Alfredo Guevara: “la Justicia es el poder que está más lejos de la gente y más cerca de las corporaciones”

Feb 21, 2022 Franco D´Amelio Historia, Quintaesencias Comentarios desactivados en Alfredo Guevara: “la Justicia es el poder que está más lejos de la gente y más cerca de las corporaciones”

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A dos semanas de la Marcha nacional por la democratización de la justicia, el fin de la impunidad y el lawfare, dialogamos con uno de los representantes de la defensa en el caso Tupac Amaru, quien afirma haber vivido de cerca las injusticias del sistema judicial y hace un análisis al respecto durísimo tras haber denunciado al cornejismo ante la CIDH y la ONU.

El primero de febrero en todo el país hubo movilizaciones reclamando cambios sustanciales en la forma de proceder del poder menos democrático del sistema republicano. Mendoza también se hizo eco de esto con una importante convocatoria de gremios, centros de estudiantes, víctimas de la persecución judicial y ciudadanos autoconvocados.

Al respecto de este evento opinó: “me parece que por primera vez en Mendoza se puso en agenda la preocupación de distintos sectores ciudadanos sobre el estado del sistema judicial…en una democracia no puede haber una Justicia corrupta en total connivencia con el poder económico, político, con jueces nombrados por decreto como en el gobierno de Macri…con una mesa judicial…todas estas cosas que han sido denunciadas ante las Naciones Unidas…”

Afirma que la “cooptación del poder judicial que se hizo con Macri, en Mendoza se realizó con Cornejo”, y consideraun avance importante que no sólo las personas ligadas al ámbito judicial sean las que están cuestionando esto, sino también otros sectores como los docentes. “En la época de Cornejo sale un decreto donde pierden el 10% de su sueldo si se enferman o si hacen un paro…el Ítem Aula se consideró que vulneraba muchos derechos y el sindicato inició acciones legales…se sustituye la sentencia que era en contra del gobierno por una a favor, ¡una cosa de locos! Entonces, el ámbito educativo se da cuenta que esto no puede ser” . De hecho, el SUTE y SADOP (docentes privados) apoyaron la marcha del 1F.

“La gente está cansada de los lapsos de la Justicia también, no puede ser que un trabajador que sufre un accidente laboral esté años para cobrar lo que le corresponde, si es que efectivamente le pagan lo que deben”, manifiesta el entrevistado.

Aprietes con nombre y apellido

Para demostrar que no es un opinólogo y que sus declaraciones no son sólo fruto de una visión ideológica, Guevara expuso algunas de las irregularidades que denunció ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en relación con en el proceso investigativo entorno al caso Tupac Amaru en la Provincia.

Allí explica el armado político, mediático y judicial que habría habido detrás de la detención de Nélida Rojas, su familia y más de 40 integrantes de la asociación barrial.

En la denuncia se explica cómo habrían trabajado mancomunadamente el Procurador Adjunto Dr. Gonzalo Nazar con la fiscal Dra. Gabriela Chaves para diseñar un operativo de allanamientos y detenciones a gran escala que tuviera un impacto mediático para posicionar electoralmente a Alfredo Cornejo como un gobernador con “mano dura” contra el delito.

El tema es que “la Jueza que debía firmar las órdenes de allanamiento y detención consideró que resultaba incompetente, razón por la cual uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, también designado por el actual Gobernador, el Dr. José Valerio intervino en forma absolutamente ilegal en la causa, presionando a la jueza Érica Sánchez para que firmara las órdenes de detención”, dicta la denuncia al CIDH.

Un juez de la Suprema Corte auspiciado por el padrino político del gobernador Suárez presionando a una jueza para hacer algo que la misma ley la declara incompetente. Pero sería la misma Justicia la que le daría un revés al turbio proceder oficialista.

El 4 de septiembre de 2017, la Octava Cámara del Crimen de la Provincia ordenó la libertad de Nélida Rojas y su familia.

En su resolución declaró: “La Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal (Chaves) no ha podido acreditar, con el grado de convicción suficiente, la existencia de una “Asociación Ilícita” conformada para cometer delitos, en forma indeterminada. Sus esfuerzos se han dirigido a investigar un posible fraude a la administración pública, pese a que reconoció, en un primer momento que ese delito es investigado por la Justicia Federal”. Asimismo, señaló que no existió una “reconstrucción probatoria seria” por parte del Ministerio Público Fiscal, “y si una clara manipulación de la figura en estudio con otras finalidades”, “… no hay elemento alguno que permita sostener seriamente que en el año 2007 los imputados Nélida Rojas y su pareja Ramón Martinez, constituyeron Cooperativas de Trabajo con el objeto de cometer delitos…”, “…Consideramos que la Sra. Fiscal …. Utilizó esta figura penal, por una parte, para justificar, en el caso de Ramón Martinez y Nélida Rojas, sus detenciones y posterior prisión preventiva, y además, como ya se dijo, poder avocarse a la investigación de un hecho que, entendía la fiscal, no era de su competencia, como el delito de fraude a la administración pública”.-

Sostuvo que las actividades con fines sociales realizadas por la Organización Tupac Amaru son “evidentemente contradictorias con la existencia de un grupo de personas estructurado y organizado con la finalidad de cometer delitos”.

