Una democracia anémica

Sep 22, 2018 La Quinta Pata Opinión Comentarios desactivados en Una democracia anémica

A propósito de Códigos y de ataques a los docentes

Por Carmelo Cortese*

Hay que frenar este rumbo económico desastroso y este peligroso rumbo político represivo antes que sea demasiado tarde.

En nombre de atacar la demagogia y el populismo (como si fuesen plagas y pestes bíblicas) el gobierno mendocino avanza peligrosamente sobre derechos sociales y libertades democráticas. Abre caminos cuyo punto de partida vemos claramente, pero cuyo destino final desconocemos, aunque intuimos.

El radicalismo es un partido político cuya historia se asocia a la tradición democrática, lo cual puede ser discutible por varios hechos de nuestra historia, por ejemplo, su actuación en 1955 (golpe contra Perón); pero que tiene asidero en otros acontecimientos, como el haber sido derrocado por golpes militares en 1930 (Irigoyen) y en 1966 (Illía). También tiene en su haber el juicio a las Juntas Militares realizado bajo el gobierno de Alfonsín, opacado posteriormente por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

La conducción actual de la UCR ha dado vuelta las mejores páginas de esa historia. Se encaminó decididamente a una alianza de derecha en lo ideológico, económico y político. Comparte con firmeza el rumbo económico de ajuste; no le preocupan las penurias sociales desatadas sobre la población más desprotegida y vulnerable; y se ufana, como lo hizo el gobernador jujeño, de encarcelar preventivamente antes de la demostración de culpabilidad, lo cual pisotea los más elementales derechos de defensa, consagrados en nuestra Constitución.

Desde el punto de vista del análisis sociológico político, el Gobierno nacional (apoyado por el provincial) consolida (como ocurrió con Menem-De La Rúa) un tipo de Estado neoliberal, lo cual no es más que una versión contemporánea del Estado liberal oligárquico, sometido a la dependencia. No es un estado ni ausente, ni débil ni mínimo, sino un Estado fuerte que impone reglas de juego económico favorables a los sectores más concentrados de los propietarios de la tierra y del capital. Privilegia la especulación financiera en detrimento de los asalariados y de la pequeña y mediana producción agraria, comercial e industrial ligadas al mercado interno. Y si bien el régimen político es democrático por la forma en que accedieron al gobierno, el ejercicio del mismo corresponde a un régimen de democracia restringida. En lugar de basar su legitimidad en formas ideológicas que privilegian la búsqueda de consensos y de consentimientos voluntarios, lo hace en la coerción, en el temor, en el castigo. Prefieren el ejercicio descarnado del poder, donde pesan más las prohibiciones, proscripciones y castigos, antes que la promoción de mayores libertades e inclusiones.

El gobierno provincial ha acompañado o incluso se ha adelantado a ese rumbo. Se concibe el gobierno como la imposición del orden, acallando oposiciones, interviniendo en la vida sindical, cerrando paritarias por decreto, multando a diestra y siniestra, reglamentando lo que de por sí es irreglamentable, como el conflicto social. Inclusive el Gobernador, lejos de la investidura y de la estatura del cargo, se comporta como el jefe de una facción o como un puntero político que provoca a los otros partidos y descalifica el ser peronista o ser de izquierda. ¿Estará pensando en suprimir por decreto la existencia de otros credos políticos? En una democracia no se puede ni se debe utilizar el nombre de un grupo diverso como epíteto, como sinónimo del mal.

El peronismo y la izquierda, entre otros grupos políticos, son parte legal y legítima del sistema de partidos en nuestro país. No son delincuentes a encerrar. Y, los que pensamos de manera diferente, podemos y debemos señalar lo que vemos como rumbo incorrecto. El Gobierno no debiera utilizar la mayoría circunstancial para aprobar un Código que coloca la opinión diferente y el derecho a disentir en la categoría de ofensas punibles.

