Propusimos la misma medida con similares características. Se hizo en ocasión del envió a esta Cámara de un proyecto de la actual administración para obtener autorización en la compra de acciones clase “C”, hace casi un año y medio atrás. Esta propuesta fue rechazada. Es obvio que respaldamos el criterio ahora adoptado y lo resuelto, lamentando que se haya permitido el agravamiento de la situación por la demora.

Disentimos profundamente que se disponga un nuevo aumento de tarifas manteniendo la actual situación jurídica de la empresa privatizada. Los actuales concesionarios han incumplido con prácticamente todas sus obligaciones: no se paga el canon de concesión; no se pagan los impuestos provinciales, no se pagan multas que le han sido impuestas; no constituye los seguros obligatorios; no da información sobre los salarios del personal jerárquico; no realiza las inversiones, se ha endeudado a la Provincia y a la empresa con tal fin; no paga los prestamos que asumió y que les son descontados a Mendoza de su coparticipación; no garantiza la calidad del servicio; han demandado a la Argentina y a Mendoza ante el CIADI porque dejaron de cobrar sus tarifas en dólares. Además se resentirá significativamente la menguada economía de todos los sectores de la provincia.

Mendoza debe de imitar el ejemplo nacional, dando por concluida la concesión por la responsabilidad en los incumplimientos de parte del concesionario, como se hizo en el caso del decreto PEN 303/2006, con la empresa Aguas Argentinas.
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