El denominado guardia del empresario, “pidió” por teléfono que venga un móvil y fue así que dos oficiales intervinieron violentamente y amenazando que “si en 10 minutos no se iban todos los sin tierra los guardaban por un rato”. Se fueron y José Quintero y otra compañera permanecieron en la línea del alambrado para evitar que avancen. La policía volvió a intervenir, pero esta vez ordenó que detengan los trabajos y dijo que iba a decidir la fiscal. Solicitó a José que los acompañara a la subcomisaria para hablar con la Fiscal e individualizaron a todos los presentes tomando datos personales de los mismos.

En la subcomisaría, lejos de hablar con la fiscal fueron detenidos e incomunicados José Quinteros y Diego Montón (que lo había acompañado), bajo el cargo de “turbación a la posesión de la propiedad”. El oficial “Medina” dijo que la fiscal ordenaba detener a todos los “Sin Tierra”. Fue así que interceptaron a María A Guisáosla, que estaba yendo a desempeñar su labor docente en un auto, la detuvieron y llevaron a la subcomisaría. Además, Medina impartió la orden de detener a otros 10 miembros de la UST.

Sin muchas más explicaciones los tres compañeros estuvieron más de 10 horas detenidos e incomunicados. Los policías todo el tiempo dijeron que la situación de los derechos sobre la finca lo resolvería la justicia civil. Sin embargo ante las denuncias de los campesinos jamás actúan, a pesar de que ya han presentado prueba de tener derechos posesorios y de que se suspendieron los procesos del remate por las irregularidades. En cambio con solo un llamado de los empresarios la policía actúa de inmediato.

De continuar los alambrados y el desmonte las cabras de José no tendrán forraje y por lo tanto la familia deberá abandonar la actividad y seguramente el campo para emigrar a la ciudad como tantas miles de familias que ya fueron expulsadas.

El empresario está vinculado a la liga de remates y se dedica a apropiarse de fincas y conseguir inversores en Buenos Aires, que sin conocer la historia de las mismas sueñan con una finquita en Mendoza.
En reiteradas ocasiones el móvil de la policía y varios efectivos pueden verse presentes en asados que organizan los empresarios en otra de sus fincas en Jocolí, también adquiridas bajo la forma de remates.

Con extraña coincidencia el miércoles 9 del corriente mes y en horario matutino, la policía retuvo uno de los vehículos que usa la UST con la excusa de que la autorización notarial de manejo ya no es legal para transitar. Sin embargo en el registro el automotor hay un cartel enorme que dice que ese documento es válido. El vehículo quedó requisado en San Agustín.

Según Medina la fiscal que ordenó el operativo de detención y de “proteger” a los “trabajadores” que están alambrando y tienen “derechos laborales de trabajar sin ser molestados” se llama Patricia Atur de la sexta fiscalía correccional de Mendoza.

La UST cuenta con fotos y testigos de los hechos para demostrar que no existió ningún hecho de violencia de parte de los campesinos.
Denunciamos la clara parcialidad con la que actúa la policía de la subcomisaria El Porvenir de Jocolí y las medidas arbitrarias e ilegales que ordenó la fiscal ATUR. Es claramente una persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales.

En Mendoza más de 30 campesinos de la UST están imputados penalmente solo por resistirse a ser desalojados de sus tierras, amparados por leyes y artículos del código civil, que jueces, fiscales y policías parecen desconocer.

¡Tierra Agua y justicia ¡

Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra
Movimiento Nacional Campesino Indígena

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AnRED, 10 – 09 – 08