Contra toda la legislación vigente insisten en mantener supuestas «cooperativas de trabajo» que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha sancionado tras demostrar el mega fraude laboral de la «Cooperativa Colonia Barraquero» que afecta a más de 17.000 empleados en el país. Esta es la misma que provee de mano de obra a Campo Grande S.A. y la mayoría de las empresas exportadoras de ajo locales. La resolución 806/2008 del INAES expone claramente cómo esta «cooperativa» encubre, en realidad, relaciones laborales con la patronal que nada tienen que ver con el asociativismo.

Los aportes jubilatorios de cientos de empleados defraudados, habiendo sido descontados y retenidos durante años por «Colonia Barraquero», no figuran ni en la AFIP ni en la ANSES. Por el contrario, figuramos como «monotributistas» en situación de deuda con el Estado, por los años en que nuestros aportes no han sido ingresados al sistema previsional. Un fraude sin nombre, a trabajadores que cargamos, quizás, con las más duras tareas de la economía regional.

Mientras, las exportaciones ajeras han reportado durante los últimos años extraordinarios aumentos de precios internacionales, nuevos mercados y el aumento de las hectáreas dedicadas a su producción. Por ello se lo califica como la «vedette» de 2007, que alcanzó 88,6 millones de dólares de producción (frente a los 65,7 millones de 2006).

Ante ello, durante toda la pasada temporada los trabajadores reclamamos que se terminara con el fraude laboral de «Colonia Barraquero» en la empresa Campo Grande S.A. Cientos de empleadas y empleados protagonizamos numerosas protestas y enviamos más de 300 cartas documento reclamando el blanqueo de la relación laboral. Sufrimos una brutal represión sobre mujeres embarazadas y adultos mayores que el 29 de noviembre de 2007 protestábamos pacíficamente frente a la empresa. Los golpes recibidos condujeron a la muerte a nuestro compañero y delegado Carlos Erazo de 51 años y padre de una hija.

Sólo pedimos estar bajo el amparo de las leyes laborales y nuestros derechos más elementales e indispensables. Esta extorsión de la patronal, sólo agrava la situación. Luego de haberse confirmado la ilegalidad de las fraudulentas «cooperativas de trabajo» y las terribles condiciones en que trabajamos, deberíamos estar discutiendo bajo qué figura legal se blanquea la relación laboral, se regulariza la situación de nuestros aportes jubilatorios y se termina definitivamente con la explotación infantil en la temporada que comienza. El gobierno le ha otorgado recientemente subsidios de hasta 2 millones de pesos para cada empresa exportadora, pero no le exige que terminen de actuar bajo estas condiciones de absoluta ilegalidad y explotación.

No se nos permite al día de hoy estar sindicalizados, bajo el argumento de ser «socios» de estas «cooperativas». Sin embargo, logramos el reconocimiento de la Justicia de Mendoza que con una medida cautelar de la Segunda Cámara Laboral, ha ordenado reinstalar en la empresa en calidad de delegados gremiales a los trabajadores José Soto y Fabián Bravo, despedidos por la empresa durante el conflicto. A pesar de esta resolución judicial, la empresa no permite a los trabajadores reinstalarse en sus puestos de trabajo, paralizando la empresa cada vez que se presentan a trabajar, contratando punteros y matones a sueldo para amenazar a los trabajadores y extorsionando a la comunidad con la amenaza de nuevos despidos, en una muestra más de su absoluto desconocimiento de la justicia.

Creemos que esta situación y esta injusticia que vivimos miles de trabajadores y nuestras familias diariamente merece ser conocida y difundida, para que los derechos de nuestras familias y nuestros niños no sigan siendo pisoteados.

Muchas gracias.
Contactos: José Soto: (0261) 15-6386-477; Fabián Bravo: (0261) 15-5167-511; Dr. Tomás Celli, abogado de los trabajadores: (0351) 15-5296-723

Trabajadores de Campo Grande y Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh, 10 – 12 – 08