Mucho antes, en 1985, el camarista mendocino Juan Antonio González Macías había viajado a San Luis para investigar el caso. En esa oportunidad, se apoyó en el testimonio de medio centenar de personas y, entre otras medidas, ordenó la exhumación del cadáver sepultado en el cementerio (donde había sido enterrado como NN para ocultárselo a la familia). Finalmente las pericias determinaron que la joven estudiante había sido asesinada de un disparo en la nuca; ella estaba arrodillada.
De esa investigación surgió como principal sospechoso el entonces capitán Pla, entre otros. Un ex agente de los servicios de inteligencia de la policía provincial, identificado como Jorge Hugo Velázquez (hoy fallecido), declaró a la Justicia e inculpó a Pla (considerado como un caso testigo de los mandos medios del Ejército en las primeras revueltas de los carapintadas) como el autor material del crimen, aunque su detención recién se concretó varios años después.

El asesinato
La joven estudiante había sido secuestrada de su domicilio en La Toma (lugar conocido como «la capital de la piedra ónix») y «paseada» por diferentes dependencias policiales como el D2 e Investigaciones. También recorrió lugares como «la escuelita» o la «cueva del chancho», centros de detención ahora reconocidos como dependientes del Ejercito Argentino.
Según las pruebas aportadas a la causa, en las Salinas del Bebedero (a unos 35 kilómetros al oeste de la capital de San Luis por la ruta nacional 7) el capitán Pla «le metió un tiro en la nuca» a la joven, después de ser sometida -durante 48 horas – a todo tipo de torturas y golpes.

La necropsia determinó como causa de muerte «una herida de tipo traumática explosiva de cráneo, producida por un disparo de arma de fuego efectuado a una distancia no mayor a los 60 centímetros».
Y agrega el informe: «La víctima sufrió también traumatismos costales no letales». Concluyendo que «la identidad trató de ocultarse mediante el aserramiento de las falanges de las manos post mortem y el uso de fuego, en especial en el tórax y cara».
La madre de Graciela, Laura Álvarez -hoy fallecida-, y su hermana María Magdalena (que vive en una estancia en el sur de San Luis), peregrinaron durante años por recintos militares, oficinas policiales y despachos judiciales buscando una verdad que mañana comenzará a ser develada.

Presencia mendocina
Este juicio, el primero de este tipo en Cuyo, ha tenido y tiene presencia mendocina. El juez Walter Bento declinó su competencia por una cuestión de jurisdicción: el hecho investigado había ocurrido en San Luis.
Mucho antes, el juez Juan Antonio González Macías (hoy integrante del Tribunal Oral en Mendoza) investigó el caso y ordenó la necroscopia del cuerpo de la joven.
Carlos Pereyra González, hoy camarista en Mendoza, intervino como secretario primero y como juez después en varios pasajes del caso.
Otro tanto ocurrió con el hoy jubilado juez Alfredo Manuel Rodríguez, cuando cumplía funciones de magistrado en la Justicia puntana, y que ahora asistirá como testigo. Y ahora dos jueces (Roberto Burad y Roberto Nacif)i ambos mendocinos, integrarán el Tribunal.

La enviada de Gobierno
La directora de Derechos Humanos de la provincia, María José Ubaldini, asistirá al juicio y consideró que «debe servir de ejemplo para las causas que se tramitan y que se han planteado en Mendoza, en donde el mismo Gobierno provincial se ha constituido como querellante particular a los efectos de buscar justicia por los atroces crímenes cometidos en nuestra provincia durante la última dictadura militar», señaló Ubaldini.
Actualmente, en Mendoza hay en trámite más de 200 causas por crímenes de lesa humanidad ante la Justicia federal.
Asimismo, la Provincia de Mendoza, en virtud del decreto N°264/08, recientemente se constituyó como querellante en cinco de estas causas, con intención de duplicar este número antes de fin de año.

Los Andes, 19 – 10 – 08