Audiencia 96: Más mentiras y verdades

Ago 30, 2015 La Quinta Pata Mendoza Comentarios desactivados en Audiencia 96: Más mentiras y verdades

Teresita Fátima Llorens brindó el último testimonio ofrecido por la querella. La sobrina del recordado padre José María Llorens estuvo cinco años detenida, lapso en el que dio a luz a una niña; cuando salió en libertad, fue acosada por la Justicia Federal. También testimonió la psiquiatra penitenciaria, Beatriz Alicia Frittes, pedida por la defensa del expolicía Rubén González. Finalmente, prestaron una ampliación de declaración dos de los imputados, Marcelo Moroy y Juan Carlos Ponce.

En respuesta a preguntas de la Defensa y de la Fiscalía, la profesional añadió que generalmente las personas que son violadoras presentan rasgos de personalidad fría y que actúan en función de trasladarle la culpa a la víctima. Tienen además una personalidad psicopática y, de acuerdo a su apreciación, no son las características de González Camargo. Sin embargo, aclaró que nunca se le realizó un psicodiagnóstico y el consabido test de personalidad porque no es un procedimiento que se realice en las penitenciarías y que sólo podía afirmarlo a través de las entrevistas que ha tenido con el paciente.

Perseguida por la Justicia Federal

Desde la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba prestó su testimonio Teresita Fátima Llorens para relatar los sucesos de su detención. En 1974 se trasladó a Mendoza con su compañero y alquilaron una habitación, en el departamento de Godoy Cruz. La testigo tenía militancia social, sobre todo relacionada con Derechos Humanos, debido a que sus hermanos estuvieron presos durante la dictadura de Lanusse. Posteriormente, dos de ellos, fueron desaparecidos.

En enero de 1975 irrumpieron personas uniformadas para secuestrarla. La llevaron a una dependencia de la Policía Federal y esa misma noche sufrió fuertes torturas que incluyeron el uso de picana eléctrica. Terminado el interrogatorio la alojaron en una celda donde se encontraban alrededor de seis personas detenidas y todas presentaban heridas evidentes.

Estuvo aproximadamente 6 días en la Policía Federal hasta que la trasladaron a la Penitenciaría. Asimismo aportó que fue presentada ante la Justicia Federal y declaró mostrando las lesiones, producto de la tortura, frente a la indiferencia de un funcionario judicial que no pudo identificar.

Los abogados Fuad Toum y Alfredo Guevara asumieron su defensa hasta que también fueron detenidos por lo que ella quedó en situación de desamparo. A partir de ese momento le fue asignado un abogado de oficio con el cual nunca se estableció contacto.

Teresita Llorens estaba embarazada y dio a luz en el Hospital Emilio Civit para lo cual la trasladaron desde la Penitenciaría rodeada de tanquetas y hasta con el acompañamiento de un helicóptero. Una hora después del parto la regresaron al penal.

También recordó que en el año 76 sufrió simulacros de fusilamiento y para septiembre le avisaron que tenía una hora para entregar a su hija dado que se la llevarían al penal de Devoto, en Buenos Aires, por lo que decidió dejarla en manos de su tío, el Padre Llorens, reconocido sacerdote del barrio San Martín.

Tras recibir algunos rechazos le dieron la libertad condicional en 1978 y se dirigió al hogar de su familia en Córdoba, lugar que había sido dinamitado. Un tiempo después le levantaron tal libertad y ordenaron su captura desde la Justicia Federal de Mendoza pero, con la ayuda de la Iglesia, consiguió salir al exilio.

Por 1994, ya de vuelta en la Argentina, se sorprendió cuando, en el marco de tramitar un pasaporte, le informaron que no podían otorgárselo porque tenía vigente la orden de captura.

La negación según Marcelo Moroy y Juan Carlos Ponce

Las palabras y conceptos vertidos por los expolicías Marcelo Moroy y Juan Carlos Ponce no difirieron demasiado respecto de declaraciones de otros exintegrantes de fuerzas armadas en los juicios que se realizan en todo el país. Los dos negaron haber tenido participación en la represión ilegal aunque no la desconocieron y dijeron que sienten que son víctimas de una injusticia ya que, según ellos, los responsables del genocidio fueron otros, sobre todos quienes pertenecían al Ejército.

