Publican edictos autorizando exploraciones uraníferas en San Rafael

Mar 28, 2009 La Quinta Pata Mendoza Comentarios desactivados en Publican edictos autorizando exploraciones uraníferas en San Rafael

San Rafael. El conocido e importante documental “Memoria del Saqueo” de Fernando Solanas, resurge con fuerza inusitada al tratar de entender las intenciones del Gobierno de la provincia de Mendoza, en su pretensión de entregar, como lo hace San Juan, los recursos minerales de la cuenca andina de Mendoza, verdaderos bienes estratégicos de la provincia, a empresas foráneas que desarrollan la actividad macro minera a cielo abierto con químicos, prohibida expresamente por la ley 7722 en plena vigencia.

Es muy llamativo entonces ver cómo en forma reciente, han aparecido publicaciones edictales en el Boletín Oficial de la Provincia, referidas a actividad de exploración de minerales de primera y segunda categoría, incluyendo minerales radiactivos, cuando eran expedientes iniciados en 2005 y que conforme el propio sistema oficial de control del movimiento de piezas administrativas (www.mesas-web.mendoza.gov.ar), han estado paralizados en la Dirección de Minería, sin registrar movimiento alguno, desde hace más de 1.200 días.

Estas exploraciones tienen un denominador común, el solicitante, que resulta ser una «empresa conocida», no solo por los mendocinos sino también por algunos funcionarios y ex funcionarios locales: Maple Minerals Inc., la misma empresa de capitales canadienses que durante el gobierno de Cobos adquirió cateos por 952 Km2. (Denunciados públicamente por La Voz de la Tierra),la misma que también compró cateos mineros uraníferos en Chubut, y la misma que a menos de un año de haber solicitado los derechos de exploración, conformó una nueva sociedad denominada MEGA URANIUM ARGENTINA S.A., con su socia Mega Uranium LTD, las 3 – curiosamente – domiciliadas en el mismo edificio, piso y oficina de Ciudad de Mendoza., con un capital social de tan solo $50.000.

Es importante señalar que esos cateos comienzan cerca del arroyo Las Peñas hasta cercanías de Agua del Toro y desde allí se desplazan por la cuenca del Río Diamante hasta culminar en Valle Grande, previo paso por la Cuesta de los Terneros. Son 95.200 hectáreas, realmente una superficie enorme sobre la que basaba el proyecto. «Comparable al espacio que ocupan, por ejemplo, los departamentos Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú juntos (Según Los Andes de la época)».

Se exponía a un alto riesgo ambiental las importantes aguas del río Diamante, en el área donde la empresa pensaba explorar y explotar uranio sin tener en cuenta significativas zonas turísticas de San Rafael, como son los diques Valle Grande (el más visitado del departamento), Los Reyunos y Agua del Toro a la vez que podría generar consecuencias imprevisibles para la vida del oasis sur y la salud de la población.

Incógnitas
No podemos soslayar el enigma de los interrogantes, que tal vez ameriten una fuerte investigación:
– ¿Cómo es que recién a casi CUATRO AÑOS de solicitados los derechos mineros, recién en enero de 2009 se efectúan las publicaciones edictales?
– ¿Qué empresa minera está dispuesta a invertir «millones de dólares», según sus propias afirmaciones, en exploración, que es el primer paso para luego obtener derechos de explotación, si esta última está prohibida por ley?
– ¿Qué se esconde detrás de este túrbido proceder en materia minera?
– ¿O tal vez sea simplemente, la admiración oculta de algunos funcionarios locales por los jugosos negocios mineros que en San Juan involucran a sus gobernantes en forma directa y descarada, denunciados por diversos medios periodísticos a nivel nacional?

Concluyendo
Sería importante para la tranquilidad de la población, que la legislatura provincial y/o la fiscalía de delitos complejos investigaran estas actividades empresariales y procedimientos de funcionarios, donde está en juego, ni más ni menos, la entrega ignominiosa de los críticos y estratégicos recursos minerales mendocinos.
A la vista de lo que acontece, no sería de extrañar que solapadamente se esté maquinando la derogación de la ley 7722 aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras de la legislatura de Mendoza.

La Voz de la Tierra y No a la mina, 26 – 03 – 09