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Imputaron a Aranguren por violar la ley de ética pública
El ministro de Energía fue acusado en la Justicia por haber beneficiado a su empresa tras un informe de El Destape y Economía Política.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, quedó imputado por la Justicia acusado de violar la ley de ética pública. El juez Luis Rodríguez hizo lugar a una denuncia presentada por los diputados del Frente para la Victoria, Martín Doñate y Rodolfo Tailhade que realizaron su presentación luego de la investigación de El Destape y Economía Política.
De acuerdo a la ley de ética pública, deben pasar tres años desde que una persona trabaje en el sector privado y ocupe un cargo público donde regule a esa compañía. Aranguren sólo pasó seis meses sin ocupación, luego de jubilarse de la presidencia de Shell en junio de 2015. Además, todavía hoy tiene acciones en la casa matriz de la petrolera, que benefició con el tarifazo y con la licitación de siete de ocho barcos de gasoil.
El secretario de Combustibles, José Luis Sureda, fue directivo de Pan American Energy hasta su asunción en el Poder Ejecutivo. En este caso no pasó un día sin trabajar, sino que fue directo de la empresa al Estado.
También resultó imputado Pablo Popik, que es hoy subsecretario de Refinación y Comercialización y salió de la petrolera Axion. Antes se había desempeñado en Repsol-YPF entre 1998 y 1999. El fiscal Carlos Stornelli incluso pidió allanamientos para recabar toda la información que les permita procesar a los involucrados.
De acuerdo a Doñate, frente a esto «Aranguren debe renunciar», porque sus políticas «lo benefician directamente en su actividad privada y perjudican a los ciudadanos». Los diputados del FPV habían realizado primero la presentación ante la Oficina Anticorrupción, pero Laura Alonso no movió la causa.
Tarifazo ilegal
Además de que los funcionarios violaron la ley de ética pública, el tarifazo del gas fue ilegal. Por el apuro para sacar el aumento, el Ministerio de Energía olvidó las formalidades y no realizó una audiencia pública.
En estas semanas muchas ONGs e incluso gobernadores pusieron amparos para frenarlo. La Justicia los avaló justamente debido a las irregularidades en el proceso. Debido a esto, el Gobierno tuvo que admitir su error grosero del aumento desproporcionado y le puso techo a las subas.
Fuente: El Destape
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