Para el Estado, las utilidades representan un número menor a los 13 millones mencionados. De allí, casi la mitad corresponde a las empresas operadoras; con excepción de la explotación del Casino Central, que está a cargo de Cirsa, que se lleva el 26 por ciento del volumen de dinero en danza por las maquinitas.

Salvo Regency y Casino Club, ninguna otra sala paga cánones especiales al Instituto, que, además de oficiar de organismo de control y fiscalización, forma parte de la competencia desatada en el millonario negocio del juego.

“Es una situación comprometida, que a veces nos hace ruido a nosotros. Por ejemplo: para encarar alguna estrategia comercial para la captación de clientes, todos nos tienen que pedir autorización a nosotros, cuando, en realidad, también somos competencia”, afirmaron funcionarios del Instituto.

¿Quién es quién?
Los anexos del casino provincial están repartidos entre cuatro empresas que coparon el mercado: Cirsa, Ivisa, Bingos y Betec.

Cirsa es una firma de origen español que logró instalarse en Argentina a partir de la explotación del casino flotante de Buenos Aires. Bajo su ala están los anexos del Casino Central, San Martín, Rivadavia, Alvear y Malargüe. Precisamente, estos cuatro últimos fueron remodelados, tanto en sus instalaciones edilicias como en las informáticas, para adaptarse al sistema que utiliza la firma Casino Club, vinculada con el empresario kirchnerista Cristóbal López y que adquirió una parte de Cirsa. En Mendoza, el apoderado es Gerardo Lázaro.

Ivisa es una firma argentina que originalmente se dedicó a la impresión de cheques y documentos de valor. Ingresó al negocio de los casinos luego de vincularse durante un tiempo con Gitech, una empresa norteamericana especializada en juegos. Ivisa tiene el control del anexo de Tunuyán, además del sistema de recaudación y apuestas de la Quiniela de Mendoza. En la provincia, su representante es Jorge Novaro.

Bingos maneja los anexos de Eugenio Bustos y La Consulta. Llegó a la provincia luego de su experiencia operando máquinas tragamonedas en diferentes salas de bingo de la provincia de Buenos Aires. El contacto local es Hernán Bazterrica.

La historia de Betec es similar a la de Bingos. Su antecedente inmediato está vinculado con el manejo de máquinas en Buenos Aires. En Mendoza, sus unidades de negocio son los anexos de Tupungato y Uspallata. Jorge Granelli es su representante en la provincia.

Diferencias legislativas e impositivas
Del resto de los casinos que funcionan en la provincia, úicamente Regency y Casino Club pagan un canon extra al Instituto de Juegos y Casinos. Este aporte tiene que ver con la naturaleza fundacional de las salas y con las condiciones que se establecieron previamente.

En el caso de Regency, este impuesto estuvo contemplado cuando Hyatt ganó la licitación para explotar las instalaciones de lo que alguna vez fue el Plaza Hotel. En ese momento, el gobierno ofreció para la firma ganadora la posibilidad de refuncionalizar el hotel y el casino –en ese momento en manos del Estado- que funcionaba a la vuelta.

Por eso, la apertura del Regency no estuvo bajo la tutela de la ley 5775, que ofrecía la posibilidad de instalar salas de juegos a quienes invirtieran en la provincia para la construcción de hoteles de 5 estrellas, sin nada a cambio. La intención original de la norma era posibilitar que los empresarios contaran con un flujo de caja adicional para hacer beneficiosa la actividad.

En esa misma ley se establece que las instalaciones de un casino no pueden superar el 4% del total de la edificación. Este punto marca otra diferencia con el Hyatt: el Regency ocupa cerca del 10 por ciento.

El funcionamiento del Casino Club, en San Rafael, también tiene algunas particularidades. En realidad, la sala de juego pertenece al Estado provincial, pero desde el año 2000 está concesionada a la firma de Cristóbal López. Este mecanismo se aplicó luego de que la provincia, tras una serie de denuncias, fuera, de alguna manera, condicionada a manejar el negocio de las tragamonedas sólo si los aparatos eran comprados por el Estado. Como no resultaba productivo, se abrió un proceso licitarlo para entregar el manejo del casino del sur a manos privadas. Por mes, Casino Club debe pagar el 5 por ciento de su rentabilidad.

Los contactos locales de estas empresas son Nick Hughes (Hyatt) y Rubén Quintana (Casino Club). En la lista de responsables por el funcionamiento de los otros puntos de apuestas en la provincia también aparecen: Gonzalo Del Sante (Enjoy), Ricardo Castro (Tower) y hasta la última temporada invernal, Jorge Porcario era la cara visible del casino de Las Leñas.

“Al menos estas son las personas con las que hablamos nosotros temas centrales, vinculados con controles o con cuestiones administrativas. Después, todo lo que se dice, a nosotros no nos consta. Pero es cierto que es vox populi que detrás de varias firmas existen intereses de políticos y empresarios mendocinos”, confirmó un empleado del Instituto.

Precisamente, son esos intereses los que pusieron el tema “casinos” entre los primeros puestos de la agenda pública. De ahí una nueva ley para regularlos y restringirlos, y de ahí las denuncias en la Justicia Federal, en la Provincial y en la Fiscalía de Estado. Es que, según las estimaciones, las ganancias seguirán subiendo, y nadie quiere quedarse fuera del reparto o rescindir lo que, consideran, derechos adquiridos.

MDZ Online, 23 – 11 – 08