El Viti y las movilizaciones: por las calles, no

Ago 07, 2008 La Quinta Pata Mendoza Comentarios desactivados en El Viti y las movilizaciones: por las calles, no

Cecilia Rovito

El intendente de Mendoza, Victor Fayad, firmó, el 23 de julio pasado, el decreto 863 que ordena cómo y dónde manifestarse: las marchas no podrán ocupar la calle y la explanada frente a la intendencia municipal será el único lugar habilitado para los actos de protesta.

En lo que podría considerarse el sueño incumplido del jefe porteño Mauricio Macri, «el Viti», como llaman los mendocinos al intendente de la ciudad capital, impuso restricciones a los «actos, manifestaciones, movilizaciones y expresiones similares (las cuales) solo podrán realizarse previa autorización del departamento ejecutivo», según señala el decreto.

La justificación utilizada es que «los reclamos y peticiones en forma multitudinaria producen la restricción de otros derechos individuales y colectivos, congestión y alteración del tránsito en la ciudad».
El decreto establece que los actos de protesta deben realizarse exclusivamente en el playón que está junto a la intendencia para lo cual la municipalidad cedería las tarimas y el sonido «adecuados». De esta manera, «los interesados deberán pedir al departamento ejecutivo con 48 horas de antelación» un permiso a nombre de la organización que realizará la protesta, número de documento del representante legal o estatuario de la organización y los horarios de iniciación y finalización del acto.
En tanto, los manifestantes no podrán circular por las calles y deberán protestar por la vereda. Dice el decreto: las manifestaciones «deberán realizarse circulando por las veredas, respetando los pasos peatonales y las señales semafóricas».

«La prohibición de manifestarse por la calle con la excusa de que se está impidiendo el normal funcionamiento de la vía pública coarta el ejercicio del derecho natural de los trabajadores que es el derecho a manifestarse» y sienta un precedente «sobre la judicialización de la protesta social: si vamos a tener compañeros imputados o procesados por el solo hecho de dirigir una manifestación estamos en problemas», señala Marta Remon, secretaria de prensa y comunicación del gremio de empleados judiciales de Mendoza.
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El incumplimiento de la disposición prevé la notificación «en forma inmediata» al juzgado de faltas y la aplicación de multas a la dirección de tránsito de la capital.
El cuestionamiento al decreto proviene principalmente de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Dirigentes de gremios de empleados estatales, judiciales y docentes están elaborando una presentación conjunta para la derogación del mismo.
«Cuando te están hablando tanto del ordenamiento, de orden, te recuerda a épocas nefastas en nuestro país y donde lo que importa es una ciudad limpia y prolija. Y por el otro lado uno ve desprolijidades: a la empresa encargada de la limpieza de la zona del microcentro le pagan 26 mil pesos por día y por una ordenanza se permitió las excepciones al código de edificación de cuatro a doce pisos, aunque después (el intendente) tuvo que dar marcha atrás porque era en la quinta sección, la zona más cara de la capital mendocina», subrayó Remón.

Hecha la ley, hechas las diferencias
Si bien el decreto también incluye dentro de las limitaciones en el uso del espacio público a los «eventos de índole cultural, deportiva, educativa, gubernamental y religiosa», el 25 de julio, a los dos días de su firma, la tradicional procesión del patrono de Mendoza, Santiago Apóstol – que reunió a 1500 fieles y estuvo encabezada por el arzobispo y el gobernador de la provincia, Celso Jaque- circuló por las calles de la capital sin dificultades ni imposición de multa alguna.
En cambio, el 30 de julio, todos los gremios docentes de la provincia realizaron una jornada de paro y movilización en reclamo de aumento salarial: de 1.400 pesos a 2.900, calculando que ese es el costo de la canasta familiar. Al inicio de la movilización, inspectores y funcionarios municipales intentaron correr a los docentes de la calle y ante la negativa expresada por los dirigentes sindicales, se le impuso una multa de 1.000 pesos al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). Finalmente, los docentes marcharon por las avenidas principales de la capital mendocina hasta la puerta de la casa de gobierno provincial.

Red Eco, 06 – 08 – 08