La escalada del poder financiero a partir de 1976 y consolidada en los 90, fue abonando, a través de un conjunto de medidas combinadas mediante Leyes y/o Decretos del Ejecutivo, el modelo de Estado que implementó el cambio. Éste fue apoyado por los medios que proclamaban y exaltaban las virtudes del individualismo y de la capitalización a través de las AFJP, desacreditando el sistema solidario estatal de reparto.

Fuimos muchos los que denunciamos las consecuencias nefastas de este modelo, y luchamos contra su imposición. Hoy la historia nos ha dado la razón, pues el Estado Nacional debió salir al rescate de aquellos que aportaron por años a las AFJP y no les alcanza para una jubilación mínima (subsidio al 77% de los jubilados de AFJP). Además, debe tomar medidas urgentes para evitar mayores daños con la caída en picada del valor de los depósitos y, por ende, de las posibilidades jubilatorias de las mayorías.

Esto no es otra cosa que cumplir con su rol constitucional e irrenunciable de garante de la previsión social.

La privatización compulsiva de las jubilaciones fue posible a partir de la implementación de una táctica publicitaria que incluyó medidas de facto tales como:

* Privación del derecho a elegir, mediante la afiliación compulsiva de los nuevos trabajadores (jóvenes); traspaso ilegítimo de los mayores, sin dar tiempo ni información suficiente para elegir, y después de una seudo-consulta que no se respetó.

* Adoctrinamiento de un ejército de jóvenes promotores que se introducían en todos los ámbitos de trabajo para vender jubilaciones (a cambio de una comisión, y en circunstancias en que no podían conseguir otro trabajo digno y estable).

* Campañas mediáticas pro-capitalización acerca de las supuestas ventajas del individualismo. Los aportantes a las AFJP vivían en la ficción de ser accionistas (creyendo conseguir como inversionistas mayores montos para jubilarse, sin compartir su suerte con los demás).

* Estrategias de venta que se articularon sobre el ocultamiento total o parcial de la información.

* No se manifestó que el traspaso de aportes desde el Estado al ámbito privado significaba desfondar las arcas fiscales y desfinanciar a la ANSES.

Todo esto se combinó con otras medidas de despojo tales como: la baja de aportes patronales y del trabajador; trabajo en negro (es decir sin aportes), descuento del 13% a las jubilaciones, desocupación, aumento de la edad para jubilarse en los regímenes especiales, etc., que también impactaron negativamente sobre el sistema previsional. Al mismo tiempo, profundizaban en la misma dirección un modelo político-económico nefasto de saqueo y exclusión de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que inevitablemente pasaban a engrosar las abultadas arcas de la miseria.

Alcanza para graficar, con mencionar los aproximadamente doce mil (12.000) millones de dólares apropiados por las AFJP en concepto de comisiones –por cada 100 pesos dólares aportados, 35 eran retenidos en concepto de costo de administración-
Esto realmente aconteció en nuestro país.

Afirmamos que el Estado debe intervenir para satisfacer los derechos fundamentales de la ciudadanía, establecidos en la Constitución. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su tratamiento y sanción busca cumplir tal finalidad, y se encuentra abierto a las sugerencias de reformas propuestas por los distintos legisladores de la oposición, en el pleno ejercicio de sus facultades de representación democrática.
Se trata de la recuperación de las jubilaciones para todos los trabajadores y de la dignificación de la tercera edad, dentro de un proyecto de sociedad más justa y con un Estado garante del bienestar social.

Además, ante el congelamiento de fondos ordenado por el juez norteamericano Griessa, el Estado Argentino demanda a las AFJP por no haber custodiado debidamente los fondos pertenecientes a los aportantes, y exige la repatriación de los fondos invertidos en el exterior. A nadie le caben dudas de que es el poder financiero quién debe pagar las consecuencias de sus propios errores y que no es justo ni legítimo trasladar sus pérdidas al pueblo.

La política de previsión social impulsada por el Gobierno Nacional es coincidente con la desarrollada en otros países de la región que ya se encuentran abocados al replanteo y modificación de lo que constituyó un experimento implantado en la periferia por los países centrales. Estos países hegemónicos, a pesar de ser ultracapitalistas, conservan y protegen el sistema de reparto en sus territorios (EE.UU., Inglaterra, Francia, Italia, España, Alemania, etc.).

Es una necesidad estratégica y la oportunidad es ahora. Sin pérdida de tiempo hay que tomar resoluciones y aplicar medidas para que no se licuen los fondos capitalizados.
Es imperativo pronunciarse –por todos los medios a nuestro alcance- en contra del discurso único que pondera la acción del mercado por sobre las obligaciones constitucionales del Estado.

Ciertamente hay que tomar los recaudos legales y de funcionamiento para extremar los controles de los fondos que se incorporarán a la caja estatal e implementar sensatas restricciones a la discrecionalidad de los funcionarios a través de un organismo integrado por miembros de los tres poderes del Estado, sindicalistas, jubilados y empresarios.

Entendemos que el sistema público, solidario y universal de previsión social es un paso decisivo en el reconocimiento y pago de la deuda interna de nuestra Nación.