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Otro ciudadano torturado: Nuevamente la seccional 16 de Las Heras
Por Roberto Vélez
En un corto lapso fui impuesto de tres atropellos.
Un periodista sufre los des-tratos de la policía sanjuanina para con su hija. Un policía golpea a un joven en la calle Espejo y Chile en pleno día. Y parecida situación soportan 2 jóvenes en una comisaría de Guaymallén. Amén de las situaciones que trascienden permanentemente.
No estamos frente a hechos aislados. Estamos frente a una política. Para terminar con estos despropósitos serían suficientes, claras y firmes indicaciones del Gobernador en sentido contrario.
Frente a una de estas situaciones, acudí al Vicegobernador Ciurca. Quien debía implementar sus indicaciones, el subsecretario Gil, también cuidó las maneras. Sin embargo nunca supe nada acerca de la denuncia. Lo mismo ocurre con otras, que terminan ocupando cajones innecesariamente.
A esta altura del partido tengo la certeza que «muestran los dientes» para guardar las formas; pero en verdad nada hacen; son rehenes y cómplices de prácticas vejatorias de las libertades y derechos de los ciudadanos; y en particular de los jóvenes.
No solo no han resuelto la problemática de la seguridad pública; la agravaron. En un contexto en el que la policía es parte del problema, el gobierno en sus tres manifestaciones institucionales no cumple con sus responsabilidades.
La policía, asume crecientemente atribuciones que no les son propias. Atenta contra facultades del Poder Legislativo y pone en vigencia de hecho, normas que hace 200 años fueron abolidas; las de la tortura. Y usurpa facultades del Poder Judicial; aplica penas. Apremia, tortura y mata. Suicidando.
Los uniformados vejan y castigan porque gozan de impunidad. Los comisarios y los oficiales de servicio lo permiten. Los fiscales en general no actúan. Mucho menos sus ayudantes. Y las mujeres, que se suponía humanizarían los tratos, en algunos casos son más crueles que los hombres. Se han mimetizado.
Salvo excepciones.
En el caso que nos ocupa, el ayudante y el fiscal Giunta actuaron. Y una nota periodística amplifico la situación.
El gobernador Pérez rodeado de funcionarios vinculados a la dictadura, no habla. Tampoco hace.
Han dicho de él que es un “atorrante, delincuente» y que beneficia criminales de la dictadura y lo único que se le ocurrió fue decir que en 6 meses algo hará al respecto.
Se acaba una etapa.
Sin embargo, sin pretender ser “pájaro de mal agüero”, todo indica que en relación a la seguridad, las cosas seguirán igual de otra forma.
Sería importante que el futuro gobernador Cornejo explicara sus relaciones y las de Cobos (el supuesto hombre de ley) con represores condenados por crímenes de lesa humanidad.
Mientras no se comprenda que la SEGURIDAD PUBLICA DEMOCRÁTICA debe ser objeto de POLÍTICA DE ESTADO, todo seguirá igual o peor.
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