Repudio a la ordenanza “pro vida” de Malargüe

Sep 09, 2018 La Quinta Pata Género y Feminismos Comentarios desactivados en Repudio a la ordenanza “pro vida” de Malargüe

Fotos: Sara Gutiérrez

El departamento de Malargüe aprobó una ordenanza “pro vida” que, desconociendo la legislación y jurisprudencia vigente, atenta contra derechos adquiridos de rango constitucional.

Dicha ordenanza crea el Área de Protección de la mujer embarazada y del niño por nacer para que acompañe a mujeres embarazadas consideradas “vulnerables”. Y en esta última categoría incluye, entre otros casos, a las víctimas de violación, obstaculizándoles el acceso a un aborto seguro y gratuito, declarado no punible en esos supuestos desde 2012 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La ordenanza, que utiliza un lenguaje patriarcal y discriminatorio, también amenaza con remover de su cargo a lxs profesionales de la salud que practiquen las prácticas abortivas aún en los supuestos no punibles.

Por ello, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito regional Mendoza emitieron un comunicado repudiando dicha ordenanza, al cual adherimos y compartimos a continuación:

Comunicado en repudio de la aprobación de la ordenanza 1944/2018 del municipio de Malargüe

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito regional Mendoza sentimos imperioso expresar nuestro más fuerte repudio a las y los ediles responsables de la aprobación de la ordenanza 1944/2018 del municipio de Malargüe. Ya que implica no sólo un claro ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, sino también una violación a los derechos humanos de las humanas.

Esta «norma» muestra un intencional desconocimiento e incumplimiento de la legislación vigente en materia de salud pública, justicia social, violencia de género y autonomía de las mujeres, les niñes y personas con capacidad de gestar, reconocidos en el país desde 1921 en el Código Penal (art. 86), el fallo F.A.L. de 2012, la Ley 26485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Tratados internacionales como la CEDAW y la propia Constitución Nacional, por mencionar sólo algunos. Asimismo, promueve la persecución para los y las efectores y profesionales de la salud que, en cumplimiento con la ley, garanticen el derecho ya reconocido a la interrupción legal del embarazo en los casos de violación y de peligro para la salud y la vida de la mujer/persona gestante.

Ante esta situación de vulneración de derechos, y entendiendo que se trata de una aberración jurídica y política, es que llamamos a la ciudadanía de Malargüe, de la Provincia y de todo el país a acompañarnos una vez más y denunciar a quienes pretendan obstaculizar el acceso a la salud y derechos sexuales y reproductivos de la población.

Además, denunciamos que, en todo el territorio de la provincia, los sectores fundamentalistas y antiderechos -mal (auto)denominados “provida”-, están desplegando acciones para obstaculizar la aplicación de la Ley 26150 de educación sexual integral en las escuelas, apelando a argumentos falaces y mentirosos para desinformar al pueblo y poner una vez más en riesgo la integralidad y la protección de las niñas, niños, niñes y adolescentes. Son los mismos sectores que hace pocos meses atrás reclamaban mejorar la educación sexual en las escuelas ante diputadxs y senadorxs para contraponerse a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los que hoy están -ante sorpresa de nadie– promoviendo que no se dicte educación sexual integral en las escuelas.

¡Cuánta hipocresía cabe en quienes se arrogan defender “la vida”! Solicitan no cumplir con leyes vigentes, adecuar las normas a sus ideas religiosas y así imponer a toda la población sus creencias particulares. El resultado de estas acciones nefastas es más desamparo porque niegan las posibilidades reales de prevenir los embarazos no deseados y arrojan una vez más a parte de la ciudadanía a la clandestinidad, a la gestación forzada y a actos heroicos que ningún Estado puede ni exige a ningún otro ciudadano más que a las mujeres, las niñas y a las personas con capacidad de gestar.

¡Nosotrxs seguimos en campaña y no nos van a parar con estas maniobras oscurantistas!

El Estado es responsable porque cuando tuvo la oportunidad de ampliar los derechos humanos para las humanas no lo hizo y permite que ocurra la sanción de ordenanzas aberrantes e inconstitucionales como esta.

Exigimos al Estado provincial:

Derogación ordenanza 1944/2018 del municipio de Malargüe
Derogación de todas las leyes y ordenanzas que atenten contra los derechos humanos reconocidos para las mujeres, niñas, niñes y personas con capacidad de gestar, especialmente la Ley 8116.
Las acciones necesarias para un acceso real y fluido a los ILE.
Implementación inmediata Ley 26150 de educación sexual integral en las escuelas
Fortalecimiento y promoción del Programa Provincial de Salud Reproductiva.

Ni un paso atrás

Al silencio NUNCA MÁS

Educación sexual para decidir,

Anticonceptivos para no abortar,

Aborto legal para no morir