Audiencia 118: Alegato de Fernando Peñaloza (II parte)

Dic 20, 2015 La Quinta Pata Mendoza Comentarios desactivados en Audiencia 118: Alegato de Fernando Peñaloza (II parte)

El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación continúo su alegato enumerando las causas en las que actuaron los cuatro ex jueces. En la jornada se analizaron sus intervenciones en 18 casos de personas desaparecidas. Detalles presentes en los Habeas Corpus hablan de animosidad o desaprensión de los procesados.

Entrelíneas

En la jornada, el abogado Fernando Peñaloza continúo con el análisis de los Habeas Corpus en los que están implicados los jueces, caso por caso, toda vez que son parte de la prueba que sustenta esa querella.

De la lectura de los expedientes examinados surgen detalles importantes, que son verdaderas perlitas que hablan por sí solas. Los sobreseimientos provisorios y archivo de las demandas sin intentar ni la más mínima tarea investigativa se efectuaba, según los funcionarios, por carecer de elementos. “No resulta conocido (…) ni hay indicio de sus autores” decía la fórmula que empleaban. Sin embargo los hechos eran caratulados invocando el art. 3º de la Ley 20840 de represión a la subversión. Otro aspecto ilustrativo de las actuaciones es que tenían un patrón común: sólo se rellenaban con el nombre del desaparecido/a y la fecha, tal como si tratara de un formulario, lo que evidencia la voluntad nula de interesarse por situación particular y destino del secuestrado/a. Asimismo, hay una evidente animosidad a la hora de entregar fotocopias de los expedientes a pedido de los familiares de la víctima. Cada gesto manifestaba la tácita anuencia al esquema represivo y los procedimientos ilegales contra decenas de jóvenes cuyo destino fue la muerte. En muchos casos sus cuerpos todavía no han sido recuperados.

Los casos tratados

Todos los recursos de Habeas Corpus presentados por los familiares de las desaparecidas y desaparecidos, eran rechazados sin investigar, se dictaba el sobreseimiento provisorio de la causa y pasaba a archivo. En todos los expedientes intervinieron uno o más de los jueces procesados.

A diferencia de la larga exposición sostenida por Peñaloza en la jornada, el criterio que utilizaremos es el de mencionar el rasgo distintivo que exhibió cada uno de los casos, obviando los puntos en común, ya mencionados.

Según el decir del querellante en todos los casos hay “una omisión de investigar, casi grosera” por parte de los magistrados intervinientes.

Héctor Pablo Granic: fue secuestrado en mayo el ’76. Presenciaron el operativo numerosas personas, sin embargo no fueron citadas para que aportasen datos sobre el procedimiento ilegal. En el último Habeas Corpus presentado por la madre de Granic, ella advierte que han aparecido cadáveres y solicita que se investigue si podría tratarse de su hijo. También se lo rechaza.

Blanca Santamaría: al igual que en los casos anteriores, la desaparecida estaba próxima al ERP/PRT, cuyo aniquilamiento fue dispuesto por una Orden Secreta que se ejecutó minuciosamente en todo el país entre los meses de mayo y junio de 1976. Su hermano presentó un Habeas Corpus que fue rechazado.

Lidia De Marinis: su recordada madre, Isabel, persistió en la búsqueda y declaró en el 1er. Juicio celebrado en Mendoza, oportunidad en la que solicitó a los acusados que le dijeran dónde estaban los restos de su hija. Tiempo después falleció. Por Lidia se presentaron cuatro Habeas Corpus, el último 3 años después de su desaparición. En cada uno de ellos se agregaba información con resultado nulo.

Virginia Adela Suarez: en este caso su madre presentó tres Habeas Corpus. En uno de ellos aportó que, en setiembre de 1976, su hija había sido vista en el D2 para ser interrogada. En el último HC agrega que, meses después de la desaparición de su hija, en noviembre, su domicilio sufrió un segundo procedimiento. En esa ocasión un oficial le comunicó que Virginia estaba detenida por “causas graves”, dos datos disponibles que no fueron tenidos en cuenta para reabrir la investigación.

Mario Luis Santini: por él se presentaron cuatro Habeas Corpus. A través de uno de ellos, de 1979, se aporta el nombre de un vecino, testigo del procedimiento, que señala que vio un auto Peugeot amarillo y una camioneta al momento del secuestro, y se pide que se reabra la investigación. Debido a que el juez desestima el pedido la madre de Santini, con el patrocinio de un abogado particular, impugna la resolución del fiscal y el caso llega a la cámara, que resuelve positivamente. Paradójicamente, uno de sus miembros era Miret.

A raíz de este caso, Peñaloza apuntó un detalle que parece insignificante pero es muy decidor. La madre de Santini solicitó fotocopias certificadas del expediente de su hijo para ser presentada ante la Asamblea Permanente de Derechos Humanos –APDH-, el entonces Juez Petra le deniega el pedido. Posteriormente hace el mismo pedido invocando el Ministerio del Interior y Petra le concede las fotocopias. Gesto arbitrario que habla a las claras.

