De cómo y por qué Trump financia la campaña de Macri

Jul 07, 2019 La Quinta Pata Recomendada Comentarios desactivados en De cómo y por qué Trump financia la campaña de Macri

El término “lawfare” es utilizado desde 2001 por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para designar un modo de guerra no convencional en el que la ley y la justicia son instrumentadas, principalmente en América Latina, para perseguir a gobiernos y líderes no alineados a la estrategia intervencionista y de saqueo del Comando Sur de aquél país. Un ejemplo latente se agita en la Argentina, en vísperas de elecciones presidenciales, a través de un digitado cóctel de operaciones políticas, judiciales y mediáticas, según devela el periodista Hugo Muleiro.

Por Sebastián Moro

La guerra jurídica o «lawfare» se expande en Latinoamérica de la misma manera que bajo las dictaduras cívico-militares se aplicó el Plan Cóndor. El puntal del ataque imperialista es Brasil, donde sin pruebas de ningún tipo se destituyó primero a Dilma Rouseff y se procesó y recluyó en prisión a Lula da Silva, principal figura política del país y quien resultaba máximo favorito en las elecciones presidenciales que, ante su proscripción, derivaron en el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro.

La derecha ha adoptado este mecanismo para derrotar gobiernos populares y denostar a sus referentes a fin de encarcelarlos o desprestigiarlos ante la opinión pública. El modus operandi abarca uso indebido de instrumentos jurídicos para la persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación del adversario, y combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno, de forma tal que sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba.

Las consecuencias son el menoscabo de la democracia, con sistemas judiciales que no rinden cuentas a nadie y contrarios al equilibrio de poderes como partícipes necesarios. Precisan de medios cómplices que trabajen en concordancia con políticos que participen del ataque, siempre propalado generosamente, y luego capitalicen los resultados de derrocar, inhabilitar y desprestigiar a las representaciones populares que se enfrentan a los intereses de los grandes grupos económicos. Así se destituyó a Manuel Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay, y se encarceló al vicepresidente de Ecuador Jorge Glass, además de empujar al exilio al expresidente Rafael Correa.

En Argentina el asedio sistemático se despliega desde el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió la presidencia Mauricio Macri (con 214 causas de todo tipo en su contra que fueron curiosamente «barridas»), y apunta directamente a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner e integrantes de sus antiguos gabinetes, varios de los cuales han sido encarcelados.

Esta persecución, que recrudece a medida que la crisis económica y social desatada por el gobierno de Macri cifra las esperanzas de buena parte de la población en el retorno del peronismo / kirchnerismo al poder, fue adquiriendo características tanto propias de extorsión, a través de espías y agentes de inteligencia especialmente contra empresarios, uniendo así la manipulación política con espurios intereses dinerarios; como regionales, en función de lo que va desprendiéndose en Brasil, donde el perseguidor de Lula, el exjuez Sergio Moro, fue premiado por Bolsonaro con el ministerio de Justicia y hoy se comprueban ostentosas arbitrariedades que dan cuenta de la dimensión de la operación y de su ligazón con poderes estadounidenses.

Justamente esto es lo que analiza al detalle el periodista argentino Hugo Muleiro, integrante de COMUNA (Comunicadores de la Argentina), un especialista en desmontar las “operetas” mediáticas de los principales diarios del país, al afirmar que actualmente “lo llamativo es que se apele a investigaciones digitadas desde Estados Unidos contra los anteriores gobiernos con bravuconadas firmadas por periodistas sospechados por la justicia de ser parte de redes de espionaje, extorsión y persecución como es el caso de Daniel Santoro del Grupo Clarín”.

Llamadas telefónicas: Clarín, La Nación, la embajada y el Fondo

Explica Muleiro: “El sistema mediático controlado por las minorías nacionales y supeditado a grandes intereses internacionales batalla con el tema de la corrupción, presentándola con insistente contundencia. Los medios de mayor impacto, que a su vez blindan al oficialismo, levantan denuncias contra cualquier representante del campo nacional, popular, progresista, de izquierda o centroizquierda o como quiera llamárselos”.

“Esto se utiliza intensamente desde el día que asumió como presidenta Cristina Fernández por primera vez, en 2007, y no ha cesado hasta hoy, mucho más cuando ella profundizó políticas que no eran del agrado de las oligarquías, como por ejemplo no supeditarse al crédito y las condiciones de la banca occidental, o buscar otro camino, o cerrar la economía y promover el mercado interno en circunstancias exteriores adversas. Todo esto enfureció a las minorías nacionales y a las corporaciones internacionales que usaron la corrupción como un ariete y sigue siendo uno de los recursos principales del ahora poder gobernante”.