Todo esto es el trasfondo del Código Contravencional: un instrumento en manos del Poder Ejecutivo para sancionar con multas y arresto al disenso, a la protesta social, al diferente. El miedo al otro, acompañado del desprecio, la discriminación y la persecución, son ingredientes de los fascismos históricos. No se tolera la diferencia. La contradicción no se procesa, sino que se intenta eliminar al contrario. Cornejo declara que en su provincia no hay conflictos sociales y cree que así desaparecen. Si hay hambre lo que corresponde es resolver ese problema, y de ese modo no habrá ollas populares ni corte de calles; si se prioriza la producción y el trabajo, los desocupados estarán ocupados en esos menesteres y no en reclamar frente a la legislatura y la casa de gobierno.

En este clima propio de la crisis económica y social, el gobierno se apoya y utiliza a sectores medios asustados, los que frente a la incertidumbre creen proteger sus vidas cotidianas con las promesas de orden. Temen más al mendigo que golpea sus puertas, o al pibe que le ofrece lavar el auto, muchísimo más que a la factura del gas, a la suba de los alimentos o a la devaluación del peso argentino. Creo que debemos conversar con ese sector, no atacarlo como si fuese el reducido grupo de capitalistas financieros que lucran con la devaluación y la inflación. La ideología implícita en el Código refuerza su paranoia anti-trapitos, anti-pobres. Hay que estimularlos a reflexionar sobre la política económica actual que los hunde cada vez más. Y que la supuesta protección del estado policíaco, represivo, autoritario, los alcanzará a ellos mismos cuando quieran reclamar una reducción de las tarifas o una mejora salarial.

Este clima propicia la aparición de grupos de tareas, como el que secuestró a la docente en Moreno. El Gobierno, a través del propio presidente y de la ministra de seguridad, ha favorecido la cacería de brujas: ahí está la doctrina Chocobar del tiro por la espalda al delincuente, al que se le niega prácticamente la entidad humana, no es una persona con derechos. Se reivindica un estado que no respeta la ley que impone a los individuos. Está el ejemplo de Rafael Nahuel, asesinado por la Prefectura también por la espalda. Y está el caso de Santiago Maldonado, quien no se ahogó pescando en el río, sino huyendo de la represión de la Gendarmería. Todo eso alienta la aparición de los grupos parapoliciales. El Gobierno tiene la obligación de descubrir y condenar rápidamente a los agresores de Corina De Bonis.

En Mendoza, grupos de padres cuyos mensajes circulan por las redes sociales, atacan sin piedad a los profesores en huelga: insultan, ridiculizan, piden sanciones ¿querrán que secuestren a los dirigentes sindicales? No pido que aplaudan la huelga porque obviamente hay un perjuicio en lo inmediato para sus chicos; y no pido que entiendan cuánto pierden sus hijos con maestros empobrecidos y presupuestos recortados. Tampoco parecen entender que lo más grave no es perder dos meses de clases, sino la amenaza a la propia existencia de la escuela pública, gratuita y de calidad. Pero sí debemos exigirles que no agravien a quienes se encargan de la educación de sus hijos, que respeten normas de convivencia democrática, que no se arroguen el papel de capataces de los trabajadores docentes, y que no repitan textualmente los mismos mensajes descalificadores de las autoridades educativas nacionales y provinciales.

El gobierno nacional y el provincial han atacado y humillado tanto a los docentes que no debieran ahora sorprenderse tanto de los ataques verbales, del ataque físico, o de la amenaza a la propia vida.

“Nunca Más” no es solo que no gobiernen los militares. Nunca más es avanzar en los derechos individuales y colectivos, en la supremacía del derecho a la vida (que no es sólo no matar, sino garantizar una vida digna), en la libertad de conciencia, de expresión, de reunión, de protesta.

Nunca más es avanzar a un Estado y un régimen político de democracia amplia, grande, donde deliberen y decidan las grandes mayorías que producen las riquezas, y no las minorías que amasan fortunas sobre la sangre, sudor y lágrimas de las primeras.

* Sociólogo, referente provincial del PTP