La audacia y la ambición de los políticos mendocinos no tienen límites, aún al riesgo de volver a enfrentar pobladas y cortes de ruta, como los que impidieron la explotación del yacimiento en Laguna del Diamante, en el Valle de Uco, por parte de una subsidiaria de la Barrick Gold, con sus accionistas Bush, impulsados en este caso internamente por el gobernador sanjuanino Gioja, que ya los tiene como socios en el yacimiento sanjuanino de Veladero.

Los K, Gioja, Jaque, y ahora un intendente del Gran Mendoza, demoran una ley de uso del suelo prometida durante la campaña electoral y escalan peligrosamente la cordillera para extraer los metales preciosos, de la mano de las compañías piratas, dinamitando montañas con glaciares, secando arroyos y contaminando vertientes por el uso de millones de metros cúbicos de agua y químicos en las piletas de separación de los metales, y peor aún, cobrando mínimas regalías de muy bajo valor -3 por ciento-, sobre las rocas con el metal bruto.

Es la última política criminal, o neoliberal, desde los malditos 90´, con intereses tan grandes y evidentes que los vínculos corporativos se hacen flagrantes, como los de los chilenos virreinales y colonizados de San Jorge, uno de apellido Rojas, que llamó desvergonzadamente en la «cumbre minera» a torcer la ley que impide el uso de cianuro -cuyos efectos, entre otros, inhiben el igreso de oxígeno en los tejidos de los seres vivos-, mientras el intendente hacía un rol prácticamente representativo de la empresa.

Nada nos asombra ya, en el neoliberalismo, por definición, el gobierno de los transaccionistas de mercado, los «grandes jugadores» y depredadores de los bienes vitales, como su intercambio de roles corporativos, también por definición, circulares y funcionales a los intereses comunes, o concurrentes, de los grupos de poder.

Unos cien pobladores del Valle de Uco, ambientalistas, universitarios, docentes, montañistas y vecinos de Las Heras autoconvocados, entre otros, manifestaron a fines de agosto, con máscaras y calaveras contra las minería metalífera desertificadora y envenenadora, frente a los gerentes y ejecutivos de las multinacionales reunidas en un «congreso», junto a la Casa de Gobierno.

Mientras tanto, el socio petrolero K, Cristóbal López, junto con el banquero K , Brito (Macro) anunció sus tratos corporativos con el grupo Uno, del ex ministro menemista corrupto confeso, Manzano, y Vila, una sociedad con capitales iniciales norteamericanos y ahora británicos desconocidos («Ragusa capital» y «Ketsal»), dueña ya de media provincia, con los negocios inmobiliarios de la usurpación y ocupación de tierras para reventa en el pedemonte, y con los servicios privatizados de energía y de agua, entre otros. Todos juntos explotarán los yacimientos petroleros de Chachahuén, en la cuenca neuquina, adjudicadas al grupo en trámites licitatorios irregulares por los gobiernos de Cobos y Jaque, sucesivamente, sobre los mapas de exploraciones realizadas por la petrolera estatal YPF hace cuarenta años, para la entrega, la corrupción y el saqueo de los socios menemistas. La fórmula neoliberal de los mercenarios es muy práctica: unos se presentan para conseguir las concesiones, con más de cien millones de dólares sólo declarados como inversión, y otros vienen detrás con el capital financiero para apostar a las acciones en la bolsa y operar momentáneamente los yacimientos.

Por supuesto, sin descuidar el gran negocio minero: mientras tanto, juegan con la chapa de su pasquín empresario pirata, «El ciudadano» -tal como en Buenos Aires lo hacen con Ámbito Financiero- para hacer de voceros del presidente de la cámara minera, Zenobi, y de los socios foráneos.

Periodista independiente. Periódico Reportero XXI.