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Dic 31, 2021 Carlos Almenara Mendoza Comentarios desactivados en José Luis Ramón: “los entes reguladores en Mendoza están cooptados por las empresas”
En diálogo con el programa radial Temprano para Imposibles, que se transmite por FM La Mosquiera, el ex diputado nacional y actual diputado provincial José Luis Ramón se refirió a los servicios públicos de la provincia de Mendoza.
En una exhaustiva recorrida por las Audiencias Públicas realizadas la semana siguiente a las elecciones de noviembre, Ramón indicó que los ciudadanos no se enteran de lo que ocurre por el bloqueo mediático y que el “radicalismo PRO” está tranquilo porque en los organismos de control tienen mayoría partidista del oficialismo provincial.
El legislador denunció que los organismos de control están cooptados por las empresas y acusó a las empresas de transporte de falsear declaraciones juradas de combustible y de personal con las que facturan el “costo por kilómetro”.
Temprano para Imposibles: José Luis, queríamos hablar sobre las audiencias por el costo del boleto de colectivos y de la energía que se realizaron “curiosamente” después de las elecciones.
José Luis Ramón: Cuando hablamos de los servicios públicos necesariamente hablamos de un tema político. Hay dos concepciones antagónicas. En los cuatro años en que gobernó el ex presidente Mauricio Macri los servicios públicos fueron un bien de mercado. La cuestión es si entendemos los servicios públicos como un bien de mercado, o los entendemos como un derecho social, un derecho humano, a los que cada persona debe tener accesibilidad. Y, en esta segunda opción, el Estado, los entes reguladores deben velar por el interés económico del usuario, del consumidor, no de las empresas.
El radicalismo que se asoció al PRO y que gobierna la provincia desde 2015, Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez, resguardan la rentabilidad de las empresas no a los usuarios. Cuidan los intereses de los siete dueños de las nueve empresas que brindan el servicio de transporte público o de las dos familias que prestan el servicio de media y larga distancia en la provincia de Mendoza. Si esto lo sumamos al EPRE, vemos que el gobernador Rodolfo Suárez no ha vacilado en aumentar, durante la pandemia, del 30% primero, después un 13%, y ya están adelantando un 8% más.
TpI: Hemos hablado varias veces sobre energía. Recordamos una entrevista que hicimos en nuestro programa a Mario de Casas que nos daba su opinión a favor de la prestación estatal de la energía eléctrica. ¿Cuál es tu opinión en la materia?
JLR: Totalmente. Me hace acordar del radicalismo progresista de principios de los años ’80 que yo conocí, cuando mencionás a Mario de Casas. Se entiende que el servicio público es un derecho social, un derecho humano, a los que los ciudadanos tenemos derecho a tener acceso. El valor de la tarifa tiene que estar al alcance del consumidor. Los servicios no pueden tener un “precio” para asegurar la rentabilidad a las empresas. Si el servicio público de la electricidad es un derecho social, no un bien de mercado, si es un derecho humano, tenemos derecho de acceder a él, entonces tiene que ser estatal. Hoy, administrado por las distribuidoras, disfrazadas de Cooperativas o de Sociedad Anónima, todas tienen dueños que están haciendo pingües negocios.
TpI: ¿Cómo relatarías esas audiencias públicas?
JLR: El Ente Regulador de la Electricidad (EPRE) y el Ente de la Movilidad (EMOP) están cooptados por las empresas. Por los siete dueños de las empresas de transporte. No defienden a los usuarios. Y en el EPRE pasa exactamente lo mismo. Las tres empresas más grandes: EDEMSA, Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y EDESTE, tanto como las otras cooperativas tienen asegurados sus costos y su rentabilidad. Estos funcionarios del EPRE le permitirán seguir teniendo jugosas ganancias en detrimento de lo que pagan los usuarios.
Nuestro planteo en las Audiencias fue que tenemos que terminar con este mercadeo de los servicios públicos, tienen que ser considerados derechos sociales. En los próximos diez años se va a producir una modificación desde los combustibles fósiles hacia la electricidad, hacia el hidrógeno, en los próximos veinte años la matriz energética en el mundo migra hacia la electricidad. El consumo de electricidad aumenta en todo el mundo y también entre nosotros. Todo el tiempo consumimos electricidad y en los próximos diez y veinte años la distribución se transformará en un tema central. Lo que le pedimos al EPRE es que deje de estar cooptado por las 12 empresas que hacen negocio con la electricidad y permitan que los usuarios podamos volver a creer que está haciendo algo serio. Y al gobernador, que deje de ocultar lo que ocurre con los servicios públicos. Vos hoy le preguntas al ciudadano de a pie y desconoce lo que ocurrió en las Audiencias Públicas. Ocultamiento en el límite de delitos penales y corrupción.
En el Ente de Movilidad hay una fórmula que garantiza que los empresarios de transporte cobren por kilómetro que recorre cada unidad. En esa fórmula hay dos ítems que ellos están falseando. El primero es combustible y el segundo personal. Por ejemplo, en 2007 Mercedes Benz hizo una prueba de banco y arrojó que sus motores consumen 36 lts cada 100 Kms. Los empresarios presentan declaraciones juradas ante el EMOP en que sostienen que sus colectivos consumen entre 42 y 46 lts. cada 100 Kms. Las empresas de transporte pagan el gas-oil con precio diferenciado a la mitad, que lo descargan en sus terminales.
Nosotros iniciamos cuatro procesos judiciales en la Suprema Corte. Todos fueron rechazados por los jueces que responden al ex gobernador Cornejo y al actual gobernador alegando cuestiones formales. El jefe de los fiscales que tendría que investigar penalmente esto, también. El fiscal de Estado mira para otro lado. Y el EMOP, donde ni siquiera funciona el órgano consultivo, tapa todo esto.
Nada de esto ha salido a la luz en los canales abiertos de la provincia. Todo esto es como que no ocurre. Esta es la concepción del mercado: hacer trampa, ganar dinero, que se aseguren sus costos y que los usuarios paguemos esta fiesta que a su vez paga campañas políticas. Sabemos que la empresa Andesmar y la empresa CATA participaron de la campaña de Juntos por el Cambio y de Cambia Mendoza, entonces se les asegura la trampa. Esto que les estoy diciendo lo hemos presentado por escrito. Está en nuestras propuestas. Ellos esperaron terminar las elecciones para poner en marcha la maquinaria de ajuste.
TpI: ¿Qué pueden hacer las organizaciones defensoras de consumidores y usuarios?
JLR: Sí, son importantes. Lamentablemente en los órganos de control, la Legislatura, la Comisión de Derechos y Garantías, el Fiscal General, la gran mayoría de los nuevos jueces que hay en Mendoza y la Suprema Corte, tiene mayoría absoluta el gobernador Rodolfo Suárez. El radicalismo PRO de Mendoza solo puede decirle a la ciudadanía que “vote en contra de” pero no exponer una sola propuesta. Y todavía nos queda el tarifazo de agua y cloacas…
Da mucha tristeza ver cómo está manejando la provincia Cambia Mendoza.
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