error, ya que no era una persona representativa de la izquierda.

El Sol, 02 – 02 – 11