Escuelas, violencia e impotencia

Jun 01, 2015 La Quinta Pata Mendoza Comentarios desactivados en Escuelas, violencia e impotencia

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Esta nota ya estaba terminada cuando sucedió el hecho de violencia en la escuela Provincia Salta, en Guaymallén, que la mayoría conoce. Pero no es el único caso. En esta nota abordamos el problema desde lo que viene ocurriendo en Godoy Cruz, con casos que salieron a la luz y otros que no.

El reconocimiento oficial del problema

El lunes 27 de abril hubo una reunión convocada por las tres supervisiones de nivel primario de Godoy Cruz. Estuvieron presentes la Inspectora General de la Regional Centro, la abogada de esa misma regional que conforma el equipo jurídico creado por la DGE para asesoramiento de los docentes, la directora de Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (D.O.A.I.T.E.), la directora de educación de la municipalidad de Godoy Cruz, miembros del Secretariado Ejecutivo Provincial del SUTE (Agrupación Celeste), decenas de directivos de todas las escuelas del departamento y quien escribe junto con otras dos integrantes del Secretariado Ejecutivo de SUTE Godoy Cruz.

La reunión fue convocada de urgencia. El tema: la violencia en las escuelas del departamento, pero en especial en las zonas Este y Oeste del mismo.

La reunión fue, en sí misma, un “hito” porque supuso el reconocimiento oficial más claro –y con bastante de “desesperación”- de lo que está ocurriendo en muchas escuelas. Para encontrar un reconocimiento de este tipo hay que remontarnos a la preparación y puesta en resolución de la Guía de Procedimientos Antes Situaciones Emergentes, elaboradas en 2013 y aprobadas en 2014, tras otros tantos casos de violencia escolar de resonancia pública. Sobre estas guías diremos algo más adelante.

Luego, el 13 de mayo, el Secretariado de SUTE Godoy Cruz es convocado por la Comisión de Educación del Senado, para que presentemos frente a autoridades de la DGE y del gobierno los reclamos y las demandas de las escuelas que representamos. Fue con la presencia de máximas líneas de la DGE como Mónica Soto (Secretaria de Educación), Walter Berenguel (Subsecretario de Gestión Educativa) y María Rosa Sfeir (D.O.A.I.T.E.); la directora de educación de Godoy Cruz, Mariana Caroglio; senadores del radicalismo y del justicialismo, asesores, etc. En esa reunión la problemática también fue ampliamente reconocida.

La emergencia y las situaciones

La primera reunión fue convocada por dos hechos que se sucedieron con un día y medio de diferencia. Una directora de una escuela de la zona Este de nuestro departamento fue golpeada por una madre y amenazada, en frente de docentes, talleristas, etc. El viernes, la tragedia de un niño que muere aplastado por el carro de un vecino en uno de los barrios de esa zona desata una suerte de guerra interna en el lugar que llega a las escuelas. Estas últimas quedaron a merced de un enfrentamiento social, prácticamente solas.

Pero hay muchos casos más, anteriores, acumulados. Conocidos y desconocidos. Expuestos y tapados. El año pasado la secundaria “Draghi Lucero” convocó a conferencia de prensa porque estaba literalmente asediada: le habían volteado una pared entera del cierre perimetral, de ladrillos, a patadas, durante el horario escolar de la tarde. Eran menores del barrio. Esa escuela ha sufrido numerosos ataques. En esa ocasión fueron de Infraestructura y prometieron arreglos de seguridad y de condiciones de trabajo que nunca se cumplieron (al cierre de esta nota, hace dos semanas, llega a nuestra sede la denuncia de una docente de esa escuela a la que le destrozaron el parabrisas de su auto a ladrillazos, dentro de la escuela). Se pueden rastrear en este mismo medio, también, las denuncias del CCT “Juana Azurduy” por los robos al mismo y el asalto a tres celadores. La escuela “Fernando Fader”, el año pasado, tuvo un policía adentro de la escuela por varios días, como medida de seguridad, después de que entrara un chico del barrio supuestamente armado. Un profesor de Educación Física de la escuela “Padre Arce”, de La Gloria, fue atacado y asaltado. Estos son ejemplos públicos de la zona Este. En la zona Oeste, por ejemplo, la escuela secundaria “Federico García Lorca” llegó a tapa de los diarios: 13 robos a la institución y dos docentes asaltados en un año. Como si se tratara de romper algún oscuro récord, las situaciones siguen y siguen.

Estigmatización y comunidad

Pero no se trata de “estigmatizar” a ninguna comunidad. Primero, porque en muchas de esas escuelas la mayoría de los padres reclaman a la institución misma, justamente, por seguridad para sus chicos ya que se sienten igual de desprotegidos. Segundo, porque los/as mismos alumnos y vecinos sufren iguales o peores hechos de violencia en esa misma zona: ya sea a manos de la “guerra de bandas” en la que delincuencia, tráfico y punterismo político hacen una tríada indisoluble; ya sea a manos de la misma policía. No olvidemos que la secundaria “Scalabrini Ortiz” tuvo que llorar el asesinato de un alumno, al bajarse de un micro en el barrio, baleado; que hace poco murió asesinado también un joven en las cercanías de la escuela “Renato Della Santa” o que tres alumnas de la escuela “Lorca” fueron atropelladas en el barrio por un policía borracho y dos fallecieron.