“La expresidenta tiene múltiples acusaciones en contra, procesamientos y continuas citaciones a declarar que ha cumplido rigurosamente. Sin embargo, hay una novedad parcial que fue utilizada con intensidad por primera vez el 26 de julio, cuando el diario Clarín publicó en su portada acerca de una investigación de la justicia estadounidense basándose en la hipótesis de que exmiembros de los gobiernos kirchneristas supuestamente llevaron dinero de la corrupción a Estados Unidos, donde compraron bienes y acciones”.

“Según dicha investigación, esto se habría concretado por un exsecretario de Néstor Kirchner, de apellido Muñoz y que ya murió además, por lo que habría requerimientos de información a la Argentina y, a su vez, Estados Unidos reenvía datos a los fiscales y jueces argentinos que procesan día a día a la expresidenta”.

“Clarín sostiene que un fiscal de Estados Unidos, sin dar su nombre y apellido, analiza si eventualmente imputa por lavado de dinero a los procesados en Argentina. Es decir, aquí hay una amenaza directa a exfuncionarios de las gestiones precedentes y a la propia Cristina, porque una imputación desde Estados Unidos instalaría titulares durante semanas en los medios para tratar de impactar en la campaña electoral. Esta recurrencia a la justicia estadounidense ya había sido preanunciada en Clarín y más de una vez en La Nación por su principal columnista, Joaquín Morales Solá, alguien a quien no me atrevo a llamar de periodista y que tiene nexos muy fluidos con la embajada del país del norte”.

“Esto tiene como referencia el hecho de que Donald Trump es un ferviente sostenedor del presidente Macri. El gobierno argentino recibió fondos directos del FMI y, algo inédito en su historia y contraviniendo sus estatutos, también la autorización para usar esos préstamos y volcarlos en la plaza cambiaria de Buenos Aires a fin de que no se dispare el dólar y así mantener su cotización”.

“Los propios medios oficialistas afirman que esa decisión sólo fue posible porque hubo un llamado del Departamento del Tesoro estadounidense, a nombre de Trump, a fin de forzar a los equipos técnicos del Fondo a sostener la campaña electoral de Macri. Por eso se habla de que no sólo es la campaña más cara de la historia, ya que en los últimos 30 días se fueron del país 3.000 millones de dólares de reserva, sino que es el propio Trump quien la financia”.

La libertad de expresión como ardid extorsivo

En el tramo final de la entrevista realizada por Radio Comunidad de La Paz, Bolivia, Muleiro fue consultado puntualmente sobre el rol específico que tienen determinados periodistas y determinados medios en todo este montaje. Por lo tanto, el comunicador tuvo que desmenuzar el intrincado circuito de relaciones y posibles delitos cometidos al amparo del poder macrista:

“La nota en cuestión la firma un señor llamado Daniel Santoro, figura de trayectoria del grupo Clarín, un periodista que está imputado por el juez federal Alejo Ramos Padilla de estar coludido con espías, fiscales y jueces a fin de maniobrar para manipular causas judiciales”.

“Dicho juez mantiene detenido a un espía, Marcelo D’Alessio, porque de allanamientos y numerosas pruebas surge que se entrevistaba con posibles procesados en el juzgado federal de Claudio Bonadio, quien es el principal adversario de Cristina Fernández en la justicia. D’Alessio, en combinación con el fiscal Carlos Stornelli, amenazaba y extorsionaba a personas, mayormente empresarios, a que pusieran dinero para no ser incluidos en distintas causas”.

“Para conseguir esos pagos, el espía demostraba su poder de acción diciéndole a sus víctimas que Santoro publicaría tal y cual cosa, comprometiendo a tales y cuales personas acusadas de haber participado de la corrupción del kirchnerismo. Esta es la acusación que recae sobre el espía y el periodista, quien incluso habría pasado datos sobre sus propios compañeros de un programa televisivo pseudo-periodístico, Romina Manguel y Alejandro Fantino”.

“Que este señor Santoro, que ya eludió su primera citación del juez con un artilugio, sea el que escribe notas de denuncia contra la llamada ‘corrupción kirchnerista’, es un contrasentido absoluto. Sucede que además tiene a su favor un dispositivo que está cooptado y responde directamente al Grupo Clarín, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que se pronuncia una y otra vez en su defensa argumentando que el juez avasalla sus derechos y su libertad de informar. Se trata del famoso recurso de levantar la bandera de la libertad de expresión cada vez que un medio o un periodista cometen delitos, algo muy común en nuestros países”.