Asimismo, 167.177 niños mendocinos cobran la Asignación universal por hijo, que significó una erogación de 422 millones de pesos en 2011, sin tener en cuenta otros programas, como Procrear y Argenta, que también implican mayores recursos para la provincia y beneficios para los mendocinos.

Simultáneamente, muchos programas de la ANSES no son contributivos, lo que implica que esta realiza transferencias netas a los ciudadanos de cada provincia.

De esta manera, teniendo en cuenta la cantidad de beneficios que brinda la ANSES a Mendoza, los que en cantidad de dinero representan mucho más del recorte del 15% que la oposición reclama que se deje sin efecto, se puede afirmar que avanzar en esta postura conlleva el riesgo de que se pierdan todos estos recursos gracias a una actitud errada y mezquina.

Pero eso no es todo. En cuanto al aspecto político, debe contemplarse que es la nación quien efectúa el mayor aporte en la relación bilateral con Mendoza, a pesar de que la oposición se empeña en denostar a aquella en forma insostenible planteando reiteradamente que es perjudicial para los mendocinos.

Así, pretender que la situación de nuestra provincia mejorará tomando distancia de la nación es un error, un argumento mezquino y falaz propiciado por una oposición que ha renunciado a pensar un país y pretende aislar a Mendoza del contexto nacional.

Se debe tener en cuenta además que Mendoza ha conseguido incluir en el presupuesto nacional el proyecto del Ferrocarril Trasandino, previéndose fondos en 2013 por 1.354.000 pesos; para 2014, de 3.386.000 pesos y para 2015, de 14.805.000 pesos. El resto de lo que está programado queda para futuros presupuestos.

También está contemplado un otorgamiento de aval por parte del gobierno nacional de 7.650 millones de pesos, destinados a las obras de infraestructura energética e hidroeléctrica, entre las cuales se incluyen las construcciones de los complejos Los Blancos y Portezuelo del Viento.

Entre estas obras, están previstas las construcción y remodelación de sedes judiciales, las concreciones de rellenos sanitarios en diferentes áreas de la provincia, del colector Papagayos y del complejo penitenciario federal Cuyo, la ampliación en sedes del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y obras para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la remediación de pasivos en la Comisión Nacional de Energía Atómica.

A la vez, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) tiene asignado un monto de 531 millones de pesos que incluye obras en rutas en diferentes puntos de la provincia, que conectan internamente las ciudades y con otras provincias vecinas hacia todos los puntos cardinales y hasta con Chile.

Es decir, Mendoza logró plasmar en el presupuesto nacional 2013 todas las obras y programas que se había propuesto incluir, lo que evidencia que no existe ningún perjuicio para la provincia en su relación con la nación.

Otro sustento que habla de la conveniencia de seguir por la misma senda de parte de Mendoza tiene base en el aspecto jurídico ya que, en primer lugar, la denuncia de un tratado no es facultad legislativa. La “denuncia” en cuestión significa la decisión del estado de concluir con la observancia de un tratado, lo cual es una atribución expresamente conferida por la constitución nacional al poder ejecutivo nacional (PEN), y en materia de tratados internacionales (artículo 75 constitución nacional, inciso 22 antes 67 inciso 19). Es decir, la “denuncia” de un tratado se da propiamente en el ámbito del derecho internacional público.

En el orden provincial, la “denuncia” no está prevista como facultad legislativa o ejecutiva (artículos 99 y 128 de la constitución provincial respectivamente). Consecuentemente, a ambos poderes les está vedado el ejercicio de tal facultad. Así, la cámara de diputados no tiene atribuciones para “denunciar” un acuerdo, tratado o convenio celebrado por la provincia a través de su representante natural, el gobernador, con el estado nacional, dado que eso importaría arrogarse atribuciones constitucionales no conferidas por nuestra carta magna provincial y expresamente prohibidas por el inciso 22 del artículo 99, última parte del mismo cuerpo legal.

Además, debido a su analogía con el proyecto rechazado en el senado, no puede volver a tratarse este año. Es que en ambos proyectos se pretende dejar sin efecto para Mendoza el pacto fiscal federal, por lo que, según lo dispuesto por el artículo 103 de la constitución provincial, el tratamiento del proyecto no podrá repetirse en las sesiones de este año.