Por Rodolfo Yanzón*

Santiago Maldonado continúa desaparecido. Ni extraviado ni perdido. En el allanamiento al escuadrón de Gendarmería Nacional en El Bolsón se encontraron cabellos, manchas de sangre y una soga.

Mientras se intensificaban los reclamos por la aparición con vida y para que el Gobierno brindase información seria y actuase en consecuencia, Mauricio Macri y su mujer enviaron condolencias a Máxima Zorreguieta por la muerte de su padre Jorge, miembro de las patronales del campo como la Sociedad Rural Argentina (SRA). Por esa membresía fue funcionario de agricultura en la última dictadura. Bajo su gestión centenares de empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fueron cesanteados, otros secuestrados y torturados y al menos 4 integran las listas de desaparecidos, por el hecho de pensar un INTA comprometido con los pequeños productores, las economías regionales y familiares, en vez de estar al servicio de las patronales, como reclamaba el diario La Nación, que desde sus editoriales exigía barrer con los subversivos.

Con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Armada se hizo cargo de la intervención del INTA. El diario de los Mitre -coherente a la hora de defender los intereses de los terratenientes- saludó jubilosamente el cambio de escenario. El padre de Máxima falleció en una cama de hospital sin haber sido llamado por la justicia federal, aunque sus movimientos en Holanda debieron ser acotados debido a su rol en dictadura.

Para Macri no sólo falleció el padre de Máxima, sino un conspicuo representante de la élite para la que gobierna, un civil de la dictadura que formó parte de entidades creadas luego de la ocupación militar de tierras durante fines del siglo XIX y principios del XX, a las que voces como La Nación insisten en llamar “desierto”.

Como un intento más de eludir su propia responsabilidad, el Gobierno culpó a la familia de Maldonado por no colaborar (ocioso es decir que ningún funcionario se comunicó con ella) Mientras tanto, Esteban Bullrich hacía campaña con meter pibes presos todos los días, tal vez recordando el proyecto de bajar la edad de punibilidad, o la ley que restringe la libertad en el proceso penal, aprobada recientemente. No son fallidos, como pretenden algunos medios en aras de salvar lo que queda del candidato, sino la cruda manifestación de su propia ideología elitista, con la tranquilidad de que la cárcel no está hecha para gente como ellos, y de contar con la cobertura de grandes medios para obturar todo debate político, manipular la información, insistir hasta el cansancio en que las culpas son de los que se fueron -incluso de la suba del dólar- y hacer creer que las metas de las élites son comunes a todos. El gobierno de Ceos necesita una democracia en su más mínima expresión, aquella en la que sólo se vota para elegir gerentes. Por eso Vidal quiere debatir sobre elegir menos y alargar períodos. Si fuera por ellos, ni el voto dejarían.

Maldonado estaba en Cushamen apoyando el reclamo por la tierra, pero no es el primer desaparecido, ni el primer hecho de represión sobre el pueblo mapuche, que recrudece a medida que se intensifican las acciones. Entre las víctimas están los Calfullanca en Cholila o Nahuelpan en El Bolsón. Pero esta vez no desapareció un mapuche, sino un hombre caucásico. Al parecer, los mecanismos de ocultamiento y negación que buscaron invisibilizar no sólo reclamos sino a una parte de los habitantes, dieron sus frutos.

Ante las denuncias sobre la desaparición de Maldonado el Gobierno arremetió con una táctica, que no por vieja deja de ser nauseabunda: inventar un enemigo, presentarlo peligroso y violento, machacar en el lenguaje de la persecución política hablando de terrorismo. Cuando el kirchnerismo quiso debatir la llamada ley antiterrorista, nos opusimos alertando que iba a ser utilizada para la persecución. La ley finalmente fue aprobada, con apoyo del macrismo, que hoy sigue los pasos de sus aliados trasandinos persiguiendo dirigentes mapuches acusándolos con una ley similar, resabio de la dictadura de Pinochet. Aplicando esa ley, Chile pide la extradición de Facundo Jones Huala, detenido por orden de la justicia federal, a la que la SRA y los gobiernos nacional y provincial presionan para que falle en su contra.

La construcción de un enemigo resulta más fácil si se cuenta con medios de comunicación y periodistas dispuestos a batir el mismo parche. Lanata presentó un informe sobre la guerrilla mapuche e Infobaedifundió fotos de las armas, todas herramientas de campo como la hoz y el martillo (tal vez por eso el temor). Patricia Bullrich dijo que no iban a tolerar una república autónoma mapuche en medio de la Argentina, y otros echan mano a la idea, recurrente y ramplona, que los mapuche son chilenos, que los tehuelches eran los habitantes de este lado de la cordillera (como si éstos hubieran recibido mejor trato por ello). De paso, el Gobierno también se empecina en dejar atrás una legislación sobre migración que es ejemplo a nivel mundial, para enrolarse en las políticas antiinmigrante, con la expulsión como herramienta prioritaria.

Invisibilizar el reclamo una vez más, porque no sólo están los intereses de la SRA de por medio, sino porque inevitablemente nos llevará a discutir el origen espurio de la tenencia de la tierra y el latifundio. Pero no sólo invisibilizar el reclamo, sino también a esas comunidades que tienen el tupé de alzar su voz en vez de mantenerse calladas y sometidas. Presionarlos y atacarlos para que bajen la vista, no ahorrar esfuerzos en vituperarlos, quebrarlos y aislarlos. Tildarlos de “terroristas” es parte del juego. Invisibilizar su despojo, pero también su realidad, porque si se es trabajador y pobre, se es doblemente pobre por ser indígena, ellos viven el rebencazo de la conquista y el arrebato, día a día, sin descanso desde hace más de un siglo.

Un sinfín de operaciones se montaron para desviar la atención; el Gobierno ofreció recompensa para gritar en un lugar donde no están los huevos y hasta el primer defensor del 2×1 a favor de genocidas, el Secretario de DDHH Claudio Avruj, habló de extravío para absolver a la fuerza estatal.

Jones Huala dice que la acusación de terroristas es fruto de la ignorancia, que más violencia hay en el fútbol. Tal vez apunte a los orígenes de la carrera de Mauricio Macri en Boca Juniors, donde trabajó junto a María Eugenia Vidal. Miembros de la barra brava como Rafael Di Zeo contaron con su apoyo incondicional durante su estadía en la cárcel. La mafia de la barra brava boquense fue incondicional aliada del hijo de Franco. Hoy el club es dirigido por un macrista de ley -es abogado- que pivotea entre los negocios turbios del ambiente futbolero y las operaciones judiciales y de inteligencia. No son sólo los Panamá Papers, las coimas, los tarifazos, la autocondonación de la deuda del Correo, o el hecho -alejado de toda ética- de tener en el Gobierno a representantes de las empresas beneficiadas. El paso de Macri por Boca es la descripción más cruda de la falta de escrúpulos del mejor equipo de los últimos 50 años y de la hipocresía del discurso contra la corrupción, que cuenta con la cobertura de grandes medios como Clarín. A Vidal y a Macri habría que preguntarles “¿De verdad me hablás de un compromiso en la lucha contra la corrupción?”.

Buenos Aires, 11 de agosto de 2017

*Abogado. DDHH

Fuente: La Tecl@ Eñe