La Cámara señaló que el origen de la causa por asociación ilícita fue irregular, resaltando “la arbitrariedad y falta de objetividad con la que se ha movido la Fiscal de Instrucción en estas causas…”

¿Qué pasó luego con la Octava Cámara? Básicamente se le intentó hacer un juicio político para destituir a los jueces intervinientes auspiciado por el asesor del entonces ministro de Justicia macrista Germán Garavano, el Dr. Carlos Aguinaga, referente del Partido Demócrata y (¿casualidad?) aliado político de Cambia Mendoza.

Es decir, una cámara considera que la fiscal actuó erradamente y sin evidencia sólida para acusar a los integrantes de la Tupac y se le inicia un jury a los jueces que la componen auspiciado por un aliado político del gobernador de turno, ¿eso no es persecución?

Pero, ¿por qué lo harían? Guevara comenta que esto sucede como una estrategia electoral, “decir que los otros son los malos y yo el bueno que busco combatir el crimen…pero cuando me investigan a mí (Cornejo) no, esto pasó en la causa de la Tupac, a (Roberto) Righi (intendente de Lavalle) lo imputaron a dos días de las elecciones, por una supuesta complicidad al haber firmado los avances de obra de las casas que supuestamente estaban mal hechas (que se comprobó era mentira). Pero, ¿entonces por qué no se imputó a Alfredo Cornejo, quien siendo intendente de Godoy Cruz también firmó los avances de obra de las casas de la Tupac en ese departamento?”

ED: ¿Qué reformas cree usted que serían necesarias para tener una Justicia más eficiente en todo sentido?

AG: Primero, hay que entender que todo esto que venimos hablando no es una cuestión partidaria de oficialismo/oposición como nos lo quieren hacer ver. Es algo que afecta a todos los ciudadanos, ¿qué pasa con la Justicia de familia que tarda años en resolver temas urgentes?  ¿con los derechos de los puesteros, de los que trabajan la tierra, de los pueblos originarios?…Tiene que haber juicio político a los responsables de todas estas barbaridades, la sociedad está cansada de sus privilegios,…hay que hacer una justicia sin rezagos medievales…donde los jueces puedan ser removidos y si es posible que tengan periodos, no que duran en su cargo mientras dura su vida; el juicio por jurado debe ser en todos lados, porque es una forma de democratizar la justicia…, que se establezcan y respeten los plazos para juzgar, la justicia lenta no es justicia, no puede ser que se demoren tantos años para juzgar…esto tiene que ver con modificar los códigos de procedimientos, las prácticas, costumbres, es una reforma amplia…con participación ciudadana, hay que democratizar porque la Justicia es el poder que está más lejos de la gente y más cerca de las corporaciones…”  

ED: Hablando de plazos ¿cómo sigue el caso de esta asociación barrial hoy?

AG: “Nosotros iniciamos en abril de 2017, vamos a cumplir cinco años de causas paradas, existen causas mediáticas, pero no reales, hablamos de expedientes vergonzosos, cajoneados, son tan impresentables que son ilevantables. Mientras tanto avanza la denuncia frente a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por todas las irregularidades que ha habido en la investigación de este caso, y la CIDH le ha pedido explicaciones al respecto al Estado argentino y van a tener que responder…las causas penales están paradas, muchas se han caído ya y otras se están por caer…Como cierre, lo que hay es una denuncia y condena mediática muy fuerte, pero judicialmente todo lo contrario, un papelón (para el gobierno), una estafa a la opinión pública de los mendocinos, porque es mediático, judicialmente hay nulidades, absoluciones…”

ED: Cambiando de tema, pero ligado a lo institucional, ¿cómo ve la salida de Munives de su cargo en la Policía?

AG: “Creo que ilustra lo que es el caretaje mendocino, esa doble moral, Munives fue responsable de fuertes represiones a organismos de derechos humanos, con heridos, con una mujer que le pegaban en el piso en la represión en la plaza Chile, se lo ha denunciado en distintas ocasiones por abuso de la fuerza en operativos, detención de periodistas de medios comunitarios…entonces por este asunto de su pareja, que si bien es una irregularidad administrativa, no veo que sea relevante lo exponen…estas son luchas de poder dentro de las corporaciones, entonces aprovecharon que salió esto a la luz para desplazarlo…es doble moral, veredas limpias y conciencias sucias”

ED: Recientemente se ha cuestionado al gobernador Suárez por ceder 12 mil hectáreas de tierra a una empresa privada de una forma bastante polémica y por lo que se ha pedido que se investigue. ¿Cree que esto tenga alguna repercusión judicial de peso para él?

AG: “No hay ninguna denuncia en contra del gobierno (de Cambia Mendoza) que prospere, entonces es un feudo como Formosa o Catamarca, no hay ninguna posibilidad…los jueces tienen miedo de dictar fallos contra el Gobierno, creo que hace más fuerza que la opinión pública se entere y lo cuestione a que tengamos ese último refugio que es el Poder Judicial”.

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