Marcha por líderes sociales colombianos fue un logro, pero resta camino por andar

Ago 04, 2019 La Quinta Pata Latinoamérica Comentarios desactivados en Marcha por líderes sociales colombianos fue un logro, pero resta camino por andar

Luego de las grandes movilizaciones del pasado 26 de julio para condenar los asesinatos contra dirigentes sociales; políticos y activistas afirman que resta aún mucho por hacer aunque califican de logro las marchas en medio centenar de ciudades.

Por María de Jesús Mirel para Prensa Rural

«Las protestas y el consenso nacional dirigido a repudiar tales crímenes constituyen un nuevo paso de avance si de consolidar la paz se trata», afirmó en su cuenta de Twitter el senador Iván Cepeda, representante del Polo Democrático Alternativo, mayor convergencia de izquierda en Colombia.

En unas 58 urbes del país cafetero y de otras naciones defensores de derechos humanos promovieron caminatas por céntricas avenidas la semana previa con el fin de reclamar protección para los líderes y lideresas, víctimas de lo que consideran un plan de exterminio sistemático.

«El Gobierno debe escuchar el clamor de las multitudes y adoptar medidas encaminadas a terminar con dichos actos criminales», insistió el congresista, impulsor de la campaña internacional en defensa de los activistas y de la plataforma Defendamos la Paz (DLP).

Con ecos en casi 30 países, DLP denunció que suman más de 400 los dirigentes populares ultimados desde la firma del llamado Acuerdo Final entre el Gobierno y las antiguas FARC-EP, tras más de medio siglo de conflicto armado interno.

«Este baño de sangre debe terminar, es necesario que se emprendan las acciones necesarias con el objetivo de acabar con estos sucesos», reza un llamamiento previo firmado por integrantes de DLP, entre ellos parlamentarios y artífices del pacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), actualmente partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Además de esos linchamientos, más de un centenar de exguerrilleros farianos fueron aniquilados desde el 24 de noviembre de 2016, cuando el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y la máxima figura de ese grupo, Rodrigo Londoño, rubricaron el segundo documento en el bogotano teatro Colón con el que se comprometieron a silenciar los fusiles de manera indefinida y a emprender una serie de tareas y proyectos, algunos incumplidos y otros a medio camino.

Con el nombre de «El grito», hombres y mujeres de una treintena de países respaldaron en las calles el llamado de DLP y exigieron respeto por los acuerdos conseguidos luego de unos cuatro años de negociaciones en la capital cubana, así como la reapertura de los diálogos con el insurgente Ejército de Liberación Nacional, activo hace más de 50 años.

«Hace tiempo que no se movilizaba tanta gente en Barranquilla, en general fue una respuesta multitudinaria, los colombianos reivindicamos el derecho a la vida y seguiremos la batalla hasta conseguir que sean atendidos nuestros reclamos», comentó a Prensa Rural una de las organizadoras de la marcha en la también llamada «Arenosa».

La confrontación bélica ha dejado unos 300 mil muertos, casi siete millones de desplazados de sus lugares de origen y millares de desaparecidos. El aparente cierre del conflicto con las FARC-EP abrió todo un horizonte de esperanza, pero los incumplimientos gubernamentales de acápites claves contenidos en el histórico documento, así como la oleada de asesinatos selectivos desatada desde hace casi tres años, ponen en riesgo lo consensuado en La Habana y rubricado luego en Bogotá, aseguran analistas.

Según lo concertado, tras la firma de la paz los exguerrilleros además de abandonar las armas deben gozar de alternativas económicas que les permitan sustentarse y principalmente garantías para su seguridad y la de sus familiares. Junto a las fallas en los proyectos productivos ideados inicialmente y el insuficiente financiamiento destinado a la etapa de postconflicto, es deficiente también la implementación de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito por otros de fines legales, pacto clave para la transformación de las zonas rurales, el cual prevé la ejecución de programas de desarrollo en dichos escenarios, sin concretarse hasta ahora en la mayoría de los casos. Pero parar el exterminio del que son objeto tanto los líderes como los excombatientes resulta una de las prioridades.

Los colombianos recuerdan aún el genocidio sufrido por los miembros de Unión Patriótica, un partido fundado en 1984 como fruto de un fallido proceso pacificador. A partir de entonces fueron exterminados cinco mil integrantes de esa organización.

Los casos de los «falsos positivos» resultan otro de los capítulos tenebrosos de la historia colombiana. Con la finalidad de exhibir supuestos éxitos militares frente a las FARC-EP, fueron secuestrados y baleados entre 2006 y 2009 más de cinco mil jóvenes civiles, presentados luego como rebeldes ante la opinión pública. Gobernaba Colombia en aquel momento el ahora senador Álvaro Uribe.