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Feb 11, 2018 La Quinta Pata La Pata Semanal Comentarios desactivados en Agua, saneamiento y crisis de la equidad
El 30 de diciembre de 2015, a poco de asumir como Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay fue entrevistado en un programa nocturno de televisión, de audiencia por aquellos días bastante nutrida y homogénea. La emisión fundaba su ágil atractivo en el formato de “charla entre iguales”, bajo la especie de una disquisición distendida que, como premisa fundamental, aceptaba por parte del entrevistado el despojo voluntario de su investidura y sus inmediatas consecuencias: el tuteo, la simplificación, el recurso al argot del fútbol o de la oficina, la “buena astucia” compartida, los subrayados efectistas y las construidas proyecciones discursivas en las que la mayoría victoriosa cifraba la avidez de un Nuevo Orden.
Al rondar los cincuenta minutos de coloquio, el reciente funcionario explicó la razón de los primeros incrementos en las tarifas de servicios públicos decididos por la nueva administración: “la otra cosa que hay que tener en cuenta es: asusta en PORCENTAJE cuánto va a subir, ¿viste? Pero puede pasar que hay una factura que pagaba… no sé… 150 pesos, y ahora pasa a pagar… no sé… 350 pesos, ¿viste? Está bien: son 200 pesos, pero 200 pesos son… dos taxis, ¿viste? Eso también es lo que hay que entender”. “O dos pizzas”, convino el entrevistador. “¡Dos pizzas! ¿Viste? –remarcó entonces Prat-Gay- Creo que ésa es la discusión que hay que tener”.
Quedaba instituida, para todo el período, la “Banalidad del Ajuste”, quizás fundada, en tiempos de plantilla amigo-enemigo, en la apuesta a un imperativo moral de “obrar de modo tal que un opositor pueda ponderar tu conducta como universalmente mala”, pues, en tanto la oposición es un constructo moralmente malo, esa ponderación es la garantía ética de que tu obrar ha sido universalmente bueno.
El fenómeno se aprecia, también, en el ámbito local. El día miércoles 7 de febrero de 2018 se llevó a cabo en Mendoza una audiencia pública, a fin de tratar la viabilidad de otro aumento en las tarifas de los servicios de agua y de saneamiento para toda la provincia. Centralmente, se procuraba allí que los usuarios pudieran expresarse respecto de cuestiones relativas a la relación de consumo, en presencia de las autoridades de las empresas involucradas en el servicio y del órgano público de auditoría o control, que también tenían voz.
Al igual que su predecesor en aquella emisión televisiva, el Presidente del Directorio de AYSAM (Agua y Saneamiento Mendoza), frente a la asamblea ciudadana, rápidamente desempolvó el lunfardo de las analogías: “No hablemos de porcentajes, hablemos de costos. Le estamos pidiendo a los usuarios que consuman UNA COCA-COLA MENOS POR MES. Con UNA Coca-Cola menos que el usuario compre, alcanza para pagar el aumento”.
La reiteración, que no deja dudas acerca de que existe una impronta orgánica de acción, nos enfrenta a un hecho incontestable: estamos frente a un cambio de paradigma. Las demandas colectivas e individuales parecen “filtrarse” a través del tejido mercantilista asequible al homo economicus y salir de ese proceso claramente degradadas. El valor de nuestras garantías constitucionales es, en este esquema, un valor de compra, que reconoce equivalentes en otros bienes pequeños y suntuarios que se ofrecen en el mercado: una pizza, un viaje en taxi, una bebida.
Pero sucede que el agua y el saneamiento conforman, en conjunto, un Derecho Humano esencial para el pleno disfrute de la vida y del resto de los Derechos Humanos. Así lo define la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del año 2010, que también exhorta a los Estados a que proporcionen recursos financieros a fin de brindar a toda la población un acceso económico a esos bienes. Incluso ocho años antes, la Observación General nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales había definido al agua como un Derecho Humano indispensable para una vida humana digna, y sugirió que el agua debía disponerse en forma suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso.
La crisis valorativa que se advierte en esta tendencia a la reducción por analogía es, en esencia, una crisis de la Equidad, que conecta en forma directa con una alteración en la percepción del Hombre; es decir, una alteración en la construcción de la subjetividad. Las comparaciones menudas, el marco distendido de especulación sobre hechos fundamentales y las voces pausadas y serenas parecen ser hoy una cubierta estética que ahoga las posibilidades de la Ética y que garantiza la lenta desaparición de ese sujeto antes reconocido y hoy interpelado a partir de la baratija.
Al paradigma de bagatela de los derechos corresponde contestar desde el resurgimiento de una cultura centrada en el valor intrínseco del ser humano. Los derechos esenciales perviven en categorías intangibles cuya asimilación a bienes de mercado aparece al menos disonante con una concepción del Hombre en sentido pleno, así como las demandas sociales a las que debe dar respuesta el Estado no resultan asimilables a los “inputs” empresariales, porque, en miras de la preservación de la dignidad humana, las variables “ganancia”, “pérdida” y aun “caro” y “barato” devienen inaplicables a la hora de su satisfacción.
El problema plantea la necesidad de una reformulación cultural que nos involucre en una mirada integral del Otro en tanto semejante. Edificar una “charla entre iguales” guionada en la letra de una constitución republicana contemplativa de los derechos del Hombre y del Ciudadano, y no en los dictámenes de una mercadotecnia aplicada sobre el colectivo del cual se espera una conducta refleja o consecuente, un taxismo. Construir una dinámica constitucional en la que prevalezcan los enaltecimientos esenciales que nos constituyen como personas.
Ensayar, en definitiva, una praxis humana, para que la reacción cultural integral y definitiva a las consecuencias de este reduccionismo estético no sea una utopía.
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