Es un entramado social que no nace en la escuela y que tiene sus víctimas en ambos lados del portón de la misma.

Éxodo y desmoralización.

Cuando se trata de alguien del personal de la escuela que es agredido por un padre o adulto, se producen una serie de hechos que logran, paradójicamente, la expulsión de la víctima. Al agredido/a se la da licencia y se aleja de la escuela. El agresor puede ir al otro día a la institución como si nada, ya que aún si la denuncia fue hecha, no existe acción judicial inmediata alguna. Al padre no se le puede prohibir el acceso. No obstante, en varios casos, la denuncia ni siquiera se hace, porque se teme que la exposición sea mayor.

Con todo esto, el efecto desmoralizador es inmediato: la escuela se siente absolutamente desprotegida. El docente, el directivo, el celador, etc., es el que queda afuera, expulsado en los hechos. A raíz de esto, nadie debe sorprenderse de que, en el próximo movimiento de traslado de la jerarquía directiva en nivel primario que se realizará en breve, se genere un importante éxodo. Con las consecuencias de discontinuidad pedagógica previsibles.

Las respuestas del gobierno: tribuna y disciplinamiento.

Cuando llega la DGE, vienen las “estrategias” para contener; los “abordajes interdisciplinarios”; el “trabajo con la comunidad”; etc. Aparece la Secretaría de Bienestar Docente. Por supuesto, nadie se opone a estrategias, abordajes y trabajo entre todos. Pero todos sabemos que eso ya se estaba haciendo y a veces con un compromiso rayano al masoquismo. Pero esa pólvora no sólo está descubierta: ya está mojada. Al fin y al cabo, escuelas como la “Padre Arce” (por poner un ejemplo) en la que nos consta el enorme trabajo comunitario en común que se tiene con agentes sociales del barrio, y una rica tradición de apertura a la comunidad, no ha podido estar exenta, tampoco, de estas situaciones de violencia.

Pero, mientras esto se habla en las reuniones abiertas, existe otro discurso más sórdido, que circula por abajo y se ahínca en el miedo, en la obediencia y en la culpa. Y este es el discurso que realmente cuenta para las escuelas. Autoridades diversas que, ante un docente o celador atacado, esbozan un “habría que ver qué dijiste para que reaccionara así”. Otros/as que repiten: “bueno, chicas, cuando una toma en estas escuelas, sabe dónde se mete”. Si hay intenciones de reclamar públicamente, de salir a la calle, aparecen todos los elementos disuasivos: “Cuidado, chicas, no sea que empeoremos las cosas, porque quedamos marcadas” o “Somos docentes, lo primero son los chicos (sic)” o “No nos dejemos usar” (como si prestarnos a tapar todo no fuera dejarse usar) o “¿Quién llamó al sindicato?” o “¿Por qué me hacen esto?”.

Hay una ideología actuante en el sistema educativo, que es esencialmente jerárquico, que valdría la pena desnudar en otro artículo. Se estructura una relación de poder donde quien mejor dirige la seccional o la escuela es quién más tapa, quién más frena, quién más contiene, en definitiva, quien garantice mayor cantidad de días de clase y menor exposición, aunque por dentro la olla esté por explotar y la educación se derrumbe sin siquiera aviso de alarma.

No se trata siempre de intenciones deliberadas de asustar. Es “la peste del miedo”, como decía Galeano. Pero, con o sin intención, el resultado es el mismo: seguir igual, hasta que…

La Guía de Procedimientos Ante Situaciones Emergentes y la escuela “resuelve todo”.

Tanto en el 2013 como en el 2014 criticamos extensamente estas resoluciones.Configuran un paquete de acciones donde las escuelas deben absorber el conjunto de las consecuencias de las crisis sociales quedando cada vez más expuestas. Son protocolos para el día después, impotentes para prevenir nada.

Pero en estas reuniones mencionadas las autoridades de la DGE dijeron que están avanzando en rectificaciones de dichas resoluciones para que sean los abogados del cuerpo jurídico de la DGE los que hagan las denuncias, y nos los directivos o docentes.

En cualquier caso, esta modificación, por supuesto, sigue actuando sobre “el día después”.

Más allá de la DGE. Las posibles soluciones.

En las dos reuniones que ya mencionamos quedó claro que esto excede a la DGE. También quedó reconocido que tanto la DGE como los organismos del Estado están colapsados.

