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Jul 31, 2016 La Quinta Pata Opinión Comentarios desactivados en Acerca de los derechos de los genocidas presos
En estos días de julio, en donde se cumplen cuarenta años del inicio formal del genocidio del siglo XX en la Argentina, no podemos dejar de estar atentos, no podemos bajar la guardia ante los avances de la derecha revanchista que se ha hecho con el gobierno de la Nación, y de la mayoría de las provincias. Tampoco debemos dejar de denunciar que lo ha hecho montada en una estafa fenomenal, para la que la legislación argentina no tiene leyes aun. Es, sin ningún lugar a dudas, el mismo plan económico y social de la dictadura. Perfeccionada, pues le encontraron la vuelta al sistema democrático, con el simple truco de mentir. Organizada por la embajada de Estados Unidos y con el inmenso aparato del más sinvergüenza de los grupos periodístico – propagandístico de que tengamos memoria, logró ganar las elecciones de 2015. Lo mismo están haciendo, o intentando, en varios países de la región. En lo tocante al desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad, es evidente que el Ejecutivo pondrá el menor empeño posible en colaborar, tanto en lo atinente al financiamiento de tareas investigativas como en la cada vez menos sutil campaña de presión hacia los jueces permeables a no cumplir con la ley, y así demorar todo lo posible la búsqueda de la verdad y las consiguientes condenas.
Nada de esto se nos escapa.
Pero no todo es blanco y negro. O, dicho de otro modo, no las tienen todas consigo.
Los sindicatos empiezan a organizarse, luego de años de desidia, calificación generosa.
Los artistas, en una proporción importante, resisten. En Mendoza impidieron la realización de un concierto oficial, de la orquesta oficial, para festejar la independencia de los Estados Unidos. Y hasta lograron echar a un busca que se había encaramado en el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires. Aunque ahora quizás deban hacer otro tanto con Pitito, otro busca.
La enorme cantidad de organizaciones de la sociedad civil que se crearon y desarrollaron en los últimos diez años, resisten.
Hay un periodismo comunitario, y otro comercial, que, sin ser hegemónico ni mayoritario, resiste y dice la verdad de lo que nos sucede.
La lista es mucho más larga. Pero, lo más importante para nosotros, los militantes defensores de los Derechos Humanos, es que nuestros organismos no han retrocedido ni un paso. Los juicios por delitos de lesa humanidad siguen adelante, mal que les pese a los rufianes (los que entregan a la Patria como un paquete de su prostíbulo) que conforman el gobierno.
Los organismos de DDHH encontramos un camino que no existía, lo creamos nosotros. Nunca tomamos justicia por nuestras propias manos y nos sometimos a la imperfecta Justicia argentina, obligándola a prender y juzgar a los traidores a su propio pueblo. Exigimos que vayan a la cárcel, como todos los delincuentes deberían ir. Y esto porque hace no muchos años, se quisieron hacer los vivos y la pasaban en los cuarteles, atendidos por sus ex subordinados. Pero seguimos avanzando y fueron – los pocos, en proporción, que logramos aprender – a las cárceles.
Pero también dimos ejemplo de civilidad. Nunca insinuamos siquiera, que los maltrataran como ellos sí lo hicieron con nosotros. Nunca mencionamos la pena de muerte. Aceptamos que no sean juzgados por traición a la Patria, pues aceptamos las reglas del juego que nuestra imperfecta legislación prevé.
Y avanzamos más aún. En nuestra provincia – y otras cuatro – se comenzó a aplicar (de forma muy imperfecta todavía) el Protocolo Facultativo Contra la Tortura, mediante la creación, por Ley, de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que monitorea las cárceles y comisarías, tratando que no se apliquen esas aberrantes costumbres que traemos desde la invasión española y el genocidio del siglo XIX. Y esto para todos los presos.
Y nuestra legislación dice que quienes sean acusados son inocentes hasta que, en el proceso, se demuestre su culpabilidad. Por lo tanto tienen derecho permanecer en libertad, a no ser que haya probados indicios de que entorpecerán la investigación o pretenderán fugarse. Somos consecuentes hasta situaciones que podrían parecer irritantes: el ex juez Miret transcurre las instancias del juicio, acusado de los más graves crímenes, en libertad. Otro ex juez, Romano, se escapó, lo recapturamos, y está preso preventivamente. Clarito.
El mismo criterio debemos aplicar para otros derechos. Por ejemplo, el de la prisión domiciliaria para quienes tengan más de setenta años o padezcan enfermedades que no puedan ser correctamente atendidas en la cárcel.
En definitiva, no vemos como una derrota ni un retroceso que haya en este momento alrededor de cincuenta genocidas presos en su casa. Cada vez habrá más, simplemente porque el tiempo pasa para todos. Y nosotros somos querellantes, militantes, no verdugos.
Mendoza, julio de 2016
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