Juez y parte

Jul 18, 2010 La Quinta Pata Mendoza Comentarios desactivados en Juez y parte

Natalia Brite

En 1977 las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a rondar y, probablemente, no imaginaron que pasarían 26 años hasta que los secuestradores de sus hijos y sus nietos fuesen juzgados.

Tras 15 años de impunidad garantizados por Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde, en 2003 el juicio y castigo se reposicionó en el escenario político. Fue Néstor Kirchner quien entendió que para salir del infierno era necesario transitar la huella del movimiento de derechos humanos.

Ya pasaron 7 años desde la reapertura de las causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos por un régimen que no solo fue militar, también fue civil y eclesiástico. Actualmente hay juicios en Córdoba, Tucumán, Mendoza, Santa Fe y Capital Federal. Hay más de 600 procesados y casi 70 condenados –con algunas grandes victorias como la perpetua por genocidio a Miguel Etchecolatz y la condena máxima a un sacerdote católico.

Una década atrás, la demanda de memoria, verdad y justicia aún generaba extrañeza en una mayoría atontada por el discurso oficial, y su orquesta de fondo que fue el conglomerado mediático concentrado. Hoy cada juicio tiene un gran respaldo social y una enconada resistencia de la derecha que sigue agitando los fantasmas de los 70. Claro, no todos los vagones se agarran igual a las vías. Mientras gobierno y sociedad reclaman celeridad y prisión efectiva para los genocidas, la “familia judicial” no demuestra estar a la altura de las transformaciones que la recuperación de la memoria colectiva implica. Las estrategias dilatorias y los escollos de viejos juristas aliados del régimen militar expresan la alianza de un gran sector de la justicia con la derecha política que juntos esperan un cambio de rumbo en 2011.

Mendoza inició el primer juicio oral contra 7 represores, entre los que hay militares, policías y civiles, nada menos que en San Rafael, tierra fértil para los sectores conservadores. Veinte causas más esperan su elevación a juicio en la provincia. La demora tiene nombre y apellido, por ejemplo el de los camaristas Francisco Miret y Otilio Romano, juez federal y fiscal respectivamente durante la dictadura, que son investigados porque tuvieron información y actuaron en casos que implicaron secuestros, privación de la libertad a una menor – abusada sexualmente y torturada – y hasta asesinatos.

Desde hace unas semanas Miret ya no imparte su injusticia en la universidad pública. El movimiento de derechos humanos posibilitó que se llegara al día del juicio primero por denunciar el genocidio y, luego, por desenmascarar a quienes aún no quieren condenarlo.

Río de Palabras, 15 – 07 – 10