Sigue sumando apoyo el proyecto de ley para implementar la tarifa social eléctrica a entidades intermedias y evitar sus cierres

May 22, 2016 La Quinta Pata Mendoza Comentarios desactivados en Sigue sumando apoyo el proyecto de ley para implementar la tarifa social eléctrica a entidades intermedias y evitar sus cierres

Sigue sumando apoyos de clubes y demás entidades intermedias de toda Mendoza el proyecto de ley presentado por el senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) que busca implementar una tarifa eléctrica diferencial para entidades comunitarias, ya que los últimos aumentos en esos servicios ponen en serio riesgo de cierre a la mayoría de esas instituciones, las cuales se sostienen gracias a las cuotas que pagan sus socios para poder continuar cumpliendo con sus funciones tendientes al desarrollo personal, la contención social, la formación de valores de vida, el aprendizaje de oficios, la incorporación de conocimientos y hasta la camaradería, a través de los deportes, los talleres de arte, los cursos de destrezas laborales y los espectáculos culturales, entre otras de las actividades que brindan con acceso libre.

Es así que en estos días han expresado su aval a la iniciativa del legislador justicialista los clubes Eugenio Bustos (San Carlos), Social y Deportivo Energía Atómica (Malargüe), Juventud Mendocina (Capital), Juventus (Las Heras), Social Las Heras (Las Heras), La Cumbre (Las Heras) y Liberal (Guaymallén), además de la Unión Vecinal Villa del Rosario (Guaymallén) y el Centro Cultural Israelita (Capital). Simultáneamente, no han dejado de llegar apoyos desde otras organizaciones intermedias, como la asociación nacional de defensa del consumidor Protectora, de gran despliegue en todo el país, y la Confederación Mendocina de Deportes (Comede), que reúne a unas 50 asociaciones y federaciones deportivas, y representa a más de 35.000 atletas.

La propuesta –contenida en el expediente Nº67.711 del Senado– establece que se instituya “una categoría de usuarios de servicio eléctrico denominada Entidades de Bien Público”, que beneficiará a “asociaciones civiles, fundaciones sin fines de lucro, clubes de barrio, uniones vecinales, centros de jubilados y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con programas de promoción y protección de derechos”, según detalla la presentación. Considera también que debe tratarse de organizaciones que cuenten con su correspondiente personería jurídica, que no persigan fines de lucro y que tengan “por principal objeto el bien común”.

Para poner en práctica la tarifa eléctrica social, la norma prevé que “el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) deberá incorporar esta categoría de usuarios en la elaboración del Cuadro Tarifario Eléctrico e implementar la tarifa creada”. Asimismo dicta que la tasa “máxima prevista para la categoría Entidad de Bien Público no podrá superar la tarifa prevista para los usuarios residenciales categoría R-1 o la que en el futuro la sustituya”. Esta categoría abarca a quienes consumen hasta 299kW/h por bimestre, lo que significa una pequeña demanda dentro del cuadro tarifario que se aplica actualmente en el servicio eléctrico.

El proyecto de ley fue incubado después de que el senador Gustavo Arenas recibiera numerosos reclamos de parte diversas entidades y organizaciones sociales de bien público cuyos directivos están muy preocupados por el grave perjuicio que les han provocado los incrementos oficiales de las tarifas de los servicios públicos. En el caso de la electricidad, la situación se agrava más debido a que muchas de las actividades que desarrollan requieren el uso permanente de la luz eléctrica.

La futura norma provincial toma como referencia la ley nacional Nº27.218, sancionada el 25 de noviembre de 2015, que establece un régimen tarifario específico para entidades de bien público con el fin de evitar que el incremento tarifario perjudique las actividades que ahí se despliegan, ya que actualmente pagan una tarifa eléctrica general imposible de costear y que atenta con la continuidad de sus actividades.

Promotor del deporte social

El senador Gustavo Arenas es uno de los principales promotores del deporte social como herramienta de contención y formadora de valores, especialmente al crear proyectos –aplicables a la realidad– en vista de lograr la participación activa de las personas con menos posibilidades y de sectores más vulnerables en clubes barriales y demás instituciones comunitarias sin fines de lucro.

Ese afán lo ha llevado a cumplir simultáneamente roles muy destacados: forma parte de la mesa nacional de coordinación del Movimiento Social del Deporte (MSD), es vicepresidente del Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina, de Guaymallén, y es el creador del Movimiento para la Recuperación de Clubes de Barrio, que colabora directamente con los vecinos que trabajan para evitar los cierres de las instituciones de ese tipo.

