Audiencia 137: Alegatos: Santoni III, ataques a la integridad sexual

Abr 17, 2016 La Quinta Pata Mendoza Comentarios desactivados en Audiencia 137: Alegatos: Santoni III, ataques a la integridad sexual

En el marco del análisis de la “causa Luna”, la fiscal Patricia Santoni revisó los casos de Rosa Gómez y David Blanco. En base a ello formuló la acusación contra tres miembros del D2: Julio Lapaz, Rubén González y Marcelo Moroy. Los tres son señalados como responsables de violación y abuso deshonesto que, en tanto ataques sexuales, completan el repertorio de delitos de lesa humanidad practicados por la represión ilegal.

A Rosa Gómez la detuvieron el 1º de junio del ’76. Al no participar en ninguna organización, su secuestro sólo se explica por su relación con el sindicalista bancario Ricardo Sánchez Coronel. Además de estar cautiva en el D2, fue trasladada a la Penitenciaría de Mendoza y finalmente a Devoto, donde recuperó la libertad.
Desde su secuestro hasta principios de febrero de 1977 estuvo detenida en el D2, meses en los que sufrió, según ella declaró, el repertorio de tormentos conocidos pero, además, destacó que fue agredida sexualmente “hasta el último momento en que estuve”. Cuando ingresó estaba vendada y maniatada por lo que no pudo saber cómo ni quiénes eran sus agresores, pero después de un tiempo le sacaron la venda y testificó que “me violaron a cara descubierta”. Esto le permitió reconocer a dos de ellos en la revisión fotográfica en 2006: Lapaz, alias “el Padrino” y Bustos Medina, alias “Mechón Blanco”, ya que la presionaron para especificar claramente los nombres, como si el dolor no causara confusiones. En un nuevo reconocimiento, ya no fotográfico sino una “rueda de personas”, recordó los nombres de sus agresores: Manuel Bustos Medina, Julio Héctor Lapaz y Rubén Darío González. Los dos últimos fueron imputados por abuso deshonesto y violación.
Los acusados presentaron testigos para sortear su difícil situación procesal. Al respecto, la fiscal Patricia Santoni remarcó que no encontró pertinente el testimonio de Juan Carlos Benavidez, testigo por Lapaz, quien se desempeñaba como colectivero y aseguró que el hombre siempre tomaba el micro de la línea 100 y subía con una mujer. En cuanto a Carlos Lucero, señaló que sirvió para determinar que Lapaz trabajaba en la planta de verificación vehicular.
En cuanto a la doctora Frites, psiquiatra del penal y testigo por Rubén González, remarcó que sus dichos se limitaron a la actual salud mental del imputado pero no remite a los hechos que se le incriminan.
Luego, leyó las acusaciones que pesan sobre Lapaz y González ya que Bustos Medina falleció.
En ambos casos los cargos son por:

Privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionarios públicos, mediar violencia y amenazas y durar más de un mes en calidad de autores.
Tormentos agravados en calidad de perseguida política de la víctima y como autor material.
Violación perpetrada con el uso de la fuerza o intimidación agravada por la calidad de autor de personas encargadas de la guarda y el concurso de dos o más personas.
Además, se amplió la acusación por el delito de: “abuso deshonesto agravado por la calidad de autor de la persona encargada de la guarda” en el contexto de delitos de lesa humanidad acontecidos en el desarrollo de ese plan sistemático.

Santoni echó luz sobre el particular y alegó que “no sabemos si ellos la secuestraron pero sí que perpetuaron las torturas y violaciones a Rosa, prolongaron este estado de detención ilegítima participando de la misma con la división de roles y funciones intercambiables entre ellas”.

Sobre David Blanco

Era empleado bancario, delegado gremial de su oficina y militaba en la Juventud Peronista. Fue detenido ilegalmente el 2 de junio de 1976 y trasladado al D2 donde se lo sometió a un interrogatorio bajo intensas torturas, incluyendo picana en encías y genitales. Le preguntaron sobre sus compañeros de militancia y la actividad gremial.
En el momento de su detención en La Plata, David Blanco declaró ante el juez Guzzo, el 19 de abril de 1977. Ante él contó la violencia sufrida y mostró las heridas. Una revisación médica de ese entonces, dispuesta por la justicia, expresó también la existencia de cuatro lesiones en el abdomen que fueron hechas de 10 a 12 meses atrás.
Blanco reveló ante el TOF, en 2010, que también fue violado. En el D2 le introdujeron objetos por el ano que supuso que era la picana. La fiscal citó a la Corte Penal Internacional para demostrar que la penetración sin consentimiento y con cualquier objeto por parte del perpetrador es considerada como violación sexual.
El testigo, ya fallecido, declaró en varias oportunidades. Recordó que fue sometido a un Consejo de Guerra donde recibió mal trato del personal penitenciario y de su defensor.
La fiscal mencionó el paso de David Blanco por numerosos penales del país hasta que, el 2 de diciembre del 83, obtuvo su libertad.
Patricia Santoni agregó que el testigo hizo un reconocimiento fotográfico ante la Cámara de Apelaciones en el año 1987. En ese momento identificó a Manuel Bustos Medina, Jorge Blanco Luna, Timoteo Rosales, Alfredo Castro, Mario Esteban Torres, Pablo Gutiérrez Araya y Marcelo Rolando Moroy.

Acusación

Moroy aparecía en la nómina de personal del D2 de esa época. También recibió la felicitación general como personal del palacio policial en lo que denominaban “la lucha antisubversiva”. Diez víctimas han reconocido su actuación en ese Centro Clandestino de Detención. Este oficial prestó sus servicios aquí desde septiembre de 1974 hasta marzo del 84.
En las oportunidades en las que declaró, Moroy reconoció que se desempeñó en el D2 pero que su trabajo era estar en el archivo y recabar información de los gremios. Admitió conocer que había calabozos en el subsuelo, personas detenidas y que cada tanto le llevaba bolsos a los presos que traían sus familiares. Dijo que la situación allí era muy compleja porque Sánchez Camargo era muy personalista y autoritario. También mencionó que la situación hace 40 años era complicada: estaban asolados por Montoneros, ERP, Comando Pío XII, Triple A y “ponían bombas a diestra y siniestra”.
La Fiscalía considera que a Marcelo Rolando Moroy le cabe responsabilidad penal en grado de coautor y se lo acusa de:

privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes.
tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima.
violación perpetrada por el uso de la fuerza e intimidación agravada por la calidad de autor de la persona encargada de la guarda con el concurso de dos o más personas.
abuso deshonesto agravado por la calidad de autor de la persona encargada de la guarda.

La próxima audiencia será el lunes 18 en el horario habitual.

Fuente: www.juiciosmendoza.wordpress.com