Moroy está considerado como autor material de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y asociación ilícita en calidad de integrante de la misma en los hechos que tienen como víctimas a Ramón Alberto Córdoba y David Blanco. Cuando se ampliaron las calificaciones quedó acusado también de abuso deshonesto y violación.

El exfuncionario policial aseguró que jamás trabajó en el D2 aunque en este mismo juicio hubo testigos –como Daniel Ubertone y Graciela Leda- que lo señalaron como uno de los torturadores de ese centro clandestino de detención.

Moroy repasó su carrera policial que incluyó su paso por Archivo (“allí se recopilaba información sindical y social”, dijo), Teletipo, División de Reunión de Información y División Custodia. “No entré a la policía para torturar ni secuestrar personas. Mi legajo está limpio como mi conciencia”, señaló a modo de discurso y ante preguntas puntuales de su defensor, el doctor Pérez Cursi, negó también que hubiese cometido un ataque sexual.

Como lo han hecho otros imputados en éste y otros juicios realizados en Mendoza, señaló al comisario Sánchez Coronel –ya fallecido- como un personaje temerario y luego adjudicó al Ejército el dominio de la situación y del accionar represivo. Al respecto intentó una extraña comparación entre la “obediencia debida” y la “obediencia de vida”, indicando que no era posible desobedecer órdenes del Ejército.

Finalmente Moroy no aceptó ser interrogado por la querella.

Luego fue el turno de Juan Carlos Ponce, quien expuso durante dos horas. El excomisario está imputado como coautor de homicidio doblemente a gravado y asociación ilícita (se le sumó privación abusiva de la libertad) en perjuicio de Juan Manuel Montesino, Manuel Alberto Gutiérrez y María Eva Fernández. Al primero lo asesinaron y el matrimonio Gutiérrez-Fernández fue secuestrado y está desaparecido. Los hechos ocurrieron el 9 de abril de 1977 en un operativo en el que intervino personal de la Comisaría 16 de Las Heras cuando Ponce estaba a cargo.

Juan Carlos Ponce hizo hincapié en que él no estuvo en la dependencia cuando se produjeron los hechos y consideró que está detenido “sólo por haber sido policía para esa fecha, ya que no hay ninguna prueba en mi contra”.

Como Moroy, Ponce recordó las crueldades de Sánchez Camargo y la responsabilidad del Ejército, que tenía a la policía bajo su mando. Aseguró que la Seccional 16º no prestaba colaboración ni liberaba zonas para operativos de la Fuerza Aérea aunque sí a veces eran avisados. Sin embargo, hay documentación que demuestra que esa seccional le entregó detenidos a esa institución militar.

El expolicía también discurseó sobre que “no soy genocida ni represor” y sorprendió al revelar que “le teníamos miedo a los del D2”. ¿Miedo a qué?, le preguntó el presidente del TOF, Alejandro Piña y la respuesta fue: “a algún atentado en caso de que me ordenaran hacer algo que yo no quisiera”. Y trazó una desafortunada comparación al decir que para él la Fiscalía actúa como lo hicieron los Grupos de Tareas en la dictadura a pesar de que no desconoce el imputado que esos Grupos de Tareas se movían en la clandestinidad e ilegalidad y no otorgaban ninguna de las garantías constitucionales de las que hoy gozan él y todos los imputados.

A diferencia de Moroy, Ponce aceptó ser interrogado por la fiscalía pero, en cambio, no quiso que se quedaran en la sala los otros imputados, entre quienes están algunos de los que se desempeñaron en el D2.

Además, Ponce se quejó de las condiciones de detención, por los cortes de agua y luz, más el maltrato a sus familiares y a ellos mismos por parte de otros internos. Frente a ello el fiscal Dante Vega se comprometió a investigar esa denuncia.

Fuente: www.juiciosmendoza.wordpress.com