Desde noviembre del 2014 ocupa su cargo en el MSD, una organización político-deportiva creada en el 2006 por militantes y dirigentes políticos, sociales, deportivos, gremiales y religiosos que trabajan para reconstruir un proyecto colectivo del deporte y la cultura.

Esta actividad la despliega también en el ámbito provincial a través del Movimiento para la Recuperación de Clubes de Barrio. Este espacio les brinda asesoramiento legal y administrativo gratuito a quienes estén interesados en salvar entidades barriales que estén en riesgo de desaparición, e incluso releva datos para confeccionar un registro de entidades sociales y deportivas de Mendoza que estén en precarias condiciones y necesiten recibir colaboración de algún tipo para no dejar de funcionar.

Creador de leyes de protección

La concepción del legislador justicialista sobre el rol del deporte social está cristalizada en los proyectos de leyes provinciales y de resolución que él ha presentado en la Legislatura desde que fuera diputado, a partir del 2010.

Por eso, sus iniciativas han estado destinadas –por ejemplo– a crear el Programa de Acceso Universal al Deporte y la Cultura (resta la aprobación del Senado), establecer la inembargabilidad e inejecutabilidad de bienes de instituciones barriales sin fines de lucro (ya es una norma vigente) y crear el Programa de Promoción del Tenis de Mesa en toda la provincia (también está rigiendo como ley).

También, a adherir a la ley nacional que creó el Registro de Clubes de Barrio y Pueblo para ayudar económicamente a instituciones comunitarias de todo el país (otra norma vigente), declarar de interés el Plan Estratégico en Materia Deportiva elaborado por la Comede (aprobado en el Senado) e instituir el 30 de abril como el Día Provincial del Dirigente Deportivo (con media sanción de la Cámara Alta).

La creación del Programa de Acceso Universal al Deporte y a la Cultura, presentada en la Legislatura en el 2011, cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y está en tratamiento en el Senado provincial. Establece que los menores de 18 años viajen gratuitamente en el transporte colectivo los fines de semana y feriados, cuando se dirijan a practicar deportes o a participar en actividades culturales.

Así, promueve el cumplimiento efectivo de un derecho que se complementa con el del acceso a la salud y la educación públicas amparado por la Constitución nacional, para extender los beneficios a sectores más vulnerables de la población para que los jóvenes puedan formarse y recibir contención.

Por su parte, la ley provincial N°8.509 de inembargabilidad e inejecutabilidad de bienes, y de condonación de deudas de instituciones barriales sin fines de lucro, sancionada en noviembre del 2012 y promulgada por el Poder Ejecutivo en diciembre del mismo año, fue creada por el legislador justicialista a partir de la recuperación del Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina, de Guaymallén.

Esta norma establece que a las instituciones barriales sin fines de lucro que desarrollen actividades abiertas a la comunidad no se les pueden embargar ni ejecutar bienes y se les deben condonar deudas contraídas con anterioridad. Para esto, modifica los artículos 1, 2 y 3 de la norma previa Nº6.858 con el fin de ampliar hacia las entidades comunitarias los beneficios con los que antes sólo contaban los clubes de fútbol.

A su vez, la ley provincial N°8.766, vigente desde diciembre del 2014, crea el Programa de Promoción de Tenis de Mesa en toda la provincia, destinado a instrumentar la práctica libre y gratuita del ping-pong en esas clubes, espacios públicos y escuelas.

Simultáneamente, la norma provincial N°8.803 –sancionada en julio por la Legislatura y promulgada en agosto por el Poder Ejecutivo– adhiere a la ley nacional Nº27.098, que instituye el Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, destinado a que las instituciones comunitarias sin fines de lucro que brindan actividades deportivas y culturales libres puedan recibir ayuda económica de la Nación.

La norma nacional fue promulgada en enero y, entre otras consideraciones, incorporó la prohibición de embargar o ejecutar bienes y la posibilidad de condonar deudas de instituciones barriales sin fines de lucro, idea tomada de la norma provincial N°8.509/12, del senador Gustavo Arenas. Para lograr esos beneficios, los clubes deben inscribirse en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo, en el ámbito de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Fuente: Prensa Senador Gustavo Arenas