Última Actualización octubre 18th, 2022 8:09 AM
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Los organismos de control del estado realizaron propuestas para reformar la constitución provincial
Las propuestas realizadas por el Poder Ejecutivo provincial para la reforma de la Constitución de Mendoza fueron tratadas por un grupo de especialistas ayer a la tarde, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura, en el marco del foro de trabajo denominado “Los órganos de control institucional y de defensa de los derechos ciudadanos en una reforma de la Constitución de la provincia”, organizado por el Senado local.
En esa instancia, que forma parte de los Foros de Trabajo Participativo para la Reforma de la Constitución de Mendoza, ofició como anfitrión el presidente del bloque de senadores del FPV-PJ, Gustavo Arenas, quien presidió la mesa académica junto a los funcionarios provinciales Fernando Simón, fiscal de Estado; Julio Gómez, en representación del Tribunal de Cuentas; José Caviggia, contador general, y César Mosso Giannini, asesor de Gobierno.
Con el fin de revisar la naturaleza de los organismos estatales, sus funciones y el modo de integrarlos eficazmente para que cumplan con sus objetivos de creación, también participaron Juan Carlos González, defensor de las Personas con Discapacidad; Adolfo Marengo, asesor de la Vicegobernación y coordinador de los foros, y Raúl Gallardo, director de la Escuela de Capacitación Legislativa.
Adecuación de las leyes
En la apertura del foro, el senador Gustavo Arenas les dio la bienvenida a los participantes y destacó la trascendencia de la actividad a realizarse al considerar que se trata de adaptar la Constitución de Mendoza a la actualidad, ya que las normas legales dispuestas inciden en la vida de cada ciudadano e incluso deben contemplar los nuevos derechos y demandas colectivas que aparecen a la hora de legislar sobre ámbitos que antes no estaban contemplados.
En este sentido, a continuación fueron abordadas las propuestas del Poder Ejecutivo para la reforma constitucional, que incluyen las tareas de precisar las funciones y atribuciones de la Fiscalía de Estado, consagrar al Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría Pública como órganos extrapoder, y precisar las funciones y la composición del Tribunal de Cuentas.
Además, prevén establecer las garantías, causales y formas del nombramiento y la remoción del contador general y del tesorero general, y crear la figura del defensor del Pueblo como un órgano autónomo y autárquico.
El equipo que coordina la organización de los foros está integrado por el secretario legislativo del Senado, Sebastián Brizuela; el secretario legal y técnico del Senado, Daniel de Lucía; Ada de la Rosa y Sebastián Marengo, además de Gallardo y Adolfo Marengo.
Los temas en detalle
Entre los temas debatidos por los especialistas estaba la consagración del Ministerio Público Fiscal como un órgano extrapoder con autonomía funcional y autarquía financiera, y la definición de sus competencias y de la duración limitada del mandato del fiscal general.
Otro punto versó sobre la posibilidad de constituir la Defensoría Pública como un órgano extrapoder independiente del Ministerio Público Fiscal, con autonomía funcional y autarquía financiera, y establecer sus competencias y el modo de designación y remoción de su titular.
Además serán precisadas las funciones y atribuciones de la Fiscalía de Estado, para fortalecer así su independencia y su carácter de órgano extrapoder, mientras que también se definirán las funciones y la composición del Tribunal de Cuentas de la Provincia, y se establecerán las garantías, las causales y las formas de nombramiento y remoción del contador general y del tesorero general.
Simultáneamente, se creará la figura del defensor del Pueblo como titular de un organismo funcionalmente autónomo y financieramente autárquico. De esta manera, se establecerán los requisitos para acceder al cargo, y se fijarán los deberes y las atribuciones del funcionario. Éstos abarcan las defensas de los intereses difusos y colectivos en general, en especial del ambiente; de los derechos de los usuarios y los consumidores, de los pueblos preexistentes, de los derechos humanos, y de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, ancianos y personas con discapacidad.
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