3-Reconsiderar las concesiones otorgadas a los servicios públicos que fueron privatizados y que hoy son subsidiados por el Estado, evitando un aumento indiscriminado de tarifas y propendiendo a la reestatización de aquellos que son más necesarios para el bien común;

4-Avanzar en la implementación de un impuesto o gravamen a los propietarios del principal núcleo sojero del país -localizado en la región pampeana- ya que el 70 % de las tierras que producen esta materia prima se encuentra en situación de arrendamiento, con lo cual los propietarios obtienen una ganancia extraordinaria sin inversión ni riesgo;

5-Mantener la actual política de retenciones agrícola-ganaderas para las commodities que siguen siendo rentables, controlar la transferencia de capitales de los servicios públicos privatizados que están en manos de conglomerados extranjeros y regular actividades claves como la explotación de petróleo, gas y minerales estratégicos, recuperando la presencia estatal en esas áreas;

6-Normalizar, lo antes posible, al INDEC para obtener credibilidad y confianza, tanto en el plano interno como externo, respecto de las estadísticas que este organismo oficial proporciona en materia de inflación, tasa anual de crecimiento, monto del PBI, indicadores de pobreza e indigencia, etc.;

7-Evitar una acelerada devaluación del peso, que, de llevarse a cabo, implicaría una escalada inflacionaria y una pérdida notoria del valor del salario de la clase trabajadora, resguardando, al mismo tiempo, el actual nivel general de empleo frente a un creciente clima empresarial que preanuncia numerosos despidos;

8-Diseñar un proyecto de ley de reforma tributaria que impacte sobre las clases sociales de mayores ingresos en beneficio de las menos pudientes, enviándolo al Congreso de la Nación para su tratamiento, con el propósito de recaudar más fondos para el erario público y reinvertirlos en políticas más eficaces de redistribución de la riqueza;

9-Implementar un real y efectivo sistema de equitativa coparticipación federal de los recursos económicos para que todas las provincias puedan contar con los fondos necesarios para su desenvolvimiento y de acuerdo a sus necesidades y prioridades;

10- Gestar diferentes tipos de políticas que aseguren la protección de la producción nacional a fin de resguardar los niveles de empleo y de consumo en el mercado interno, teniendo en cuenta las actuales perspectivas económicas regionales y mundiales;

11-Garantizar, desde el Estado, un régimen único y universal de previsión social para todos los argentinos, a fin de asegurar la solidaridad social, la justa retribución y el porvenir de quienes se acogen a la jubilación, en vista de que el sistema privado de capitalización, además de no ser incluyente, ha plasmado la grave injusticia de privilegiar la rentabilidad de las empresas administradoras en detrimento de lo debido a los aportantes.

Como mendocinos, y siendo parte involucrada en la actual situación nacional, pensamos que esta propuesta sólo tiene posibilidad de ser llevada a la práctica si la misma es respaldada por la mayoría de los sectores populares y de otros sectores de la sociedad que luchan por un porvenir mejor para todos los argentinos. Asimismo, creemos que en este planteo les cabe una responsabilidad indelegable tanto al gobierno como a los partidos políticos y a las organizaciones sociales que se pronuncian en favor de una mayor intervención del Estado en las distintas dimensiones de la realidad social.

Octubre de 2008.

Elena Ramírez DNI 5.951.969
Néstor García 4.030.994
María Josefina Neirotti 28.589.472
Héctor Rubén Cuello 23.932.153
Milca Vargas 1.827.481
Horacio Luis Báez 10.725.005
Julio Rudman 8.148.649
Carmen Arrojo 1.717.172
Vicente S. Reale 6.508.536
Luisa Alicia Centeno 6.060.898
Norberto Rossell 10.121.737
Estela Vergelín 3.049.936
Raúl A. Gallisa 10.036.974
Ana Rouquauel 4.112.720
Gabriel A. Bajach 17.931.742
Celia Simioli 3.705.247
Roberto Follari 8.369.163

Redacción La Quinta Pata, 01 – 11 – 08