Incluso, el mismo Adaro aseguró que Romano miente cuando dice que los organismos de derechos humanos lo presionaron para que fallara a favor de la Ley de Medios, ya que la denuncia de estos fue presentada antes de que el expediente de la Ley recayera en manos de la Cámara de Apelación, cuyos miembros son Miret y Romano.

No obstante, Adaro, a pesar de las repercusiones políticas que puede tener el hecho, aseguró que la única motivación que condujo al Gobierno a poner la denuncia es colaborar con el reclamo de los organismos y con que se haga justicia con ambos jueces federales.

En el escrito presentado por Adaro se denuncia que tanto Miret como Romano «deliberadamente y con intención manifiesta obstaculizaron las investigaciones dispuestas por otros magistrados».

En la denuncia se afirma que ambos hicieron caso omiso a los pedidos de los abogados defensores de personas detenidas durante la dictadura.

Para el reclamo ante el Consejo de la Magistratura se tomaron en cuenta cuatro expedientes.

Uno de ellos se refiere a la detención e incomunicación de una menor, durante la dictadura.

Según el expediente en el que figura la detención de la chica, esta fue llevada a cabo en virtud de una orden de allanamiento dictada por Miret el 28 de agosto de 1975 en Guaymallén.

En el mismo expediente figura un acta de entrega de la joven a su madre, pero esta fue inmediatamente revocada por Miret, con una diferencia de 30 minutos entre una disposición y la otra.

Según consta en la denuncia, este cambio se hizo sin ningún fundamento y basándose en la Ley 13.944 de Incumplimientos de los Deberes de Asistencia Familiar, que no guarda relación alguna con la detención de la chica.

Asimismo, se los acusa de mal desempeño y de hacer caso omiso a denuncias hechas durante indagatorias que ambos tomaron.

En ese sentido, se nombra el caso de un detenido llamado León Glogowsky, quien denunció la sustracción de 5.600 pesos y, al hacerlo, recibió una golpiza por miembros de la policía, además manifestó que no lo alimentaban.

Otro detenido en ese momento, Ismael Calvo, aseguró ante ambos magistrados que lo golpearon hasta obligarlo a firmar un papel que no pudo leer, mientras una tercera persona encerrada, identificada como Blas Yanzón, denunció el robo de cheques.

Asimismo se los acusa de desatender los reclamos de los abogados defensores y de desconocimiento de derechos.

Finalmente, el escrito pide que se investiguen los hechos que son aportados por la denuncia y que se sancione a los magistrados.

El Sol, 31 – 03 – 10