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El trabajo de la cosecha en la provincia de Mendoza suele tener un halo de romanticismo fastuoso proyectado a nivel internacional. El idealismo abonado durante muchos años de trabajo es favorecido por una fiesta anual cargada de espectáculos artísticos bellísimos, escenografías, diseños y escenarios teatrales ornamentados por las candidatas departamentales a reina de la vendimia de cada año.
Este período, la cosecha, uno de los eslabones prioritarios de la actividad económica vitivinícola en nuestra provincia corrió el riesgo de ser interrumpida debido a la situación de pandemia provocada por el COVID-19 que afecta al mundo entero.
En este contexto, el 19 de marzo Rodolfo Suarez había expresado la inconveniencia de dictar la cuarentena obligatoria en medio de la cosecha. Finalmente el gobernador logró que el presidente Alberto Fernández decrete la excepción de esta actividad para el rubro agropecuario para que se garantice el abastecimiento de alimentos. Específicamente, el artículo 6 establece que: «quedan exceptuadas del cumplimiento del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios». El inciso 13 menciona directamente a las «actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca». Ese inciso incluye al rubro vitivinícola y permite que continúe la cosecha de uva.
Y la cosecha continuó y con ella el resquebrajamiento del telón vendimial que deja entrever la precarización laboral de miles de trabajadores y trabajadoras que migran cada año sobre todo desde las provincias del norte argentino junto con sus familias para realizar la cosecha de la uva. Si bien la situación que se describe en esta nota sucede desde hace mucho tiempo en Mendoza, en esta oportunidad el confinamiento obligatorio que dejó las calles deshabitadas desnudó un escenario menos pomposo (la terminal de ómnibus de Mendoza) y violatorio de los derechos humanos básicos.
Desde los primeros días de abril, una vez que los empresarios ya no necesitaron a los y las trabajadores de la cosecha lxs dejaron abandonados a su suerte. Cientos de ellxs con sus familias a cuestas, engañadxs por las empresas de transporte, se presentaron en esa terminal para volver a sus hogares. Varios de esos proveedores les ofrecían (en muchos casos vía whatsapp) el viaje gratis cuando en la realidad no contaban con los permisos necesarios. Luego lxs estafaron con los costos de los viajes. Hace un mes el pasaje se los vendían a $1.800, a fines de abril no bajaba de los $4.000 y hasta $8.000 llegaron a pagar por desesperación.
Esos permisos incluían el sistema para la declaración de viajes y listas de pasajeros (Dut) y la habilitación necesaria para circular otorgada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, dependiente del Ministerio de Transporte de la República Argentina (CNRT). Esta comisión tiene como objetivo, controlar y fiscalizar el transporte terrestre de jurisdicción nacional. También fueron necesarios los permisos otorgados por las provincias de salida y de llegada de los colectivos.
La situación detallada visibilizó la vulneración de muchísimos derechos humanos de las personas abandonadas a su suerte. En principio por los empresarios que los contrataron de manera irregular; sometidos a la servidumbre, conviviendo hacinados en galpones, compartiendo un baño entre varias familias, sin las condiciones básicas e integrales de salud física, psicológica, alimentación suficiente; agravadas por un contexto de pandemia.
Este escenario se trasladó luego a la terminal de ómnibus. El abandono del estado dio lugar a la intervención de la Red por los Derechos Humanos de Mendoza. Constituida por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, asambleas ambientales y agrupaciones estudiantiles, insistieron en demandar al Poder Ejecutivo Provincial una urgente respuesta para las personas que quedaron varadas en ese establecimiento.
Desde esta Red, según uno de sus informes: “de manera persistente y solidaria, está asistiendo y organizando recursos desde el 11 de abril para que las y los trabajadores precarizados puedan contar con comida o implementos de seguridad e higiene para hacer frente a los cuidados que el gobierno recomienda para evitar contagios. Incluso se acude a contactos vía telefónica para emprender y agilizar trámites relacionados a permisos para viajar a nivel provincial y nacional, hospedaje para las personas que duermen en la terminal”.
Solicitaron al estado provincial: “respuestas contundentes y la agilización de mecanismos necesarios por parte del Subsecretario de Desarrollo Social, Alejandro Verón, quien además tiene a su cargo las direcciones de Contingencia y de Derechos Humanos; la Directora de Derechos Humanos, Luz Faingold, y el Secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema”.
Además instaron a que esos mecanismos se tradujeran en recursos: “mientras estén en Mendoza, cuenten con alimentos, abrigo, atención médica y lugares de alojamiento en caso de ser necesarios. Se necesita, además, que estas familias que llegan a la terminal y desconocen cuál será su destino, cuenten con información certera, clara y accesible para poder afrontar la situación. Es por esto que solicitamos también la presencia constante de personas de las áreas competentes del Ejecutivo para que estén atentas a la situación y prontas a gestionar y resolver aquello que emerja. Urge en particular la atención adecuada a niños y niñas, quienes se encuentran vulnerados/as en sus derechos, así como a mujeres embarazadas y personas con problemas de salud. Entre ellos niños y niñas con discapacidad”.
De acuerdo a los expresado por el Dr. Lucas Lecour, miembro de esa Red y de Xumek – Asociación para la promoción y protección de Derechos Humanos-. El principal derecho vulnerado: “es el de vida digna reconocido expresamente en el artículo 4 de Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica no solo la vida, sino que ésta tenga todas esas condiciones necesarias para que sea digna, como alimentación adecuada, acceso al agua, vivienda digna, trabajo, salud y educación”. Este incumplimiento, sobre todo si se lo compara con la situación de las personas que viajaron al exterior y fueron repatriadas al país para efectuar la cuarentena de manera digna, cumpliendo con los protocolos necesarios, resulta obsceno.
En relación a uno de los derechos humanos básicos quebrantados (la salud pública), una fuente de la Red por los Derechos Humanos de Mendoza y miembro del Blog Juicios Mendoza, informó a este medio que una de las trabajadoras perdió su embarazo debido a las condiciones de insalubridad a las que se vio sometida no solo en la terminal sino en su trabajo precarizado. Otra mujer que debió cambiar los pañales a su bebé en el piso manifestó su temor a una posible infección.
Es decir que los derechos de niños y niñas a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; derecho de prioridad; a la identidad; derecho a vivir en familia; derecho a la igualdad sustantiva; a no ser discriminado; derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, fueron violentados de manera escandalosa.
Finalmente, el trabajo de las personas de la Red que articuló de manera constante y persistente con las autoridades permitió que la situación se destrabara y en la actualidad los mecanismos de asistencia estén más aceitados. Esto, en relación a las personas varadas en la terminal no así a su situación laboral que no cuenta con los resortes legales disponibles como sindicatos, contratos, pagos dignos, entre otros.
Otro capítulo implicaría mostrar la realidad de esas personas en sus provincias natales. Las condiciones en las que cumplen su cuarentena difieren mucho de lo que se conoce como dignidad.
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