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Feb 11, 2018 Ramón Ábalo Opinión Comentarios desactivados en Macri decreta de hecho la pena de muerte
En los manuales jurídicos de nuestra Argentina no figura la pena de muerte como castigo ejemplar -y máximo- contra la delincuencia. Pero en las cárceles y en las comisarías la pena de muerte a los reos -y supuestos reos- es una práctica sin retorno. Y también en las calles, desde el gatillo fácil de la policía. Y siempre, también, se contó con la aquiescencia del poder político en el gobierno, que se acrecienta con el poder político del liberalismo que, cada tanto, pero seguido, se sientan en los sillones de la Casa Rosada y las gobernaciones.
Desde los gobiernos dictatoriales, como también de los democráticos del fraude patriótico, la pena de muerte fue una constante. No hacía falta decisión alguna en el marco democrático. Se aplicaba directamente con variada metodología que aparentaba una decisión institucional en función de la preservación de esa misma institucionalidad, casi siempre ésta atravesada por la ignominia del golpe de Estado. O, claro, del «fraude patriótico» de las oligarquías de antaño y de los neoliberales y conservadores cipayos de ahora.
Y, obvio, también la amenaza previa, el apriete, como son las decisiones, por ejemplo de los ataques a los organismos de derechos humanos, tales a los de Madre de Plaza de Mayo y recientemente la organización CORREPI, fundada hace unas décadas por el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y militante comunista, Jacobo Zinmerman. Fue quien, en su pasión solidaria y de la defensa contra la violencia institucional de entonces, en especial contra los jóvenes de las villas y los deseheredados de siempre, quien creó el concepto de «gatillo fácil».
Gatillo fácil, como en el caso del policía al que Macri adorna como héroe, que mató a un delincuente adolescente por la espalda cuando huía. De esta forma Macri, decretó la pena de muerte, sin pasar por los códigos, menos por el Congreso.
Y si nos trasladamos a la Mendoza cornejista, el fenómeno es similar cuando se desvive por cooptar a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, con dardos filosos contra el supremo Palermo y los jueces que cobijan su tarea en el concepto de GARANTISMO.
La pena de muerte se pretendió institucionalizar y ejecutar varias veces en nuestro país, incluso mediante la electrocución, o sea la «silla eléctrica». Este intento lo fue en 1031-32 al bandido Chacho Grande que había asesinado al joven Ariel Ayerza. Pero la historia de los intentos comienza antes, a principios de 1900, en los que ya algunas normas establecían la pena de muerte para los delitos comunes. Se ejecutaban por fusilamiento.
Pero en 1921 se sanciona un nuevo Código Penal -el que está aún vigente- pero que no contempla la dicha pena.
Pero los golpistas, después de 1930, la aplican «manu militari», como lo hizo Uriburu a partir de ese año en que protagonizó el primero de los golpes de Estado. Entre los varios que mandó fusilar, las víctimas más conocidas fueron los anarquistas SEVERINI DI GIOVANI y PAULINO SCARFÓ, en febrero de 1931. Desde el poder se mataba por razones políticas.
Durante la primera presidencia de Perón se estableció la pena de muerte pero para casos específicos como sabotaje, traición y sublevación. Pero nunca se aplicó. Pero sí lo hizo la Libertadora al imponer la Ley Marcial. Mediante fusilamiento fueron ejecutados los generales Valle y Tanco, pero además a civiles en La Plata y Avellaneda, en la Unidad Regional de Lanús, y en León Suárez, a más de medio centenar de civiles y militares. Pero esto fue una masacre al más puro estilo mafioso, pues previamente las víctimas habían sido detenidas y llevadas en furgones a un terreno en esta localidad, y a la voz de que se les dejaba en libertad y al echar a correr fueron acribillados. El honor miliar se destacó por su perversa falsedad en «acto de servicio».
La pena de muerte en la Argentina no está escrita en ningún Código pero el poder institucional o golpista se las arregla para cuando se decide a ejecutar el terror, pena de muerte mediante, como lo está haciendo el macrismo y en cuya cuenta ya lleva varias víctimas ejecutadas por un código personal. Claro, la Bullrich ya ha lanzado una «doctrina» que pretende codificar la pena de muerte que ya están ejecutando.
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