Rosa Luna: secuestrada en mayo de 1976. Tenía orden de captura en San Rafael, ciudad en la que fue detenida. Por ella se presentan dos Habeas con igual resultado.

María Silvia Campos: luego del secuestro de la joven, su padre asentó la denuncia en una Seccional de policía que generó una causa en la Justicia Provincial, caratulada “violación de domicilio y secuestro”. El padre fue citado a declarar y se siguieron los pasos procesales correctos hasta que, con los elementos recogidos, el fiscal Donna advirtió que se trataba de una causa de competencia Federal. Los familiares de Campos presentaron cinco Habeas Corpus, en uno de los últimos, ante la aparición de cadáveres, solicitaron se constate si se trataba (o no) de su hija.

María Leonor Mercuri: vivía en una pensión, y sobre ella pesaba una orden de captura. A raíz de su secuestro la dueña del alojamiento hizo la denuncia en la Seccional 16º. Sin embargo el juzgado Federal nunca se interesó por el expediente asentado en sede policial.

Salvador Moyano: había pertenecido a la Policía de Mendoza. Fue baleado cuando resistía su secuestro en la esquina de su casa. En este caso había varias puntas para investigar. Según la declaración de su esposa, poco antes del procedimiento Salvador le comentó que miembros del D2, a los que había reconocido por haber pertenecido a la fuerza, estaban merodeando en los alrededores del domicilio. Varias personas presenciaron el secuestro de Moyano, donde además quedó una vaina servida. Su padre presentó sendos Habeas Corpus que recibieron por respuesta la remanida fórmula de la “inexistencia de indicios”, algo totalmente falso.

El Magistrado que rubrica

En cada oportunidad, Peñaloza señaló quién de los procesados había intervenido en los Habeas Corpus.

Después de un respiro, solicitado por el querellante, y al regreso del intermedio siguió el análisis de los casos. Extraeremos de lo expuesto por Peñaloza el nombre de los ex jueces que intervinieron en los casos analizados en esta segunda parte de la audiencia

En el caso de Miguel Poinsteau se dejan ver algunas pocas actuaciones judiciales y policiales. En la respuesta al primer HC le informan a la familia que Miguel había sido liberado. Sin embargo, ante un segundo HC afirman que nunca estuvo preso y enviaron a archivo el expediente. Intervino Guillermo Petra.

En el caso del matrimonio integrado por Marcelo Carrera (secuestrado el 24 de noviembre de 1976) y Adriana Bonoldi de Carrera (secuestrada el 1 de diciembre del mismo año y embarazada en el momento de su desaparición) se hallan implicados los ex magistrados Guzzo y Romano, quienes rechazaron todos los HC presentados.

En relación con la desaparición de Francisco Alfredo Escamez, estudiante de ingeniería de la UTN y compañero con Gisela Tenembaum, quienes intervinieron rechazando los HC con costas fueron los ex jueces Guzzo, Petra y Romano.

Durante la lectura del relato de la desaparición de Mauricio López, rector de la Universidad de San Luis, Peñaloza se mostró acongojado cuando detallaba la vida del profesor y religioso. Algunos testigos que han declarado en este juicio lo vieron en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio de Las Lajas, a cargo de la Fuerza Aérea. Después de su desaparición, su hermano Raúl recibió una carta timbrada en Viña del Mar en la que anticipa cuál será su destino. En este caso están implicados los ex jueces Guzzo y Romano, pues sobreseyeron la resolución para investigar quién o quiénes podrían haber sido los autores, a pesar de la existencia de pruebas.

Juan Humberto Rubén Bravo, era cuñado de Marcelo Carrera y Adriana Bonoldi. En este caso intervino el ex juez Guzzo, quien el 21 de febrero de 1979 rechazó los HC y ni siquiera notificó al Ministerio Público su decisión.

Ángeles Josefina Gutiérrez de Moyano, quien se había jubilado como maestra pero seguía comprometida socialmente y trabajaba con sectores populares en el Barrio Flores, fue secuestrada ante testigos, en la vía pública. Las estructuras judiciales, militares y policiales no dieron respuestas a los pedidos de HC presentados por su hijo, que fueron rechazados por Guzzo y Romano.

El último caso revisado en la fecha corresponde a Pedro Ulderico Ponce, empleado del Ministerio de Cultura y Educación, que fuera detenido en la vereda de la Biblioteca San Martín. En este caso Petra, juez Federal por aquel entonces, fue notificado el 24 de junio de 1977 con un Habeas Corpus, que rechazó con costas, el 8 de julio del mismo año.

En este punto, Fernando Peñaloza pidió que quede constancia en el acta que el defensor particular de Luis Miret y Guillermo Petra, Juan Day, se había retirado sin escuchar los alegatos y agregó el pedido de que se le asignase un sustituto, en función de que, por su requerimiento, se tuvo que alegar querella por querella. El TOF, frente a la ausencia de Day, dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 21 de diciembre.

Además brindó el cronograma de futuras audiencias: serán el lunes 21 y martes 22 de diciembre. En 2016, a la vuelta de la feria judicial, se seguiría el 2,3 y 4 de febrero.

Fuente: https://juiciosmendoza.wordpress.com/