El problema es que para prevenir este tipo de violencia, adentro o en los márgenes de la escuela, hacen falta gente y recursos: políticas del Ministerio de Desarrollo Social y de la DGE. Si hablamos de menores que atacan a una escuela, tiene que intervenir el Estado asistiendo a esas familias, incluyendo a esos chicos en el sistema. Si hablamos de un niño con problemas que le pega a sus maestras, tiene que intervenir la D.O.A.I.T.E. con profesionales. Para todo eso, hacen falta personal y recursos.

En el 2014, alertas a esta situación, convocamos a asamblea de las escuelas de la zona Este. Elaboramos un petitorio y lo entregamos en el mes de noviembre, junto con otros reclamos, en la legislatura provincial, a ambas cámaras. Allí planteamos:

• Exigimos que se declare la emergencia socio-educativa en la zona y se implemente un plan de inversión urgentepara cumplir, no sólo con las condiciones mínimas de salubridad e higiene que estipula la ley para las escuelas, sino también para dotarlas ampliamente de recursos, personal y asistencia que permita trabajar de verdad con la comunidad y ofrecer la mejor escuela posible.Inversión en infraestructura en recursos y personal que nos permita trabajar con grupos pequeños y en las mejores condiciones posibles.
• Esta inversión debe llegar también a los organismos del Estado que deben trabajar en la zonay hoy están colapsados, incapaces de atender a tiempo a las necesidades de las escuelas como lo prevén las guías de procedimientos para situaciones emergentes.
• Esta inversión debe mejorar también los aspectos básicos de seguridad de las escuelaspara terminar con los robos, como cierre perimetrales y otras mejoras edilicias.
• Exigimos que a todas las escuelas de la zona se le eleve el porcentaje de Zona al 50% en total y se cumpla inmediatamente con este compromisoy las deudas acumuladas.

Quien recorre las escuelas de esa zona cada vez las distingue menos dentro del panorama social de emergencia en que se incluyen: cloacas colapsadas, baños destruidos, problemas de calefacción, deterioros varios, cortes de agua, hacinamiento, problemas de personal, falta de seguridad y de iluminación en la noche (como el CENS Dr. Ernesto Guevara, en La Estanzuela).Necesitan una inversión sustancial para realmente trabajar con la comunidad, tener gabinetes completos, condiciones edilicias decentes, personal suficiente.

De la impotencia y el miedo a la acción.

Iniciábamos esta nota con el texto de Galeano. Hay que decir que si por este Secretariado fuera, este tema estaría en la calle, hace rato. Lo estaría en forma de movilizaciones y concentraciones pidiendo al Estado que intervenga en la dirección que hemos planteado. Tendría que ser organizado por nuestro sindicato en toda la provincia, pero nadie ignora que las definiciones políticas del oficialismo en el S.U.T.E. les impiden hacer otra cosa que no sea tapar y desmovilizar. Tiene que ser en unidad, entre todas las escuelas de estas zonas, para estar más protegidas. Tiene que ser en conjunto con la comunidad porque ella también quiere que sus hijos se eduquen sin miedo, que sus docentes, celadores y directivos no huyan de sus escuelas y que puedan recibir una educación de calidad. No nos interesa más policía, porque sabemos las consecuencias que tendrá. Queremos que ataquen los problemas económicos y sociales de fondo que generan chicos enrolados en bandas que se cruzan hasta la muerte con nuestras escuelas como escenarios, víctimas también del reclutamiento de una delincuencia organizada en el terreno fértil de la descomposición social y económica.

Pero nuestra propuesta de movilización y acción en la calle, junto a los padres y a la comunidad, para pedir estas respuestas en unidad no tiene eco inmediato. En plena “democracia”, por debajo de ella, existe un sistema de poder más profundo, de represalias y de “obediencia debida” muy naturalizado. “No se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser”.

En las escuelas de Godoy Cruz, al menos, creemos que cada vez está más claro que así no se puede seguir. Lo que nos está faltando asumir es que el miedo a salir a la calle no nos está protegiendo, que el silencio no nos está cuidando. Al contrario: dice, a quien nos violenta, a quien no cumple, que se puede violentarnos y no cumplir con nosotros sin que haya consecuencia alguna. Nuestra falta de reacción fortalece y refuerza a quienes nos agreden. Y, sobre todo, permite que quienes tienen la responsabilidad de hacer algo para terminar con esto, sigan sin hacerlo.

El año pasado, Carla Mendoza, maestra en una escuela de Godoy Cruz, fue atacada por una madre en Maipú, donde también trabajaba. Pero Carla hizo la denuncia, el caso fue público y generó la solidaridad de varias escuelas. El reciente caso de Guaymallén va en la misma dirección: hacerlo público permite solidarizarse, instalar el tema y empezar a organizarnos.

En este desafío estamos. Con mucha confianza en que más tarde o temprano, este debate dará frutos. Convencidos, también con Galeano, que “al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.

Sebastián Henríquez – Agrupación Marrón “Maestra Silvia Núñez” –

SECRETARIO GENERAL SUTE GODOY CRUZ

 

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