El FIT reclama por el aborto y Cornejo se desdice

Feb 11, 2018 La Quinta Pata Mendoza Comentarios desactivados en El FIT reclama por el aborto y Cornejo se desdice

La senadora Noelia Barbeito, las legisladoras del FIT Macarena Escudero, Cecilia Soria, Mailé Rodriguez y Melisa Prado y las concejalas electas Jésica Bustos y Micaela Blanco Minoli se presentaron ante la ministra de Salud, Elisabeth Crescitelli, y le solicitaron que Mendoza adhiera al protocolo del aborto no punible del Ministerio de Salud de la Nación.

“Presentamos este pedido al Ministerio para que cumplan con lo que se habían comprometido: la adhesión al protocolo denominado ‘Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles’ del Ministerio de Salud de la Nación, elaborado en 2010 y actualizado en 2015. Es una necesidad urgente para que las mujeres que son víctimas de una violación tengan el derecho a interrumpir su embarazo de forma legal y segura en un hospital, y no ser judicializadas o depender de la objeción de conciencia del médico. A pesar de estar legislado en el código penal desde 1921, las trabas para poder acceder al aborto no punible son enormes”, dijo Barbeito.

Y continuó, «no puede ser que Mendoza sea noticia porque todavía es una de las pocas provincias que no adhiere a este protocolo. En la sociedad y los medios de comunicación incluso se está debatiendo la interrupción voluntaria de cualquier embarazo, pero acá ni siquiera se cumple con lo que establece la ley y la Corte Suprema. Se trata de un problema de salud pública, no podemos sostener más este anacronismo con la realidad y los derechos de las mujeres«.

Por su parte la diputada Soria explicó que, «les pedimos que dejen de mirar para otro lado. En la legislatura provincial también tenemos presentado hace varios años un proyecto para esta adhesión, pero ni cuando el peronismo era gobierno ni bajo la actual gestión radical hubo voluntad para debatirlo. Vamos a seguir reclamando por todas las vías posibles que se cumpla con esta demanda por la cual las mujeres nos venimos organizando y luchando desde hace mucho«.

«En la sociedad y los medios de comunicación incluso se está debatiendo la interrupción voluntaria de cualquier embarazo, pero acá ni siquiera se cumple con lo que establece la ley y la Corte Suprema. Se trata de un problema de salud pública, no podemos sostener más este anacronismo con la realidad y los derechos de las mujeres»

Y agregó, «también reafirmamos nuestro planteo de fondo por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de formal legal, segura y gratuita; la distribución de anticonceptivos en todos los hospitales y centros de salud y la educación sexual en las escuelas. La interrupción del embarazo es una realidad en nuestro país. Por año en argentina se realizan más de 500.000 abortos y mueren alrededor de 300 mujeres por las condiciones clandestinas e inseguras de los mismos. Tener una política de salud pública es una herramienta para que dejen de morir mujeres por abortos clandestinos. Según las estadísticas en los últimos años entre el 70%y 90% de las interrupciones voluntarias de embarazo se realizaron por fuera de los hospitales públicos o privados, solo teniendo en cuenta los casos registrados que son una minoría. La clandestinidad del aborto es la principal causa de mortalidad de las mujeres embarazadas en nuestro país, mientras que donde se ha obtenido este derecho la mortalidad ha bajado enormemente. Se trata de que las mujeres que deciden hacerlo, puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura«.

Para finalizar Barbeito afirmó, «esta vulneración de derechos afecta principalmente a las mujeres trabajadoras y pobres que no cuentan con recursos para acceder de forma segura. La provincia de Mendoza, a pesar de que han pasado 8 años desde la elaboración de la “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” del Ministerio de Salud de la Nación, aún no cuenta con un sistema público de salud que lo esté aplicando».

Cornejo se desdice en los hechos

El gobernador Alfredo Cornejo, esta semana recibió a una comisión de juristas, encargada del Anteproyecto de reforma del Código Penal, el que será elevado al Poder Ejecutivo Nacional en marzo.

Al respecto, en los días previos había anunciado que el aporte mendocino a la nueva ley iría por el lado de «modificar la calificación para que las mujeres no sean penalizadas». Sin embargo, los cambios que planteó el gobierno giraron en torno a un endurecimiento de las penas para los delitos de encubrimiento y portación de armas. Nada se dijo respecto del aborto.

El aborto en debate

En el año 2007, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de su Programa de Salud Sexual y Reproductiva, elaboró la denominada Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, que fue actualizada en 2010. Si bien no era necesaria la adhesión de las provincias puesto que se trató de una normativa de alcance nacional, la falta de una postura clara al respecto por parte del gobierno de Mendoza, hace que en la práctica los profesionales no quieran llevar a cabo los abortos.

En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló sobre los supuestos en los que el aborto no es punible. Por una parte señaló, siguiendo el inciso 2 del artículo 86 del Código Procesal Penal, que no sería punible el aborto en todos los casos de violación; exhortó a los médicos a no pedir autorización judicial para practicarlo (sólo bastaba con la presentación de una declaración jurada de la mujer) y pidió a los jueces garantizar los derechos de la paciente y no obstaculizar la intervención.

Luego, en 2015, el Ejecutivo nacional presentó un nuevo protocolo denominado Interrupción legal del embarazo (ILE) dentro del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud. El documento contiene, entre otras cosas, los mismos puntos del fallo judicial.

Muchas provincias adhirieron al Protocolo, no así Mendoza, cuya omisión representa una violación de derechos y constituye, en sí misma, un acto de violencia.