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Dic 16, 2018 La Quinta Pata Latinoamérica Comentarios desactivados en El largo camino hacia la descolonización
Autogobierno, jurisdicción propia y justicia originaria resultan fundamentales para que la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC) sea plenamente constitutiva del Estado Plurinacional. Desde el Viceministerio de Descolonización explicaron a Prensa Rural experiencias concretas, puntos de conflictos y posibles vías de solución.
“Las propias comunidades deberían pensar cómo organizarse y pueden hacerlo porque a lo largo de la historia lo han logrado. Desde el Viceministerio consideramos que esa es la vía, fortalecer sus propias estructuras y no crear nuevas instancias”, señaló Félix Callisaya, quien estudió Historia en la UMSA y ahí comprobó que su vocación es trabajar “sobre los orígenes”, por lo cual se dedicó a la Etnohistoria y actualmente realiza talleres y trabajos de campo en distintas localidades para el Viceministerio de Descolonización. Entrevistado por Prensa Rural ofreció un preciso panorama sobre las AIOC, su jurisdiccionalidad, la justicia y experiencias concretas y conflictos latentes de lo que considera “un proceso histórico en desarrollo, una llano donde cada tanto sobresalen promontorios por resolver”.
“El sistema de justicia originario se encuentra todavía en situación de dominación colonial porque la marginación realizada por los españoles dejó que sobrevivieran sólo algunos usos y costumbres que no eran contrarios a la religión católica ni a sus leyes. En la época republicana, cuando Bolivia nace como Estado, esos usos y costumbres pasan a ser ilegales y completamente desconocidos. Luego, la anterior constitución pasa a reconocer a la justicia indígena como algo alternativo, y ya con la nueva Carta Magna, al constituirnos como Estado Plurinacional, se la reconoce como parte de la justicia estatal bajo Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC)”.
“A partir de allí surgen dos opciones para los pueblos indígenas: I) que las propias organizaciones con las autoridades de sus ayllus, markas, comunidades y centrales, administren justicia y se conviertan en instituciones. Esto aún no tiene la vitalidad necesaria, por eso, como Viceministerio, trabajamos para que se fortalezca; II) que haya una innovación y las comunidades nombren sus propias autoridades y detenten la función judicial principalmente. El problema es que en esa línea trabajan organizaciones como “Qhana Pukara Kurmi” y las comunidades nombran autoridades a partir de eso. Entonces sucede que en una comunidad hay dos instituciones: originarias, tradicionales o sindicales por un lado; y estas que surgen a partir de la interpretación de la Constitución Política del Estado”.
“Esto es lo que sucede en Chuñavi, provincia de Los Andes, una comunidad donde hay dos tribunales, un ayllu antiguo que a partir de 1952 se sindicalizó y en las últimas décadas volvió a reconvertirse en ayllu en un retorno a su organización e identidad. Allí aparecen los conflictos por tierras y recursos naturales, con lo cual han puesto en funcionamiento sus autoridades y así se fortalece a la asociación que integra al Consejo de Justicia y, al parecer, emiten sentencias (habría que ver si no hay una violación del debido proceso) contra ciertos miembros de la comunidad que, también al parecer, han decidido no ser parte del ayllu y continuar como organización sindical. Y estos a su vez, de manera entendible, tienen el respaldo de organizaciones como la CSUTCB y CONAMAQ”.
“Esto es un fenómeno que se ha dado en todo el departamento de La paz, donde ha habido sindicatos que han vuelto a la identidad de pueblo originario. Esto surge a partir de disposiciones de los gobiernos neoliberales porque la Ley de Participación Popular señala que hay tres tipos de organizaciones sociales territoriales de base: las juntas vecinales en áreas urbanas, los sindicatos campesinos y los pueblos indígenas, cada uno con sus personerías jurídicas. Es parte de un proceso histórico, de ahí que en La Paz, en algunas provincias, hayan decidido retornar a la identidad de ayllu para auto-reconocerse como indígenas, que es el ejemplo del pueblo Kallawaya en Charazani. Otro caso paradigmático es el de la provincia Ingavi con el ejemplo de la AIOC de Jesús de Machaca, que influye en todo Ingavi conformándose una federación de ayllus y comunidades originarias”.
“Otras provincias como Pacajes y Achacachi siguen ese modelo y proceso de reconstitución, y junto con ayllus tradicionales del norte de Potosí y del sur de Oruro, entran en una reconstrucción de relaciones y así nace CONAMAQ, como un retorno a la identidad propia. Pero, según sentencias del propio Tribunal Constitucional, las autoridades sindicales también son autoridades indígenas, por lo tanto tienen jurisdicción y competencia en materia de justicia. Esto lo hemos trabajado en el municipio de Batallas, queriendo que funcione, porque lo que pasa es no se está pudiendo administrar justicia como lo reconocen las leyes. Falta fortalecer los procesos y un mejor conocimiento de las leyes para evitar conflictos de competencia”.
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